AUTORA:  Daniela Franco Cerqueira

La crisis política por la que pasa Brasil representa un desdoblamiento de las elecciones presidenciales de 2014 caracterizado por el intento de la derecha tradicional de volver al poder. Además, para explicar la difícil situación por la que pasa el gobierno de Dilma tenemos que considerar el recrudecimiento de la crisis económica internacional,  que afecta de manera más intensa al país a partir de 2014, año en el que el PIB creció un 0,1%.

Las investigaciones sobre las irregularidades en Petrobras se intensificaron durante las elecciones y se constituyeron en la forma adoptada por su principal adversario - Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) - para desgastar la gestión de la presidenta Dilma Roussef[2].  Ante la imposibilidad de criticar las políticas adoptadas por su gobierno, ya que en lo fundamental estuvieron en acuerdo con las políticas neoliberales y las exigencias del capital financiero, la estrategia de enfrentamiento adoptada por el PSDB en las elecciones fue poner en primer plano la corrupción y el favoritismo hacia grupos privados en la gestión Dilma.

Tras la apretada victoria de la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) en octubre de 2014 con el 51,6% de los votos válidos, la estrategia del candidato derrotado y sus aliados fue cuestionar la legitimidad de la presidenta a través de la organización de manifestaciones favorables al impeachment y una intensa campaña en los medios de comunicación. Lo que se hizo más fácil debido al no cumplimiento de promesas hechas durante la campaña, pues en diciembre de 2014 la presidenta lanzó un paquete de medidas con objetivo de reducir derechos de los trabajadores, como el aumento de las exigencias para la concesión del abono salarial[3] y el seguro desempleo, la reducción del número de personas que tienen derecho a pensiones vitalicias por muerte y la disminución de los valores de la ayuda por enfermedad.

En 2015, en medio de la entrada en prisión de directores de Petrobras y de las grandes constructoras brasileñas (por ejemplo, de OAS y Odebrecht) se ha profundizado la recesión económica del país con una caída del PIB de un 1,6% en el primer trimestre del año. En ese escenario que repercute sobre la rentabilidad de los grupos no directamente financieros, se pone de manifiesto de manera más intensa la disputa entre las fracciones de clase de la burguesía por una mayor influencia sobre la definición de las políticas públicas y una mayor participación en el presupuesto y la financiación gubernamental.

Sectores de las clases dominantes que hasta entonces componían la base de apoyo al gobierno empiezan a exigir más beneficios y adoptan una lógica de inestabilización gubernamental, profundizando la crisis política. Además de las campañas pro impeachment, la presión sobre la administración Dilma se hizo mediante la imposición de derrotas en votaciones en la Cámara de los Diputados y la búsqueda de implicar a la presidente en las denuncias de corrupción. Esta situación refleja la dificultad de sostener el pacto burgués que ha tenido vigor en Brasil desde el primer gobierno de Lula formado por los bancos, otras fracciones burguesas de las finanzas y los sectores que adoptaron como su principal estrategia la expansión a través de la ampliación de su inserción en el mercado externo.

Este acuerdo ha permitido mantener la remuneración del capital financiero (a través de las políticas macroeconómicas de interés elevado, régimen de metas de inflación y ajuste fiscal) y poner a disposición de los otros grandes grupos privados fuentes de financiación, además de algunos de los órganos estatales al servicio de sus estrategias de expansión externa, especialmente para América del Sur y África.

Sin embargo, la crisis en la Zona Euro, la disminución de las estimativas del FMI para el crecimiento de la economía mundial en 2015, la disminución de los precios de los commodities y la crisis en la bolsa de valores de China crean un escenario de inestabilidad que impide al capital financiero hacer demasiadas concesiones a las otras fracciones del capital, exigiendo de los gobiernos mayor compromiso con su rentabilidad, garantizando dinero para el pago de la deuda pública. En el caso brasileño[4], eso se materializó en el anuncio de un ajuste fiscal equivalente al 1,2% del PIB del país que para ser obtenido, además de penalizar brutalmente a los trabajadores, incluye el fin de algunos subsidios que el gobierno ha concedido a los empresarios. En esa lista están el aumento de los tributos en la nóminas de los trabajadores, el fin de la reducción de la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados para automóviles, el aumento de los impuestos sobre productos importados y combustibles, la disminución de los incentivos para el sector exportador y la disminución de los recursos destinados al Programa de Aceleración del Crecimiento,  lo que afecta directamente la construcción civil y todos los eslabones de la cadena, por ejemplo del acero, cemento – sectores importantes de la burguesía brasileña.

