Esta tarde los senadores debían votar la ratificación del abogado Enrique Rajevic, propuesto por la presidenta como futuro Contralor.

El nombre de Rajevic ha levantado polémica principalmente por dos factores. El primero tiene que ver con que no cumplió las exigencias que establecía una beca otorgada por el Ministerio de Planificación para un posgrado en España. La deuda, de 31 millones de pesos, significó una demanda por parte del Consejo de Defensa del Estado. La situación es incómoda en términos éticos, además porque se trata del mismo Estado en el que va a trabajar si lo denominan contralor.

Esta mañana, mientras exponía en el Congreso, Rajevic respondió las preguntas de los senadores al respecto y explicó que el único requisito que no cumplió fue que se demoró más de cinco años en entregar la tesis desde que volvió a Chile. Añadió que "la demanda fue presentada pero nunca notificada, ojalá me hubieran notificado para explicar la situación", lo que significaría que es una medida simplemente administrativa del ministerio que se arregló con el pago correspondiente de la suma.

El segundo punto es su antigua vinculación a la Democracia Cristiana. El hecho de que sea un ex militante de la DC ha levantado sospechas, ya que se espera, como indica la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, que el contralor sea una persona independiente del gobierno.

Otro aspecto a considerar son las críticas de parte de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría, que piden que se respete la carrera funcionaria en la elección del cabecilla del organismo.

Lo cierto es que todo esto ha llevado a que para la votación de hoy la Nueva Mayoría no tuviera asegurados los votos del Senado. Según los cálculos del Gobierno sólo tendrían 17 votos a favor de los 22 que se necesitan para ratificar la designación realizada por Michelle Bachelet.

Dentro de los votos faltantes estarían los de los senadores oficialistas Alfonso De Urresti (PS) y Pedro Araya (independiente pro DC), a lo que se suma la ausencia de Fulvio Rossi (PS), que está con licencia, y Guido Girardi (PPD) que está fuera del país.

El Gobierno presionó a su sector. El ministro del Interior, Jorge Burgos, habló de los costos políticos que implicaría el rechazo al contralor designado y avisó que en caso de que los senadores no aprobaran la decisión, él se acercaría a la presidenta para hacerse cargo de esos costos. La declaración fue entendida como una posible renuncia de Burgos a su cartera y, por lo mismo, como una gran presión a su sector. Al respecto, el presidente de la DC Jorge Pizarro dijo que llamó a respaldar la decisión de la presidencia: "Los votos de la Nueva Mayoría tienen que estar".

A pesar de la presión de los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, el Gobierno optó por una movida radical: le quitó urgencia a la votación, que se aplazó en 30 días.