En septiembre de 2014 los funcionarios de Atacama -encabezados por la MSP regional-aceptaron la propuesta “Nuevo Trato para Atacama”. Con el advenimiento de este acuerdo los funcionarios depusieron la larga movilización que exigía más recursos para la región que inmemorablemente ha visto como las riquezas explotadas en su territorio no son redistribuidas para sus habitantes.

De los puntos concordados destacaba una bonificación especial, que sería entregada desde marzo de 2015, con el fin de reducir el impacto del alto costo de vida. El bono constaba de 80 mil pesos por mes y se entregaría trimestralmente. Pero, la movilización también comprometía a la administración central a hacerse cargo de la falta de especialistas médicos y profesionales, mejorar las condiciones materiales de los centros hospitalarios y de educación, aumentar los subsidios habitacionales con un reajuste de su valor, terminar con la contaminación provocada por los relaves, mejorar el manejo de los recursos hídricos y energéticos, incentivar la descentralización del país y una mayor conectividad para la zona. Para lo anteriormente descrito el Gobierno se comprometió a entregar 1.000 millones de pesos al presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En marzo de 2015, debido al Estado de excepción por los aluviones, la bonificación trimestral se interrumpió y los trabajadores respetaron las medidas acordes al contexto. En diciembre de ese año el intendente de la región, Miguel Vargas, les pidió a los funcionarios que no se preocuparan ya que el bono del 2016 estaba asegurado.

Sin embargo, el 17 de febrero de este año se encontraron con una respuesta totalmente diferente. El intendente, por mandato de Ministerio del Interior y la cartera de Hacienda, les informó que para el 2016 no procedía otorgar este beneficio. Ante esa situación, una vez presentada las bases de esta respuesta, los funcionarios decidieron iniciar el 1 de marzo esta movilización que a la fecha lleva 35 días.

La justificación del Gobierno

En enero del corriente año, la diputada Daniella Cicardini (PS) solicitó al INE los antecedentes necesarios que permitieran esclarecer cuáles fueron los criterios de aplicación del estudio de costo de vida establecido en el marco del protocolo “Nuevo Trato para la Región de Atacama”. Éstos definirían el monto con el que tendría continuidad el bono y en él que el Gobierno justifica el término de este.

El análisis debía establecer de forma objetiva la realidad del encarecimiento del costo de vida en la región durante los últimos años, considerando las particularidades del territorio. Al respecto Cicardini comentó que han surgido serias dudas que comparten con los dirigentes de los funcionarios públicos en cuanto a la forma y criterios que se utilizaron para la realización de este estudio, lo que indudablemente puede afectar los resultados sobre el costo de vida en nuestra región.

Además la parlamentaria agregó: “En primer lugar existían expectativas de que este estudio fuese un análisis detallado y profundo pero atendiendo específicamente las particularidades de la realidad de Atacama; sin embargo vemos que se ha implementado sobre la base de todas las regiones, y además en algunos casos se habría tomado como parámetro la realidad de la capital regional, pero en otras regiones también se incluye a comunas aledañas; entonces existe aquí una aparente incongruencia o al menos una disparidad de criterios que es necesario aclarar”.

Cabe mencionar que recientemente el diputado David Sandoval (UDI) no sólo pidió los antecedentes del estudio que sitúa a Coyhaique como una de las ciudades más baratas de Chile, al igual que Copiapó. Sino que también solicitó que Ximena Clark, directora nacional del instituto, asista a la comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja a exponer los resultados.

Chañaral “a la buena de Dios”

El 24 y 25 de marzo de 2015 la noticia de los aluviones en Atacama sacudió a todo el país. Imágenes que parecían sacadas de una película apocalíptica estaban ocurriendo allí y los noticieros no titubearon en cubrir extensamente a una de las peores catástrofes que el pueblo chileno ha tenido que sobrellevar.

A un año de la tragedia la reconstrucción ha estado en envuelta en críticas y acusaciones de una mala gestión. En entrevista con La Nación, el intendente Miguel Vargas afirmó: “Ya tenemos un 21% de avance en obras desde noviembre a la fecha en la región. También es innegable que tenemos que ir más rápido y unidos”. Mas el avance es considerado insuficiente para los habitantes de las zonas afectadas que aún siguen ocupando viviendas de emergencia y abasteciéndose de agua embotellada, ya no sólo para consumo humano.

Marjorie Quiroga es la única profesora de la Escuela Angelina Salas Olivares de Chañaral que está parando por la huelga del sector público, aunque la bonificación en disputa no considera a los docentes. A su juicio “nadie debería sentirse ajeno a las demandas” ya que la movilización es en pos del bien común.

Al preguntarle por la situación actual de la reconstrucción cuenta que: “Todo está en espera. Casas de emergencia que son un asco, rumores de platas que no se sabe dónde están, así como supuestos convenios truchos hechos por la municipalidad. Con el paro estamos teniendo problemas por la acumulación de basura que atrae a las moscas, situación que se suma al agua estancada que quedó con el alud”.

Además, pese a que todas las edificaciones que se encontraban al borde río Salado fueron destruidas y arrastradas por el aluvión, los planes de reconstrucción pretenden edificar ahí, sin tomar en cuenta los estudios hechos por la Universidad Católica que sugirieren que la ciudad debe ser desplazada hacia el sur.

