Control preventivo de identidad: La política de la coacción contra el mundo social
En los últimos meses un grupo importante de actores sociales se han manifestado en contra del polémico Control Preventivo de Identidad, que durante los próximos días se votará en la cámara alta. Tras conocerse detalles del proyecto, tanto entidades nacionales como internacionales (UNICEF, ONU) no han dudado en señalar el peligro latente que significa esta medida para un “Estado democrático”. Difícilmente un régimen político social que vele por el bienestar integral de sus ciudadanos buscaría de hecho establecer a priori categorías delictivas que dan plena cabida a discriminaciones arbitrarias.
El núcleo del control preventivo pasa por la identificación de quienes cometen delitos y la investigación y prevención de delitos. Aquí radica el problema, si la discusión sigue en este sentido se les estarán dando todas las atribuciones a Carabineros y sus fuerzas especiales para acercarse peligrosamente a lo que fuera la detención por sospecha. Otra de las preocupaciones es la amplitud de estas potestades, como bien señala el INDH, el que la facultad de pedir la identificación se remita al lugar físico en general, permite una atribución aplicable a todos los sujetos que allí se encuentren, esto llevaría a distinguir/ discriminar sobre a quién realizar la identificación, resultando por tanto una cuestión arbitraria, sin hasta ahora contener una orientación para el personal policial. El INDH es enfático en plantear que también pueden estar en riesgo los principios de presunción de inocencia, de igualdad y no discriminación, así como el principio de no regresividad.
Al parecer la única acepción formal que obraría como criterio a la hora de proceder es la prohibición de fundar el control en el artículo 2 de la Ley 20.609 (ley antidiscriminación). Sin embargo, por más que la misma ley pueda considerar expresamente la no discriminación arbitraria de estas medidas, sabemos que en los hechos ya se ha aplicado de esta forma, por ende no existe argumento para sostener lo contrario ante la realidad misma. La cuestionable forma de proceder de Carabineros de Chile y sus Fuerzas Especiales se evidencian en las cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública: en el 2012 23.7% de los arrestos declarados ilegales afectaron a indígenas, 17,1% afectaron a jóvenes y 13.5% a extranjeros2. Además, el déficit en investigación en casos de tortura y agresiones (incluso de índole sexual) realizadas por parte de carabineros a civiles no deja de ser preocupante3.
Lo importante es entender que el control preventivo de identidad se enmarca dentro del contexto de un Nuevo Ciclo Político y en la pretensión por parte del bloque dominante de darle cierre a través de las denominadas “reformas estructurales”. Este periodo iniciado el 2006 por la “Revolución Pingüina” y acentuado el 2011 con las movilizaciones estudiantiles, comprende como actor fundamental a los movimientos sociales y se caracteriza por una profunda crítica al modelo neoliberal imperante hoy en Chile. Otro elemento relevante es la crisis de legitimidad que vive actualmente la clase política chilena y el gran empresariado, golpeados transversalmente por el monstruo que ellos mismos crearon y criaron: la corrupción y la colusión, resultado del siniestro maridaje entre estos dos mundos. Por último, tenemos un movimiento social que se encuentra en recomposición y que cuenta con una mayor capacidad de disputar sentidos comunes. Ante ello, la clase política en uno de sus múltiples y fallidos intentos de contención, ha optado por criminalizarlo.
El control preventivo de identidad -en términos políticos reales- es una arremetida contra el llamado de la ciudanía por instituciones de orden público con procedimientos democráticos, claramente establecidos y proporcionales. Es una medida que apunta a reforzar los mecanismos a través de los cuales el Leviatán se hace carne y no mera abstracción teórica. Es decir, el control preventivo de identidad responde a una voluntad política consciente y consistente, que valiéndose del manto de la agenda anti delincuencia (agenda corta) y legitimándose a partir de la creación del sentimiento de inseguridad en la población -apoyados por los medios de comunicación- se concretiza.
Esta no es más que la punta de un gran iceberg que se esconde bajo las apariencias, en forma de expresión jurídica se articula como un dispositivo de seguridad con el resto del gran entramado, entramado que está bajo el signo del Estado Policial persistente en Chile. Recogiendo una definición general diremos que éste es aquel estado que por medio de un o más gobierno/s controla fuertemente a su población en pos de mantener la gobernabilidad en torno a un modelo político-social específico y reducir a la disidencia.
Dicho estado se refleja en Chile a través de lo político-institucional, jurídico y por medio de hechos. A nivel político-institucional la creación de la Agencia nacional de inteligencia (ANI) el 2004 (dependiente del Ministerio del interior) durante el gobierno de Ricardo Lagos marca un precedente en la discusión, y da una señal de continuidad en la profesionalización de los distintos mecanismos de la seguridad, vigilancia y control. Siendo heredera directa de la antigua “oficina”, compartiendo incluso una cabeza directiva, Gustavo Villalobos (último director de “la oficina”).
