En la actualidad, los elevados niveles de concentración de la economía chilena, han provocado que la relación entre los segmentos y actores del mundo del trabajo sea cada vez más desigual. Los niveles de competencia y concentración monopólica dificultan la sobrevivencia de las empresas pequeñas, presionando a la baja las condiciones laborales de sus trabajadores con el objetivo de alcanzar mayor competitividad.

Esta tendencia va acompañada generalmente de una cultura laboral empresarial y productiva de carácter despótica que tiende a ver el fortalecimiento de la competitividad en el factor laboral, por medio de la disminución de “los costos de la mano de obra”, y no en procesos de innovación tecnológica y organizacional. De esta forma se estimula la generación de formas flexibles de trabajo, el subempleo y la desprotección del trabajador(a), tanto en términos de seguridad social, como en estabilidad laboral y suficiencia salarial, lo cual en definitiva va acompañado de una legislación y un sistema político que articula estos fenómenos de manera disciplinaria. Para ello ha sido pieza vital desincentivar la formación de organizaciones sindicales, debilitar la negociación colectiva y criminalizar (ilegalizar) la huelga.

La Encuesta Laboral del año 2011 (p. 243), indicó que la principal razón que señalaban los trabajadores de empresas sin organización para no tener un sindicato era el número insuficiente de trabajadores para constituirlo, afirmación con la que estuvo de acuerdo el 36,3% de los trabajadores entrevistados”. Además habría que considerar que el 54,4% de las grandes empresas en Chile tienen un sindicato, lo que contrasta con el 0,7% de la microempresa.

El conflicto laboral es un elemento que permanecerá más allá de la formación del sindicato, ya que no se puede suprimir ni acotar el conflicto entre capital y trabajo en las sociedades capitalistas por medio de las normas, normalización y criminalización. No importa cuántas restricciones pongan los legisladores, este es un hecho histórico. Ello es constatable en el caso de la actual proliferación de indicaciones al proyecto de ley de “modernización de relaciones laborales”, especialmente en cuanto a subir el quórum de trabajadores necesarios en la pequeña empresa para la conformación de un sindicato.

La realidad supera las instituciones y pese a ser esta una sentencia que acompañó en el siglo XIX la formación del movimiento obrero, no deja de poseer relevancia el día de hoy. Si bien el estado ha intentado criminalizar la huelga efectiva en Chile, según el Informe del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) del Centro de Estudios del Conflicto Social (COES), en el año 2014 se detectaron un total de 367 huelgas a nivel nacional, donde 193 de ellas fueron legales (52,6%) y 174 ilegales (47,1%). La proximidad del número de huelgas contrasta con el número de trabajadores involucrados en la legalidad (44.128) y en la ilegalidad (562.278). Esto invita a considerar la (supuesta) ilegalidad y la legitimidad como un elemento que desafía la lógica de los repertorios sindicales tradicionales.

Al contrastar esta información con la realidad de la pequeña empresa, constatamos que incrementar el número de trabajadores/as para la formación de un sindicato responde a un gesto significativo del sistema político, para consolidar la asimetría de los mecanismos de regulación del conflicto laboral y atacar, principalmente, el proceso de fortalecimiento que ha desarrollado el sindicalismo subcontratista. Aun así, sin darse cuenta, e indirectamente, esta disposición podría beneficiar la “ilegalidad” como el repertorio a desarrollar por los/as trabajadores/as, lo cual en definitiva significará mayor prolongación del conflicto y más dificultades para la pequeña empresa.

Si sabemos que el 72,7% de las huelgas en la microempresa son de carácter “ilegal” en Chile, sería justo preguntarse el por qué. Creemos que este fenómeno obedece a que no existen los mecanismos de protección y negociación colectiva generalizados a sus trabajadores/as. Por ello, con las actuales indicaciones al proyecto de ley la pregunta sería ¿se quiere expandir este fenómeno al caso de la pequeña empresa? En la pequeña empresa el 38,5% de las huelgas son llamadas por el Estado ilegales. Al dificultar la asociación sindical, incrementando el fuero, se dejará a los trabajadores al arbitrio de la desprotección en el conflicto laboral, pero a la vez se radicalizaran sus posturas sin necesariamente constituir sindicatos como modos de representación, acción y movilización.

Cuando todo el debate socio-técnico parece acabado y los argumentos han sido puestos en la mesa, la fuerza de los/as trabajadores/as y de sus organizaciones parece ser el punto de encuentro donde finalmente una modernización real y significativa podrán aclarar el futuro de las relaciones laborales en Chile.  Se avanza a la criminalización, ello no debe olvidarse.