Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó un informe alternativo que arroja distintos datos y argumentos que desmienten las versiones oficiales del gobierno mexicano en los hechos en que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos.

El grupo que es compuesto por especialistas peritos y abogados, -entre los que destaca el chileno Francisco Cox, abogado por la Universidad de Columbia y profesor de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales-, señala tres ejes clave en los hechos sucedidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

El primer eje resulta ser nada menos que un desmentido a las declaraciones de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que el paradero último de los estudiantes desaparecidos había sido la incineración.

Según los argumentos del gobierno mexicano, -fundados en las declaraciones de supuestos implicados-, los 43 estudiantes desaparecidos habían sido asesinados y más tarde cremados en una pira de fuego armada con llantas de automóvil, de la cual no existían otros restos más que cenizas.

Sin embargo, el doctor José Torero, Ingeniero Mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master por la Universidad de Berkeley, asegura que “toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula solo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida” y que por lo tanto “toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado”.

Además, el especialista demuestra que los agresores no contaron con el material combustible necesario para poder cremar los 43 cuerpos de los estudiantes normalistas. “Por todos estos antecedentes señalados anteriormente en el análisis de las versiones realizado por el Grupo y con base en el informe evacuado por el Dr. Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.

El segundo eje es que existía conocimiento entre las policías municipal y estatal. Las investigaciones relatan que existe un sistema de comunicación conocido como C-4, que incluye a la policía municipal, estatal, federal y al ejército. Ese sistema estuvo activo mientras sucedían las agresiones y eran escuchadas por las distintas fuerzas del orden, puesto que a través del número de emergencia, se detectaron llamadas de personas que pedían auxilio.

Además, según el informe “se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes”, a tal grado que incluso se habla de intervención en las comunicaciones por parte de la Secretaría de la defensa mexicana.

Es decir, las fuerzas del orden que no estuvieron presentes, sí tuvieron conocimiento de los ataques en los instantes mismos en que estos se desenvolvían.

Por último, un tercer eje desarrollado por el GIEI llama la atención acerca de la masividad, el grado de coordinación y el nivel de violencia ejercido por las fuerzas policiales.

Según testimonios recolectados por el grupo de investigadores, ya se habían realizado anteriormente actividades políticas por parte de los mismos estudiantes normalistas, pero nunca habían tenido repercusiones que incluyeran muertes, torturas o desapariciones.

Al respecto, se demuestra que las acciones violentas ejercidas por las policías se desarrollaron simultáneamente en espacios alejados, por lo que puede hablarse de una posible coordinación central.

Al contrario de lo que informó hace unos meses el procurador general mexicano, el caso de Ayotzinapa no es una verdad histórica, ni está cerrado.