Está sucediendo en estos momentos una grave problemática ambiental en el sur de Chile, el cual sólo es visible por pocos medios de prensa y sólo se le da la connotación económica y laboral, pero no se observa el gran daño en la salud de las comunidades y del medio ambiente acuático y terrestre, que esto está y seguirá produciéndose. Estoy hablando de la muerte de 50.000 mil toneladas de salmones por microalgas, equivalentes a 26 millones de peces (hasta el día 16-03-2016) en Salmoneras existentes en fiordos y estuarios de Chiloé, Calbuco, etc., autoridades y empresas han tomado medidas por la gran cantidad de residuo que se genera por la mortandad de los salmones.

Aquí es cuando como Ingenieros Ambientales nos preguntamos, ¿Qué sucede con los planes de emergencia ambiental que pudieran existir en las Declaraciones de Impacto Ambiental?, ¿Por qué la Autoridad no incluye este tipo de Industrias a la legislación para que sean Estudios de Impacto Ambiental? (con mayores exigencias ambientales que una Declaración) Por qué no se dimensionó esta problemática antes, siendo que según reportaje en Aqua.cl se podría haber actuado preventivamente.

“Han transcurrido 28 años y la industria del salmón vuelve a ser afectada por un severo bloom de microalgas, esta vez causada por Pseudochatonella cf verruculosa. La lección, entonces, es que el monitoreo permanente y coordinado de las variables oceanográficas es relevante para anticiparse a estas crisis ambientales que sin dudas seguirán ocurriendo en torno al cultivo de salmónidos”, como lo plantea la Doctora Sandra Bravo del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Tenemos muy poca información e investigación sobre cómo estas emergencias producen afectación a los ecosistemas existentes en el entorno de estas Salmoneras, considerando que de acuerdo a la exigencia de la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, Ley Nº20.837/2015, Art. 86, existe un Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo sanitario para las especies hidrobiológicas (D.S. N°319/2001), el cual indica que “es un deber del Estado proteger el patrimonio sanitario del país, para lo cual deben adoptarse las medidas  destinadas establecer los instrumentos de control que permitan el cumplimiento de dicho fin”, y se aplicará a las actividades de cultivo,transporte, repoblamiento y transformación de especies hidrobiológicas que se realicen en el territorio de la República (Art. 1).

En donde la solución ha sido, por una parte, el envío a las plantas de harina de pescado como Coronel, Talcahuano, Puerto Montt y Castro, los cuales no sabemos si tienen la capacidad para recibir la cantidad de salmón muerto (10% de la producción según Felipe Sandoval, presidente de SalmonChile AG) para este tipo de emergencias, y en donde luego del paso de los días, estos pescados ya no sirven para generar harina de pescado por su estado de  descomposición; también el envío a vertederos y rellenos sanitarios en el sur los cuales no sabemos tampoco si tienen la capacidad de recepción para este tipo de emergencias; y por último el vertido de residuos al mar, considerando a estas especies de Salmón como Descarte, que según la Ley n°20.625/2012 especifica el descarte de especies como la acción de devolver al mar especies hidrobiológicas capturadas, y además, establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca, por lo que mitigar el impacto ambiental de la pesca, al evitar, minimizar y compensar los efectos adversos del descarte de especies, resulta un tema fundamental para las autoridades sobre la gestión de la pesca a nivel nacional, que en muchos casos ha sido difícil de demostrar el éxito y establecer si la gestión del descarte ha sido efectiva y eficiente. A lo que voy finalmente, existe una baja dimensión de las emergencias y la poca  responsabilidad ambiental-social “real” que este tipo de industrias y el Estado tienen. Finalmente, existe una baja dimensión de las emergencias y la poca responsabilidad ambiental-social “real” que este tipo de industrias y el Estado tienen. Parte de la solución a esto, es mejorar contundentemente políticas públicas en temática ambiental y visualizar la importancia de áreas y los cargos de profesionales especialistas en temas ambientales en los ámbitos público y privado, los cuales son cuestionables por su supuesto elevado costo económico a algo no viable, pero que realmente, es demostrable por la gran variedad de casos ya sucedidos, que si es viable y de gran relevancia, ya que los costos ambientales, sociales y económicos, son mucho más altos a mediano y largo plazo.