El pasado primero de diciembre se modificó el decreto 404 y 405 para reconocer el valor terapéutico de la marihuana, lo que permite que se investigue, elabore y comercialice medicamentos en base a cannabis. Además de dicho decreto, se anunció el cambio de la marihuana de la lista uno de estupefacientes, donde comparte lugar con drogas duras como la heroína y la cocaína desde el anterior mandato de Michelle Bachelet, a la lista dos, donde se encuentran el tabaco y el alcohol. Para hacerse efectivo el cambio, solo falta la ratificación del ministerio del Interior.

Ambas iniciativas han sido celebradas por organizaciones relacionadas con la marihuana, entre ellas por Fundación Daya, impulsora de la primera plantación de cannabis con fines medicinales en Chile. “Los cambios que se hicieron van posibilitando diferentes vías de acceso, son positivos. Siempre y cuando recordemos que la primera vía de acceso es el autocultivo, porque es la que permite democratizar, capacitar y empoderar a la gente para evitar monopolios y dependencias”, dice Ana María Gazmuri, presidenta de la organización.

“Ahora se van a poder importar medicamentos en base a cannabis que a nosotros no nos causa mayor simpatía porque es totalmente innecesario. Hay que resguardar que no quede todo en manos de grandes trasnacionales y que pasemos de depender del narcotráfico a las grandes industrias. Por eso siempre está como base intransable el autocultivo”, dice Ana María Gazmuri, de Fundación Daya.

Un pase a las farmacéuticas

Existen diferentes maneras de producir medicina a partir de la marihuana. Una es la vía artesanal, que consiste en fumar, hacer comida o elaborar aceite en base a cannabis usando un cultivo doméstico. Otra forma es contar con un proyecto colectivo, como es el caso de Fundación Daya, que creó la primera plantación de marihuana con fines terapéuticos en Latinoamérica y distribuye su producto a los 200 enfermos de cáncer asociados a la iniciativa.

Finalmente está la fabricación industrial de remedios tradicionales con derivados de la marihuana, que es una alternativa a la que la nueva legislación abre las puertas. Con los decretos renovados, que llevan la firma de Michele Bachelet, el Instituto de Salud Pública (ISP) puede “autorizar y controlar el uso de cannabis, resina de cannabis y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano". Además, indica que los productos podrán ser vendidos al público en farmacias y laboratorios con receta en mano.

Aunque no existen cifras oficiales, al cruzar estadísticas se puede calcular que en Chile existen cerca de 31 mil usuarios de marihuana con fines medicinales. Un nicho que, hasta el cambio de ley, no era explotado comercialmente.

El tratamiento de remedios es el que sigue Cecilia Heyder, la primera persona en Chile en recibir permiso del ISP para importar un medicamento de marihuana, el Sativex. Este formato es el que prefiere en general la comunidad médica, ya que permite tener información exacta sobre el contenido del producto y la dosis adecuada, a diferencia del aceite de marihuana casero. ¿El problema? El tratamiento de tres meses de Sativex cuesta cerca de 6 millones de pesos, cifra radicalmente más alta que el tratamiento artesanal. Por eso Heyder, después de tres meses de consumir Sativex, no puso seguir pagando. Al alto precio se suma el hecho de que con la nueva resolución se elimina la posibilidad de que el Estado subvencione el medicamento, porque lo deja en manos de privados.

“Ahora se van a poder importar medicamentos en base a cannabis que a nosotros no nos causa mayor simpatía porque es totalmente innecesario. Hay que resguardar que no quede todo en manos de grandes trasnacionales y que pasemos de depender del narcotráfico a las grandes industrias. Por eso siempre está como base intransable el autocultivo”, dice Ana María Gazmuri.

Autocultivo: ¿Narcotráfico o consumo personal?

Según lo manifestó la Corte Suprema en un caso de junio de este año, en Chile el autocultivo de marihuana es legal para consumo personal y colectivo. Lo anterior descarta la necesidad de pedir permiso al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para cultivos domésticos y enfatiza que la Ley 20.000 persigue únicamente  las plantaciones que no sean para uso exclusivo de quienes lo producen o que estén destinadas al tráfico.