En ese escenario de crisis internacional, el ajuste fiscal propuesto reduce la trasferencia de recursos públicos para casi todas las fracciones del capital, poniendo en riesgo, aún más, las condiciones de solvencia y beneficios empresariales. La respuesta del capital a la tentativa de reducción de sus privilegios fue incitar la inestabilidad del gobierno que, ante las presiones ha dado un paso en la dirección de favorecer a un conjunto más amplio de la burguesía. Para ello, la presidente adoptó las siguientes medidas:

i) Reducción del ajuste fiscal inicialmente anunciado para el 2015 (de R$ 66.325 millones a R$ 8. 747 millones)[5]. En ese nuevo formato, el gobierno ha mantenido los recortes del presupuesto para la educación, la salud y otras áreas sociales, mientras ha ampliado los gastos con obras de infraestructura hídrica, de ferrocarriles y carreteras; con la producción de etanol y con los cultivos del agro-negocio contemplando, de esa manera, los sectores más importantes de las clases dominantes

ii) Ha lanzado la Agenda Brasil, un conjunto de propuestas elaboradas en base a tres ejes: apertura de nuevos frentes de expansión para el capital con la realización de nuevas privatizaciones[6], concesiones en el área de la infraestructuras y permiso para ocupación de tierras indígenas con actividades productivas y comerciales; modificaciones en la legislación con el objetivo de dar una mayor seguridad jurídica al capital[7] y; gestión fiscal del Estado para reducir los recursos para los servicios sociales[8], incluso con el proyecto de desmantelamiento del sistema de las universidades públicas

iii) Está profundizando las reformas que establecen mejores condiciones para la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital. Además del paquete de medidas que hemos mencionado, vetó la ley aprobada por la Cámara de los diputados que extinguía el factor previdenciario[9]. Para el futuro está prevista la desregulación del mercado laboral – ya iniciada con la ley de las tercerizaciones - y nuevas reformas en la seguridad social.

Resaltamos que la estrategia del gran empresariado no tendría un logro tan rápido si los efectos de la crisis no fuesen sentidos por la población. El aumento de la tasa de desempleo - del 4,9% en julio de 2014 al 7,5% en julio de 2015[10] - y de la tasa de inflación de los últimos 12 meses al 10%[11] contribuyeron a conformar los altos índices de rechazo del gobierno y a aumentar el cuestionamiento de su legitimidad política.

La insatisfacción de los trabajadores brasileños con las consecuencias del modelo económico viene ampliándose paulatinamente desde la eclosión de la crisis mundial en 2008. El progresivo aumento de las huelgas - 446 en 2010, 554 en 2011 e 873 en 2012 – y las Jornadas de junio en 2013 son muestras de ese descontento. En esas movilizaciones, las reivindicaciones fueron más allá de las cuestiones salariales y pusieron de manifiesto un conjunto de demandas que incluían viviendas, mejores servicios públicos de educación, salud y transporte, además de severas críticas a los gastos con el Mundial de Fútbol de 2014.

Sin embargo, en dichas manifestaciones no se observó la vinculación entre el empeoramiento de las condiciones de vida de la población a los más de 20 años de aplicación del neoliberalismo en el país[12]  ni tampoco se hicieron criticas al modo de vida de la sociedad capitalista. Ese cuadro de fragmentación de las luchas está relacionado con la extrema fragilidad en la que se encuentra la izquierda brasileña después de la llegada del PT al gobierno central. Uno de los principales logros para la burguesía en los gobiernos Lula y Dilma fue la desmovilización y desarticulación de los movimientos sociales. No solamente en términos de reivindicaciones que resulten en mejoras puntuales en las condiciones de vida sino también en la construcción de un proyecto de las clases subalternas alternativo al neoliberalismo.

El movimiento de reconstrucción de una izquierda socialista, efectivamente ligada a los intereses de los trabajadores, aún es incipiente. Además de los problemas en el terreno organizativo, la estrecha inserción en la sociedad civil no permite que la izquierda brasileña sea la expresión de las aspiraciones y necesidad del pueblo, que sintetice estos en un proyecto alternativo con posibilidades de disputar la hegemonía y movilizar a amplios segmentos de la clase trabajadora. Esta situación pone límites a la influencia de los trabajadores en la actual coyuntura política, pese a las diversas huelgas que están irrumpiendo en varias categorías de los trabajadores públicos.