La violencia permitida

A las 9 de la mañana del día 31 de huelga, los manifestantes cortaron la Ruta 5 a la altura de Chañaral impidiendo el paso de todo tipo de vehículos, situación que entorpece las labores mineras de Mantoverde y Enami. Ese día por primera vez llegaron funcionarios del GOPE a reprimir.

Luis Garrido, presidente de la CUT provincial y coordinador de la MSP, relata que son funcionarios de la comisaría local y que desde el año pasado han incrementado la dotación que ha recibido entrenamiento de fuerzas especiales, no sólo en Chañaral sino también en Diego de Almagro, El Salvador e Inca de Oro.

“Hoy llegaron con sus implementos y se llevaron detenido a un dirigente de la Fenap que también es concejal de la comuna. Aquí carabinero está actuando de una manera que no es acorde a los procedimientos que deben tener porque, primero, no se acercan a conversar y reprimen inmediatamente. Más encima realizan amenazas al resto de los dirigentes, inclusive señalando que ‘ellos serán los próximos’”.

Para Garrido estos hechos denotan un cierto grado de persecución que viene directamente mandatado de la gobernación y desde el Ministerio del Interior. “Ojalá hubiera de parte del Gobierno, que no ignoren los problemas de una región, que hoy más que nunca necesita que se inyecten recursos, tanto con este bono a los funcionarios, que son los que reactivan la economía de cada comuna; como también que se inyecten más recursos a la construcción de viviendas, a la mejora de educación, construir las plantas desalinizadoras de agua y mejorar la calidad de este recurso porque no se puede seguir pagando 2 veces”.

Pero las situaciones de violencia no sólo se viven en Chañaral. El viernes 1 de abril, día 32 de huelga, los trabajadores se reunieron en el frontis de la Intendencia de Atacama para exigir respuestas. La única que recibieron fue la de la represión que terminó con la detención de 9 personas, entre ellos Nolberto Díaz, vicepresidente de la CUT, y Luis Santoni, presidente regional de la ANEF.

Consultado por la Agencia Andes, Jaime Severino quien es el encargado de movilización ANEF, afirmó que FF.EE. ha incurrido en uso desmedido de fuerza y que hay trabajadores a la espera de los informes médicos. “Realmente da mucha pena que un Gobierno que podría ser de los trabajadores está yéndose encima de los funcionarios públicos, encima de la clase trabajadora. Este paro va a durar todo lo que el Gobierno quiere que dure”, sentenció.

Carolina Díaz, vicepresidenta de la ANEF en Atacama, también ha sido víctima de la violencia estatal. En cuanto al actuar de la policía señaló que se han ensañado con los dirigentes, recalcando que a Santoni ya lo han detenido tres veces. Además, señaló: “La fuerza de carabineros cada día es más desmedida. Yo llevo días con moretones en distintas partes del cuerpo y no me quejo. Tengo claro que como dirigente somos el primer blanco de las Fuerzas Especiales y aquí estoy luchando nuevamente por mis derechos”.

Respecto al doble discurso acerca de la violencia, donde por una parte son fuertemente reprimidos por órdenes del Gobierno, pero por otra suspenden el diálogo ante la supuesta agresión a la gobernadora del Huasco, Luis Garrido considera que este se debe a una estrategia mediática. El dirigente sindical señaló “Lo que nosotros manejamos es que solamente le tiraron un chicle. Igual es violencia y lo condenamos, venga de donde venga”. Además, agregó que es una situación que siempre han vivido y que corresponde a la criminalización del movimiento debido a que es la forma que tienen – todos los gobiernos- de validarse ante la misma comunidad generando el rechazo de quienes la conforman hacia los que se encuentran legítimamente luchando.

La deuda con el norte

 El frente climático extraordinario que vivió la III Región fue agudizado por los agentes contaminantes con los que han tenido que aprender a vivir sus habitantes. Hace ya años que tomar agua de la llave es impensado debido a los residuos de la actividad minera que caracteriza a la zona, a lo que se sumó la condición de damnificados tras los aluviones.

La movilización del sector público evidencia este, y otros temas, y exige su pronta solución. En el video realizado por la Agencia Andes sobre la huelga, Luis Santoni expresó “Aquí han querido transformar esta petición en que sólo queremos dinero, el nuevo trato es de todos, aquí es transversal para la comunidad de Atacama, para los trabajadores. Hay que aclararle a la ciudadanía que no tan sólo estamos reclamando plata, sino que son beneficios importantes para todos los habitantes”.

Juan Santana, consejero regional, declaró “En mi opinión el bono se debe cumplir porque es un compromiso del gobierno regional. En segundo lugar, este escenario constituye una oportunidad para que podamos repensar como se ocupan los recursos. Atacama históricamente ha provisto al país de recursos económicos y que ha dinamizado la economía del norte pero por alguna razón pareciera que está más estancada que el resto de las regiones”.

Durante el fin de semana el intendente Vargas confirmó que este lunes se retomaría el diálogo con los representantes del sector público, aunque días antes había puesto fin a este. Por su parte, ante la displicencia del Gobierno, los trabajadores afirmaron que de no haber acuerdo la movilización pasaría a ser nacional.