Chilenos y bolivianos somos herederos de una historia de desencuentros y de torpezas que hemos aceptado y que nos atraviesa sin autorizarnos devolución alguna. No hay manera de retroceder ni remiendos tardíos que hacer. Hay un presente enervado y un futuro clausurado que podemos reinventar.

Nos merecemos un buen acuerdo pero –entre otros tropiezos- nos hemos entrampado en el lenguaje de la soberanía. Recordemos la pregunta del juez japonés Hisashi Owada: “En el transcurso de los procedimientos orales y los documentos presentados, ambas partes… han referido o utilizado la expresión ‘acceso soberano al mar’. Este no es un término reconocido en el derecho internacional y ambas partes sin embargo han utilizado esta expresión…”

De modo que estamos discutiendo un derecho inexistente porque eso le da al conflicto un tono que nos acomoda. Nos hemos hermanado en relatos que nos victimizan a ambos en la injusticia y hemos creído que eso nos conviene. Pero la épica de la victimización no es capaz de fundar un futuro común.

La soberanía es una ficción jurídica ilimitada y equívoca. Las formas de dominio de un territorio pueden obedecer a múltiples retóricas. El caso de Guantánamo es ilustrativo. Según el artículo III de la Enmienda Platt, Guantánamo es un territorio de soberanía cubana pero sometido a “jurisdicción y señorío” norteamericano.  El Tratado de 1904, por otro lado, nos concede territorio pero limita nuestra soberanía con una serie de obligaciones especiales hacia Bolivia. Si la soberanía es un poder excluyente, ese tratado lo que hace es incluir derechos bolivianos en territorio chileno.

El acceso a las playas en Chile es otra muestra de las contradicciones entre propiedad, usos reales y soberanía alegada. Lo que hacemos a otros es lo mismo que nos hacemos a nosotros mismos. El mar es de todos los chilenos, pero solo algunos pueden acceder a las playas.

Los juristas podrían ejercitar su imaginación en una terminología matizada del dominio, que reemplace el arcaísmo del soberano y el instinto primario del nacionalismo.  El afán revanchista en algunos discursos no hace más que reforzar la alternativa soberbia y autocomplaciente del otro. Si la disputa es sobre soberanía, estamos justificados a ser soberanos en nuestra pertinacia.

Similar es la postura que busca reparación ante el daño sufrido en la guerra. Chile no va a reconocer deudas de guerra. Ni con Bolivia ni con el pueblo Mapuche. No es por saldar una deuda que Chile puede estar dispuesto a negociar sino por corregir un desequilibrio actual que daña a ambas partes. Vamos a llegar a acuerdos por amor propio, por ética vecinal y porque nos interesa un mejor futuro común. Eventualmente, los afectos entre chilenos y bolivianos jugarán un papel determinante, si los dejamos aflorar alguna vez.

¿Porqué estaría Chile dispuesto a esos intercambios? No porque deba sino porque quiera.  Los chilenos van a estar conformes con una negociación del tipo ‘agua por agua’, en la medida que los acuerdos se presenten como un acto ecuánime y no como una derrota. Los acuerdos van a ser apoyados en la medida que contribuyan a la seguridad, a la paz, la amistad y a la prosperidad común, y eso sea perceptible por nuestros pueblos.

Enfrentar el nacionalismo es difícil para la democracia pero es esencial para la construcción de un Estado democrático. Romper la unanimidad cínica no es romper la unidad de los chilenos; al contrario es poner la unidad nacional en el terreno de la cultura y del derecho y sacarla del reflejo pasivo-agresivo en el que nos complacemos como avestruchas.