El pasado 19 de agosto en el barrio Simón Bolívar de San Antonio de Táchira, al límite de la frontera entre Venezuela y Colombia, dos hombres en motocicleta pertenecientes a grupos paramilitares colombianos atacaron por la espalda a Daniel Veloz Santaella, Alexis Rodríguez y Ramón Vuelvas, miembros de la inteligencia militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Se encontraban realizando acciones anti-contrabando, como parte del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OPL), decretado por el presidente Nicolás Maduro para combatir los grupos paramilitares y contrabandistas.

El ataque contra los miembros del Ejército fue la gota que rebalsó el vaso en la tensa relación existente entre Venezuela y Colombia. Maduro ordenó el cierre de la frontera ese mismo día y desde entonces –en medio de una ola de acusaciones entre un lado y el otro- más de mil 500 colombianos han sido deportados desde Venezuela, mientras que cerca de 20 mil han retornado a su país por temor a lo mismo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que se vive una grave crisis humanitaria en la zona. Lo cierto es que los fenómenos migratorios, hoy en tapas de diarios por los movimientos en Europa y la imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio muerto en las playas de Turquía, nunca han sido ajenos a América Latina y menos para Colombia. Se trata del segundo país con más desplazados internos del mundo con 6 millones, solo superados por Siria.

El combinado de narcotráfico, grupos paramilitares, una extensa frontera de más de 2 mil kilómetros de selva y montaña y el poco control de la zona fronteriza ha propiciado que la corrupción y el contrabando se tomen el lugar.

Venezuela tiene amplias políticas sociales de subvención de canasta básica y gasolina. Los contrabandistas aprovechan la situación y revenden los productos en Colombia a precios superiores pero más bajo de lo que se encuentra en el mercado colombiano. Por ejemplo, un galón de gasolina cuesta 200 pesos colombianos en Venezuela. Cruzando la frontera puede costar 5 mil. Según el titular de Petróleos de Venezuela SA, Eulogio del Pino, hasta 100 mil barriles diarios de petróleo llegarían a Colombia de manera ilegal. El 90% de la gasolina que circula en Cúcuta y el Norte de Santander proviene de Venezuela. El gobierno venezolano estima que en las pérdidas suman en total 10 mil millones de dólares anuales, más del 60% de las reservas internacionales del país.

El desabastecimiento en la zona venezolana era tal que la población no tenía otra que comprarle directamente a los bachaqueros o revendedores.

La OLP ha liderado las operaciones y reporta incautación de medicinas, alimentos, repuestos de vehículos, etc, almacenados y dispuestos a ser trasladados a Colombia. Según las cifras del gobierno bolivariano, la política anti contrabando de Maduro ha dejado 1185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19 mil toneladas de productos confiscados. Solo un día después del cierre, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza señaló que se vendió un millón de litros menos de gasolina en Táchira. Así, PDVSA ahorraría 30 millones de litros por mes. Arreaza también habló de una casa donde se fabricaban explosivos, con dinero venezolano y vestimenta de paramilitares colombianos dentro, redes de prostitución infantil y una cárcel subterránea clandestina, además de encontrar drogas, armas y a prófugos de la justicia venezolana.

Maduro, por su parte, asegura que desde el cierre han reducido el contrabando de combustible en un 70%. Otras de las consecuencias que se percibieron en el Estado de Táchira fueron la aparición de productos básicos y alimentos a precio regulado, desaparición de las filas de establecimientos de autoservicio y el ahorro de combustible.

ACUSACIONES COLOMBIANAS

Colombia ha liderado una ofensiva mediática e internacional contra Venezuela. No es menor, pues la acción tomada por Maduro es una respuesta al desbordado conflicto interno colombiano (guerrilla, corrupción y narcotráfico), que ya ha traspasado las fronteras y llegado a Venezuela.

Rafael Ramírez, embajador permanente de Venezuela ante la ONU, aseguró que “nosotros abrigamos en nuestro territorio a cerca de 5 millones de colombianos y siempre los hemos acogido como hermanos. Somos un país profundamente bolivariano y para nosotros es una sola gran patria Colombia y Venezuela en el espíritu bolivariano. De hecho, cuando Chávez llegó al poder, regularizó a todos los inmigrantes colombianos y les otorgó todos los derechos venezolanos, porque sabíamos que muchos huían y huyen de la situación de violencia extendida de cinco décadas”.

La amplia política de subsidios venezolana y la cercanía con la tierra de origen han provocado que el 85% de los desplazados por el conflicto interno colombiano prefieran Venezuela como destino. El país de Chávez es el país menos desigual de Latinoamérica según el Índice Gini, mientras que Colombia es uno de los más desiguales.

La entrega universal de subsidios marca un claro contraste entre ambos regímenes. Para Colombia, esa es la razón por la que existe el contrabando, como lo señaló la canciller María Ángela Holguín: “Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando". El economista venezolano Vicente León, opositor al chavismo, también considera que los precios de los productos subsidiados y regulados por el Estado son la causa principal del contrabando: “Puedes cerrar la frontera y pasarán por el río. No importa lo que hagas para atacar consecuencias. Si no atacas las causas la economía se rebela…y a ella no puedes apresarla”.

Pero para Venezuela, la complicidad colombiana en las redes de corrupción es clave. No solo por la situación de abandono en la zona (Venezuela cuenta con 20 mil hombres repartidos por la frontera, mientras que Colombia solo tiene 4 mil), sino que los dardos han apuntado a la Ley Anticontrabando, que acusan de promover el delito. “Declaraciones de canciller Holguín es un compendio de imprecisiones erráticas, falsedades y confesiones de Estado apoyando crímenes en frontera. Es insólito, por decir lo menos, que se excuse en las políticas de subsidios implementadas por Venezuela en función de su pueblo para escurrir la responsabilidad de Colombia en el combate al contrabando. Se les ha solicitado revisar Ley Anticontrabando que promueve este delito en Cartagena también le reiteramos repatriación a Venezuela de los alimentos incautados durante más de un año, sin resultado positivo”, declaró la canciller venezolana Delcy Rodríguez.