Otro obstáculo para una mayor organización de los sectores contrahegemónicos es el aumento de la represión y la criminalización de los movimientos sociales. Esto se lleva a cabo a través de las llamadas acciones preventivas con el encarcelamiento de activistas sociales antes de la comisión de ningún “delito” y por la Ley 2016/15 que permite clasificar a los participantes de manifestaciones como terroristas.

De manera paralela a la utilización de la fuerza y los métodos violentos para neutralizar a los grupos sociales antagónicos a las clases dirigentes, el gobierno continúa actuando, especialmente por medio del movimiento sindical, para limitar la radicalidad de los movimientos sociales, intentando eliminar todo el contenido crítico al ajuste fiscal y al endeudamiento público y transformándolos en manifestaciones de apoyo y defensa incondicional del gobierno.

El resultado final de la crisis política de la gestión Dilma aún no es conocido. Podemos solamente intuir que de la perspectiva de la disputa interburguesa existen indicios de que ella puede estar temporalmente resuelta, ya que - después de las concesiones hechas por la presidente– representantes de envergadura de la clases dominantes como miembros de la Federação das Indústria de São Paulo (FIESP), Federação Nacional dos Bancos (FEBRABAN) y la Rede Globo de televisión lanzaron una nota de apoyo al gobierno pidiendo “el retorno de la estabilidad política para que el país pueda volver a crecer”. Falta aún saber cómo van a reaccionar los trabajadores ante los nuevos sacrificios que el capital les impone para resolver a su crisis por medio del gobierno Dilma. La manifestación en São Paulo de la semana pasada en contra el ajuste fiscal, la huelga de los trabajadores de correos, las movilizaciones del Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) y la amenaza de los trabajadores del sector de petróleo de parar en defensa del mantenimiento de la mayor parte de Petrobras en manos del gobierno son una esperanza de que tal vez consigamos crear un campo de resistencia al capital.

[1] Profesora de Economía de la Universidad de Federal Fluminense (UFF). E-mail: [email protected]

[2] Resaltamos que esta conducta no significa que la oposición tradicional de derecha no esté involucrada en la corrupción y en el favorecimiento a los grupos privados. Lo que pasa es que hay sectores de la policía y del poder judicial que llevan a cabo una investigación selectiva, con difusión parcial de los nombres de los implicados, eximiendo, principalmente, a miembros del PSDB.

[3] Es el pago del valor de un salario mínimo anual a los trabajadores que han recibido, de media, un máximo del valor de 02 (dos) salarios mínimos mensuales en el año anterior.

[4] Conforme la Auditoria Cidadã da Dívida, 47% del presupuesto federal del año 2015 está destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública que, según datos do Banco Central do Brasil (BCB), ha alcanzado, en julio de 2015, el valor de R$ 3,78 billones o US$ 973.000 millones a la tasa de cambio de R$3,7870/dólar vigente el 10/09/2015. Ese valor representa un 64,6% del PIB brasileño. Disponible en: <http://www.bcb.gov.br/?DIVIDADLSP08> Acceso en: 10/09/2015.

[5] Para mayores detalles del Presupuesto Federal después de la revisión del ajuste fiscal ver: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento/arquivos/relatorio_av_3_bi_2015_v2.pdf.>

[6] A ejemplo del anuncio de la venta del 25% de la BR distribuidora – empresa de la Petrobras que actúa en el ramo de la distribución de combustibles.

[7] Modificar la legislación ambiental, firmar acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio exterior, Otorgar mayor independencia para las agencias reguladoras, etc.

[8] Reforma de la Seguridad Social, imposición de límites para el aumento de los salarios de los empleados públicos, posibilidad de cobro de los servicios de salud ofrecidos por el Sistema Único de Saúde (SUS) y supresión de la obligatoriedad, conforme la constitución federal, de la utilización de porcentajes fijos del Presupuesto en las áreas de educación y salud.

[9] Regla que fija el valor de la pensión por jubilación por debajo del valor del salario del trabajador.

[10] Datos de la Pesquisa Mensal de Emprego (PME) medidos por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[11] Dato del DIEESE para São Paulo. Para los extractos de menor renta (valor medio de R$ 377,49) ese valor alcanzó el 11,78% en julio de 2015.

[12] Debido a los límites de espacio no expondremos las diferencias entre los Gobiernos FHC y Lula. Nos limitaremos a clasificar el primer como neoliberal ortodoxo y el segundo como neoliberal de Estado (o neodesarrollista).