Doce meses tramitándose la Ley de despenalización del aborto en tres causales
En el Salón Montt Varas del Palacio de la Moneda, Michelle Bachelet firmó el 31 de enero de 2015, el envío de un proyecto sobre la despenalización del aborto en tres causales. La iniciativa del gobierno buscaba legislar la interrupción del embarazo en tres causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre.
Desde su gestación, el anuncio cargó con tensiones dentro de la Nueva Mayoría, luego que la Democracia Cristiana se mostrara en un comienzo, en contra de legislar sobre la despenalización del aborto en una o más de las tres condicionantes, provocando que tanto personeros del Partido Por la Democracia como del Partido Socialista salieran al paso de la tienda de Ignacio Walker, emplazándolo a cumplir con los compromisos del programa.
En estos meses, la polémica no menguó; menos aún cuando el 4 de agosto del mismo año, y tras una votación de 8 contra 5, la Comisión de Salud aprobó en una primera discusión el proyecto de tres causales, con incluyendo dos votos de diputados DC, despertando el descontento de la oposición, que anunció la posibilidad de apelar ante el Tribunal Constitucional.
Tras un nuevo despacho de la Comisión de Salud, celebrado el 16 de septiembre de 2015, la Democracia Cristiana logró su primer triunfo al imponer algunos de los puntos que proponían: Reducir de 18 a 14 semanas el plazo de aborto en el caso de violación a menores de 14 años. Asimismo; el programa de acompañamiento, tanto psicológico como sanitario para aquellas mujeres que se sometan a un aborto en alguna de las tres causales; y la obligatoriedad de denuncia por parte del jefe médico, quien deberá poner en conocimiento al Ministerio Público de la violación cometida.
El miércoles 7 de octubre el proyecto llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde comenzó a ser discutido horas después que la Corte Suprema advirtiera problemas prácticos en la implementación de la causal por violación; y en medio de acusaciones por parte de personeros de la UDI. Paralelamente, el debate se vivía en las calles, con manifestaciones tanto a favor y en contra de la medida. Organizaciones en apoyo a la legalización del aborto realizaron marchas en julio y noviembre de 2015, como también en enero de 2016. Asimismo, opositores albergados en organizaciones autodenominados "pro-vida" se reunieron en septiembre de 2015.
Pese a que originalmente el despacho del proyecto se había programado para fines de enero, nuevamente la DC ejerció presión sobre los puntos de violación e inviabilidad fetal, acusando observaciones menores, causando una nueva dilatación en la decisión, hasta este martes 1 de marzo, cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por fin despachó el proyecto incluyendo las polémicas modificaciones de la Democracia Cristiana, que incluye la obligatoriedad de denuncia por parte de mujeres mayores de 18 años violadas para poder acceder a la interrupción, no asegurándose la confidencialidad del equipo médico. Esto, en paralelo al anuncio de Soledad Alvear, quien junto a otros diputados DC, preparan un proyecto de ley que propone opciones de adopción en lugar de interrupción y que se opone a la iniciativa de aborto propuesta por el Gobierno.
Ante el nuevo proyecto de ley, que incluye puntos impuestos por la Democracia Cristiana, diversas personalidades pertenecientes a organizaciones sociales como también del ámbito artístico y académico, expresaron su apoyo público al proyecto de ley presentado por el ejecutivo, en un documento que reúne 55 mil firmas, entre las que se cuentan los nombres de Ennio Vivaldi, Karen Doggenweiler y Diamela Eltit. La declaración manifiesta que "El compromiso asumido por la Presidenta Michelle Bachelet no se cumple si: el deber de confidencialidad de los médicos y del equipo de salud no se asegura; La objeción de conciencia se amplía al equipo de salud e instituciones; La consejería o acompañamiento es de tipo disuasivo; Se obliga a las mujeres mayores de 18 años denunciar la violación para acceder a la interrupción del embarazo; Los plazos para la interrupción del embarazo hacen inviable el acceso a esta prestación de salud".
Durante las próximas semanas, el proyecto será revisado en la Cámara de Diputados, para posteriormente iniciar su segundo trámite constitucional en el Senado, sin exento de polémicas, detractores y defensores que irán peleando punto a punto el futuro de los derechos de las mujeres en Chile.