La ley colombiana, renovada este año con aumento de penas, solo se aplica a mercancías que superen los 50 salarios mínimos colombianos. De esta forma, no solo no ataca el pequeño contrabando, sino que, según Venezuela, legaliza el tráfico de combustible por menos de 74 litros de gasolina y de 430 kilos de mercancía. Y es precisamente el “bachaqueo” o pequeño contrabando el que ha venido en aumento.

Dada la enorme cantidad de petróleo que llega a Colombia desde Venezuela, algunos acusan que la complicidad del gobierno de Santos es mayor aún. El experto energético David Paravisini ha afirmado que las empresas colombianas Vetra, Pacific Rubiales, Petromagdalena y Ecopetrol (estatal colombiana), comercializan la gasolina venezolana como si fuera propia. “Nos han inducido a pensar que es un problema de pimpineros, o de unos cuantos wayúu, quienes son los que están contrabandeando, pero las magnitudes que se manejan sugieren que se trata de organizaciones que tienen capacidad de almacenamiento de combustible y la infraestructura para despachar a los sistemas de distribución oficiales de Colombia, porque Ecopetrol vende la gasolina venezolana que entra por contrabando”, señaló.

Desde el gobierno de Álvaro Uribe que, a través de una serie de decretos de ley, Colombia ha regulado la importación, almacenamiento y distribución de combustibles provenientes de Venezuela.

El caso más gráfico es el de los pimpineros, comerciantes del petróleo ilegal que llega a Colombia.

En una marcha a principios de septiembre en Cúcuta (zona colombiana) reclamaron al presidente Santos hacerse cargo de la crisis económica de la zona y reconocieron su actividad ilegal. “Nosotros reconocemos que sí es de contrabando, pero ¿qué más hacemos? Nos toca, nuestras familias nos piden, a nosotros nos llegan recibos de agua, de luz, de gas. ¿Qué hacemos?, ponernos a robar no podemos y de alguna manera buscamos el sustento”, señaló un pimpinero.

Según datos que manejan los propios comerciantes ilegales, el 100% de los 20 millones de galones de petróleo que llegan a Colombia desde Venezuela es por contrabando. De ese total, el 50% se envía al interior de Colombia para ser vendido a un precio mayor, un 30% se utiliza para producción de cocaína en la zona y el resto se vende en Cúcuta.

Algunos pimpineros se organizaron en las reconocidas y legales Cooperativas Multiactivas de Pimpineros del Norte, que acordó un pago de 10% al gobierno departamental por pimpina (tanque de cinco galones). Todo está regulado por la ley, pese a ser material contrabandeado.

Cabe recalcar que la situación crítica en Colombia es más grande que el conflicto con Venezuela y que este, a su vez, se entiende solo en el contexto de violencia sostenida en territorio colombiano, que combina redes de narcotráfico, asesinatos y ausencia o complicidad del Estado, como en el caso de Yensy Miranda Dávila. Sindicado por el juez español Baltasar Garzón como el responsable de envíos masivos de cocaína colombiana, a través de Venezuela hacia Europa, se solicitó información de su paradero y extradición hacia España. Pero al mismo tiempo, Miranda recibió dinero del programa Agro Ingreso Seguro, un crédito preferencial que entrega el ministerio de Agricultura colombiano.

Según el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, ha habido 69 defensores de derechos humanos y dirigentes sociales que han sido asesinados en Colombia en lo que va del año. Un aumento de 71% respecto a 2014. Mientras que la ONG Somos Defensores afirma que “durante el 2014, en promedio cada siete días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia”, señala el informe, y agrega que “cada día fueron agredidos dos defensores”, con base en el registro del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh).

NORMALIZACIÓNP ROGRESIVA

Tras la derrota diplomática sufrida por Colombia en la OEA y en UNASUR y las denuncias de violación del espacio aéreo, Maduro y Santos se reunieron finalmente el 21 de septiembre durante 5 horas, en un encuentro donde los presidentes Tabaré Vázquez (Uruguay) y Rafael Correa (Ecuador), actuales líderes de Unasur y Celac, sirvieron de mediadores.

Se acordó en Quito el retorno de embajadores y trabajo de equipos ministeriales sobre los “temas sensibles” relacionados a la crisis fronteriza. Ambos países crearon también comisiones conjuntas para enfrentar la crisis humanitaria. Sin embargo, el estado de excepción continúa declarado en los estados de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

Uno de los puntos de la declaración conjunta hablaba de una investigación de la situación en la frontera. Este es una de las principales diferencias entre ambos mandatarios. Mientras Santos presiona por violación a los derechos humanos de los colombianos deportados, para Maduro y Venezuela el punto crítico es el modelo paramilitar, la legalización del contrabando, el éxodo masivo de colombianos y el impacto del narcotráfico, abiertamente opositor a la Revolución Bolivariana.

Maduro fijó 6 meses para la “normalización progresiva” de la frontera. En estricto rigor, no es un territorio en disputa ni de un país ni del otro. No hay situación de guerra ni conflicto armado entre dos países. Lo que sí hay es un extenso territorio de vacío legal, donde las mafias y los narcos parecen tener más que decir que el propio Estado y donde los más afectados siempre son los desplazados, de uno y otro lado.