En la cordillerana localidad de Currarehue, a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, un proyecto hidroeléctrico logró obtener hace poco más de 10 días la aprobación de los organismos estatales competentes para construir una central hidroeléctrica de paso, y que, como pocos otros proyectos energéticos, cumplió con los procedimientos necesarios para contar con la visión de las comunidades indígenas afectadas. Sin embargo, y aunque dichas comunidades no entregaron su consentimiento por completo, el proyecto de generación sigue adelante a contrapelo del sentir local.

Se trata del proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui, de propiedad de la empresa GTD Negocios S.A., que junto a la trasnacional española Enhol, invertirán cerca de 22 mil millones de dólares en la construcción de dos centrales de paso que, sin regulación de caudal, generarán cerca de 9MW, en el estero del mismo nombre del proyecto.

El plan que ya llevaba varios años de gestiones, incorporó en su tramitación ambiental el proceso de consulta indígena, esto por la resistencia de varias de las comunidades mapuches ubicadas en las cercanías, y que desarrollan relevantes actividades religiosas en el río Añihuerraqui.

Al menos dos de ellas son afectadas directamente en este sentido. Se trata de la comunidad Camilo Coñoequir, que durante las negociaciones con GTD en 2010, se dividió a la hora de entregar su respaldo al proyecto, creándose también la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, la cual agrupa a cerca de 30 familias y que participan directamente en la principal ceremonia religiosa mapuche, denominada nguilltaún.

La construcción de la central hidroeléctrica afectará directamente al nguilltuwe, lugar donde se lleva a cabo la ceremonia, y que es considerado como un lugar sagrado para los afectados.

A ambas comunidades se le suman otro par que, ubicadas al otro lado del río, no se ven directamente afectadas por el área de influencia del proyecto, pero igualmente participaron del proceso de consulta, sumándose al grupo contrario al desarrollo del proyecto.

La oposición al proyecto se fundamenta en que ninguna de las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, respecto de las significantes afectaciones al medio humano y en especial respecto de las afectaciones a sus manifestaciones espirituales y derechos religiosos son “improcedentes y no han sido acordadas con la comunidad ni con sus autoridades tradicionales, en particular con el Logko”, consagra el documento de que entregó la Resolución Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.

Dichos antecedentes constan en el expediente de evaluación ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejan de manifiesto que, incluso cumpliéndose con el proceso de consulta indígena, las comunidades afectadas no lograron frenar el desarrollo del proyecto.

Son 3 los tipos de alteraciones significativas que tendrá el proyecto en las comunidades, y que salieron a la luz durante el proceso de evaluación ambiental: una en su dimensión antropológica; otra en su dimensión de bienestar social básico; y la última vinculada a "la proximidad de población protegida", en especial porque la futura casa de máquina del proyecto, se encuentra a unos 300 metros de distancia al nguillatuwe.

Ante la constatación de dichos efectos, el SEA ordenó la realización del proceso de consulta en noviembre de 2013.

Aunque durante el proceso de observaciones se insistió en la importancia que tienen tanto las autoridades ancestrales como sus instituciones y ceremonias, la normativa aplicada durante el proceso de consulta no permitió el veto de la comunidad, aún cuando el artículo 25° de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, complementario al Convenio 169 que creó la consulta, considera que "los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.

Para Hernando Silva, coordinador Jurídico del Observatorio Ciudadano y asesor técnico de las comunidades, el caso de la central Añihuerraqui constituye una “farra” por parte del Estado en validar a la consulta indígena como mecanismo que permita una protección efectiva de las comunidades.

“La gente decidió hacer uso de las vías institucionales. Se hizo el proceso de consulta que, a nuestro entender, fue bastante decente y se hizo en consideración con los estándares internacionales, con un diálogo fluido, pero no se llega a un acuerdo. No existe forma de mitigar el daño que se genera a las comunidades, en el ámbito cultural, por la instalación del proyecto”, dijo el jurista a eldesconcierto.cl.

Silva explica que durante el proceso de consulta, se hizo evidente que "el Estado se ampara en la legislación interna, y afirma que un proceso de consulta no significa un derecho a veto, y que la finalidad es llegar a un consentimiento, como lo establece el convenio 169", indicó.

Silva, como asesor de las comunidades, asegura que “la hidroeléctrica es incompatible con la forma de ver el mundo desde la religiosidad de las comunidades, y también con su forma de desarrollarse, al cual tienen derecho de acuerdo al artículo 7 del convenio 169”, pero que en el proceso de consulta y evaluación ambiental “operan finalmente criterios técnicos” y no políticos.

“Las evaluaciones de impacto ambiental no consideran como debiese hacerse las afectaciones al medio humano. Incluso, un criterio bien desgraciado que usó el SEA era reconocer que había una medida de mitigación que no había logrado acuerdo, que era la afectación al patrimonio cultural, pero dicen que hay 45 en las que sí se pudo llegar a acuerdo con las comunidades. Por una no se puede avanzar en el proyecto, pero esa una es clave. Esto deja de manera explícita la falta de lectura intercultural que existe desde el servicio hacia las afectaciones al medio humano y patrimonio cultural de los pueblos indígenas”, reclama Silva.

Por su parte, el werkén de la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, Simón Crisótomo, aseguró a eldesconcierto.cl. que la sensación tras la consulta indígena y posterior aprobación del proyecto, es "de impotencia, de sentirse utilizado por estos organismos del Estado, porque la veíamos como una esperanza y que de una vez por todas se iba aplicar esto de buena manera".

Crisóstomo hizo sus descargos ante el, para ellos, fallido proceso de consulta, y afirmó que esperaron "cuatro año para que se llevara a cabo la consulta el año pasado, y que a orillas de nuestro río ceremonial, el mismos que va a ser intervenido, se firmara el proceso de consulta, porque nosotros pensábamos que lo habíamos hecho bien", explicó.

El werkén, una de las autoridades de la comunidad mapuche, aseguró que durante la consulta "dejamos de manifiesto que no dábamos el consentimiento absoluto debido a los impactos significativos que tiene tanto en el territorio como en las comunidades", con lo que confiaban que proyecto finalmente no debía aprobarse.

El comunero relató incluso cómo los ejecutivos de GTD ofrecieron a las comunidades ser partícipes de las utilidades generadas por el proyecto. "Ello se tiraban flores diciendo que eran la primera empresa en Chile que cumplía con todo, y que eran de las pocas que estaban dispuestas a dejar parte de las utilidades en las comunidades, que no es algo que pase con frecuencia. Creo que los funcionarios de gobierno le compraron ese discurso y terminaron aprobando el proyecto", reflexionó el werkén.

El representante de las comunidades afectadas adelantó que "recurriremos a todas las instancias posibles" en orden a frenar el proyecto,  y que "probablemente de aquí a dos semanas vamos a presentar un recurso de protección, buscando todas las alternativas de apelación e incluso recurriendo a instancias internacionales, por el proceso indebido de la consulta indígena y que nuevamente no se respeta", indicó.

Finalmente, el werkén desestimó cualquier posibilidad de aceptar la entrega de una parte de las utilidades por parte de la empresa. "No vamos a aceptar dineros, reparaciones o compensaciones, porque para nosotros, el agua y el recurso, la tierra y la importancia de los bosques para nuestra comunidad no tiene precio", concluyó Crisóstomo.