Pero ¿por qué derrocar a Dilma Rousseff?, se preguntará el lector.

En su edición del  23 de octubre de 2014 – edición anticipada en dos días, para así influenciar la segunda vuelta de la elección -  la revista “Veja”, del grupo editorial Abril, acusaba a Rousseff y a su predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el titular: “Ellos lo sabían todo”. Para buen entendedor: que Rousseff y Lula no solo habían ocultado la corrupción en Petrobras, sino que habían sido elegidos con fondos originarios de coimas criminales, pagadas al gobiernista PT – Partido de los Trabajadores- por poderosas empresas contratistas.

Empero, pocos días después, la acusación fue desmentida como grosero montaje por el mismo abogado del supuesto delator, y la revista fue procesada por alevosía.

La inocencia de Rousseff está afianzada por el Fiscal General, Rodrigo Janot, y hasta  Fernando H. Cardoso se apresuró en confirmarle a la presidenta su perfil de “persona honrada”.

Pero esta no es la postura  de los fiscales ideológicos de Janot, ni mucho menos de los ministros de la Suprema Corte.

Juristas independientes alertan que el operativo  “Lavado de Chorros” ya no es más una investigación judicial sino un operativo político, con delaciones recompensadas, sin pruebas consistentes, filtraciones sistemáticas a medios de comunicación conservadores y – colmo de la audacia – con fiscales del Ministerio Público Federal actuando como agitadores políticos en redes sociales e iglesias pentecostales, instando a la población incauta para “derrocar a este gobierno izquierdista”.

Un operativo político que hace la vista gorda frente a escándalos criminales como el “Caso Zelotes” - una maniobra de evasión fiscal estimada preliminarmente en más de 6,0 mil millones de dólares (tres veces el monto de Lavado de Chorros), en que están encausadas 70 empresas (entre ellas Ford, Mitsubishi y los bancos Santander y Safra) y el  “Partido Popular”(PP), pero que hace años dormita “encajonado” en la fiscalía y la Corte Suprema.

 De no haber sido posible probar cualquiera complicidad de Dilma Rousseff con el escándalo contratista-petrolero, ahora se la acusa de “pedaleo fiscal”, jerga de economistas, según la cual en 2014 el gobierno supuestamente gastó más de lo que estaba autorizado.

Una grotesca falacia del TCU- Tribunal de Cuentas de la Unión que, primero, no auditaba las cuentas de gobiernos anteriores desde el año 2002 y que – aberración y sorpresa – tiene entre sus implicados a dos jueces denunciados en el escándalo petrolero como receptores de millonarias propinas; entre ellos el presidente de la Corte, Aroldo Cedraz, un ex diputado del ultra-derechista “Partido los Demócratas” (DEM).

En una entrevista al diario “Folha de S. Paulo” (1/3/2015), el eminente economista y politólogo Luiz Carlos Bresser Pereira advirtió un grotesco sentimiento de “odio colectivo” de los ricos hacia el PT y el gobierno de Dilma Rousseff, debido al tremendo esfuerzo de la mandataria y su precursor, el ex presidente Lula, en políticas de inclusión social inéditas en los 500 años de existencia del país.

El diagnostico podría escucharse como publicidad tramposa de un gobiernista, pero ocurre que Bresser Pereira no es del PT, sino ex ministro de Hacienda del ayer teórico de la “dependencia”, pero hoy opositor y ultra-liberal Fernando Henrique Cardoso.

El odio colectivo señalado  por el profesor se dirige a los 36 millones de brasileños sacados de la extrema pobreza con los programas “Brasil Sin Miseria” y “Bolsa (beca) Familia”.

Así las cosas, el “crimen” de Rousseff y de su predecesor pareciera ser que con su modestísimo proyecto de desarrollo redistributivo hayan tramado contra el script de la nueva derecha rentista, insatisfecha con la tasa de intereses, la lógica de la deuda pública  indexada, el control de la infraestructura por la via de concesiones y, finalmente, el control  sobre el archimillonario negocio petrolero.

De todos modos, en Brasil se agotó el ciclo del neodesarrollismo lulista.

O Rousseff encara al desafío con una reforma ministerial, torciendo  hacia la izquierda, o será rehén de los mercados.

Si cae Dilma Rousseff, cambiará radicalmente el mapa geopolítico latinoamericano y posiblemente el mapa mundi diseñado a duras penas por los BRICS.

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