Pero en la práctica, lo que ocurre es que se ha perseguido a las personas que tienen plantas asumiendo un vínculo con el tráfico. Esta criminalización es la que Gazmuri cree que podría cambiar con las dos medidas del gobierno. “El cambio de lista tendrá un peso simbólico, una transformación de mirada”, asegura. Para lograr ese cambio de mirada, considera que es fundamental una campaña sobre el tema, ya que, según su experiencia, la gente no conoce sus derechos y ni siquiera los carabineros están al tanto de la ley.

Uno de los problemas que se alza en esta discusión es cómo definir si una plantación es para consumo personal o para tráfico. Una de las propuestas que se baraja es determinarlo cuantitativamente.

En esta línea va la iniciativa aprobada en la cámara de diputados que permite hasta seis plantas por domicilio, 500 gramos de marihuana seca por casa y portar hasta 10 gramos en la vía pública. Por su parte, el gobierno ingresó una indicación para permitir solamente una planta.

El uso médico del cannabis está muy demostrado, en literatura y en evidencia científica, pero siempre existe el temor de que la aprobación del uso médico favorezca el uso recreativo y existe evidencia de que el uso recreativo no hace bien; hay un montón de gente que se enferma usando cannabis con ese fin. Entonces hay que hacer esa separación”, dice el médico Ivo Vukusic.

La presidenta de la fundación Daya afirma que el límite de plantas, a pesar de que no es lo ideal, es una forma de evitar la criminalización del cultivo. “Ahora hay una permanente vulneración de derechos aunque no haya nada que haga presuponer que hay tráfico. El que no haya limitación (de cantidad) pone a gente en el borde de ser acusada de tráfico y esa definición queda arbitrariamente en mano de los jueces”, explica.

Seis plantas, o incluso una, suena suficiente para una persona que consume marihuana con fines recreacionales, sin embargo muchas veces la elaboración de fitofármacos en base a cannabis requiere de más. Paulina Bobadilla, miembro de fundación Daya, trata la epilepsia refractaria de su hija con aceite de marihuana. Una jeringa de un ml de aceite se produce con doce gramos de cogollo y le sirve como para veinte días de tratamiento. “El gobierno dio la indicación de una planta y dos gramos, lo que no alcanza para nada en usuarios medicinales. Existe una tensión por la cantidad de gramos, está en discusión y falta para rato”, dice Bobadilla respecto a este tema.

El médico Ivo Vukusic, especialista en medicina integral que participa de foros sobre cannabis medicinal, está en contra de las restricciones cuantitativas. “Es súper torpe ese análisis porque la cantidad de droga que tenga una persona va a depender de su requerimiento. ¿Qué pasa si me voy de una ciudad a otra por el fin de semana y tengo que cargar un tratamiento tres semanas?”, se pregunta haciendo alusión a que no bastaría con el porte permitido de 500 gramos. “El tratamiento en la línea del autocultivo debe ir de la vía de la capacitación de la gente y no en la de la criminalización”, concluye el especialista.

Las dos caras de la hoja

Ivo Vukusic asegura que lo que dificulta el debate, más que una postura conservadora en términos valóricos, es la ambivalencia de la marihuana. “El uso médico del cannabis está muy demostrado, en literatura y en evidencia científica, pero siempre existe el temor de que la aprobación del uso médico favorezca el uso recreativo y existe evidencia de que el uso recreativo no hace bien; hay un montón de gente que se enferma usando cannabis con ese fin. Entonces hay que hacer esa separación”, dice el médico.

Las enfermedades producidas por el uso recreacional de la marihuana a las que el médico se refiere son el síndrome de apatía crónica o síndrome desmotivacional en el cual la persona “pierde esa energía, esa capacidad de movilizarse”, y también una alteración en la memoria en el periodo de consumo.

A pesar de los efectos negativos, cree que la solución no es restringir el acceso de la población a la planta –que además ya existe-, sino mantenerla informada para que puedan tomar sus propias decisiones. La misma línea sigue Gazmuri: “El Estado no tiene derecho a restringir, sino de informarte.  No podemos pensar en un Estado paternalista que decida infantilizar a la ciudadanía”, concluye.