Manifestaciones más recientes (pertenecientes al gobierno actual) a este nivel son el nombramiento de Jorge Burgos (DC) como ministro del interior y de Mahmud Aleuy (PS) como subsecretario del interior; ambos ligados al desarrollo de la inteligencia. Jorge Burgos por su trabajo en “la oficina”, como también por su conexión con sectores de la DC que operaron al interior del gobierno salvadoreño de José Napoleón Duarte donde ayudaron a elaborar políticas represivas contra el Frente Farabundo Martí4. Similar es, en menor proporción, la realidad de que tanto el director de la PDI, como el de carabineros de Chile, son especialistas en inteligencia (reforzando ambos cuerpos); recibiendo estas instituciones asesoría directa del FBI y del ministerio del interior de España, con quienes se han firmado convenios de capacitación con la premisa de estrechar lazos de cooperación5.
En el ámbito jurídico son relevantes de mencionar las sucesivas agendas “anti-delincuencia”, la inclusión de la “molotov” en la ley de control de armas por su porte, fabricación o uso, el proyecto de ley de la denominada “ley Hinzpeter” en el gobierno de Piñera, además de la modificación y profundización de la ley anti- terrorista sumando mayores penas aflictivas, ampliando la categoría de responsables desde autores intelectuales hasta financistas, la aplicación de la ley de seguridad del estado (durante las manifestaciones del 2012 en Aysén, por ejemplo) y la pretensión de formalizar el ya discutido control preventivo de identidad .
A nivel de hechos la represión directa al movimiento social y a sectores específicos de la sociedad han marcado la pauta. El conflicto mapuche ha traído una importante cantidad de comuneros y dirigentes asesinados, entre ellos destaca por su calidad de estudiante universitario y su juventud Matías Catrileo. El asesinato de Rodrigo Cisternas durante una movilización de trabajadores forestales, y el de Manuel Gutiérrez, joven poblador de la Villa Jaime Eyzaguirre de apenas 16 años, en el contexto de la segunda jornada del paro nacional convocado por la CUT el 2011, estremecieron a gran parte de la ciudadanía.
El pasado año 2015 fue particularmente conflictivo; los asesinatos de Diego y Exequiel (ambos estudiantes) en Valparaíso a manos de un civil armado en una marcha convocada por la CONFECH, el caso de Luciano Debrott, estudiante de la Usach agredido durante una marcha estudiantil por una bomba lacrimógena dirigida contra su rostro y las brutales agresiones de parte de FFEE a los estudiantes Rodrigo Avilés y Paulina Estay durante las manifestaciones del 21 de mayo. Sumado al caso de Cristóbal Miranda y Germán Urrutia estudiantes de la UTEM detenidos cuando participaban de la toma de su establecimiento, quienes posteriormente se querellaron, con apoyo del INDH por haber sido torturados por carabineros y el asesinato del minero subcontratado Nelson Quichillao en la toma de la mina El salvador marcaron un año difícil para el movimiento social. Todos estos hechos no fueron casualidades, ni acciones espontáneas; detrás de ellos existen responsabilidades administrativas y políticas.
Las leyes que buscan reforzar la seguridad interior del estado no son nada nuevo en Chile, las leyes remitidas al control de la población y de sus voluntades, ya con Portales comenzaban a existir en 1831, atravesadas trasversalmente por la oscura necesidad de “prevenir”, necesidad que siempre parece configurarse unilateralmente desde la clase política a la ciudadanía. Es esta misma necesidad la que hoy motiva a nuestra clase política -si bien en un contexto histórico distinto, pero donde se conservan estas arcaicas concepciones represivas- a llevar adelante este tipo de iniciativas, así la Cámara Baja, las comisiones de Hacienda y Constitución del Senado ya han aprobado la indicación del control preventivo de identidad, ¿Qué queda en el horizonte? … Solo la acción consciente de la ciudadanía en su conjunto puede darnos, en esta materia, un mañana mejor.
Citas
1 - Minuta del INDH sobre proyecto de ley que establece el control preventivo de identidad (2013), pp. 2,8 y 9 . http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/591/Control%20de%20Identidad%20Preventivo?sequence=1
DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, Informe Estadístico Anual 2012, p. 9, en: http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/9a4c122934927b0ee2c37842994663e5.pdf [visitado el 26.09.14]
3-Vease informes de ddhh
http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2015
4- https://www.youtube.com/watch?v=_O2zhzJvprM Burgos y los salvadoreños
