En su reciente viaje por Europa, la Presidenta Michelle Bachelet declaró ante un grupo de empresarios franceses que Chile “no era un país poco serio”; “no somos populistas” señaló. Con los bajos porcentajes de aprobación con que cuenta la presidenta, los partidos y el Congreso en la actualidad y con 15 parlamentarios investigados por la justicia, es difícil establecer, al menos en perspectiva de los chilenos y chilenas representados por las encuestas, que Chile y sus instituciones -más específicamente- mantengan efectivamente el interés de mostrar seriedad ante la ciudadanía.

Cabría entonces preguntarse cuál es el objetivo que expresa la presidenta al hacer estas declaraciones ante un conjunto de empresarios franceses y en el país de uno de los socios fuertes de la Unión Europea, la que, de la mano de Merkel, ha apoyado fielmente las políticas pro-austeridad en los países en crisis, lo que a su vez ha traído una serie de cambios drásticos en las economías y en la calidad de vida de las personas que los habitan, elevando además los índices de desigualdad y fortaleciendo, como ya es tendencia mundial, al 1% más rico de la población.

A pesar de los grandes costos sociales que han tenido las crisis en países como Grecia, Portugal y España y las políticas de recortes de la seguridad social e incluso después de que el propio FMI ha matizado su discurso en relación al beneficio que en algunos casos pueden traer las políticas de ajuste , Merkel, en conjunto con el Banco Mundial se ha mantenido en pie firme en contra de cualquier cambio de política económica, cuya manifestación más expresa se puede observar en la Grecia gobernada actualmente por el partido de izquierda Syriza.

En Grecia, la cuna de la democracia, un largo gallito se ha jugado entre el ministro de economía, Varufakis y el presidente griego Tsipras, con Angela Merkel, para tratar de limitar la agenda de austeridad impuesta por la Unión Europea. El actual gobierno griego ha intentado implementar políticas para subir el salario mínimo al nivel anterior de los recortes, restaurar la negociación colectiva, abolir las tasas por consultas médicas, reincorporar a la salud pública de 3 millones de griegos que habían quedado fuera de la atención sanitaria regular y revisar todas las privatizaciones, mientras busca establecer un pacto con la Unión Europea que le permita renegociar el pago de la deuda. Cabe recordar, por otro lado, que, antes de que el proceso eleccionario en Grecia tomara lugar, Merkel amenazó a Grecia con la salida del euro, si ganaba la izquierda. Más específicamente, Merkel auguraba el peligro que, para la política económica europea, implicaba la acción democrática reflejada en el voto de los habitantes griegos.

¿Es a este tipo de seriedad, austeridad, displicencia con las necesidades básicas de la población y nula consideración de las decisiones democráticas al que Bachelet refiere cuando se habla de Chile? ¿No es éste más bien un tipo seriedad que apela a la estabilidad férrea de instituciones deslegitimadas y dañinas para la población? ¿Es la oposición a las políticas neoliberales lo que Bachelet tilda de populista?

Para entender a qué se refiere Bachelet con este término tal vez deberíamos comprender primero por qué éste se ha puesto de moda nuevamente, como en todo período de cambio, y a qué específicamente es a lo que se le teme cuando se le utiliza. El populismo es comprendido generalmente como una política en favor de masas irracionales (no educadas) y ansiosas de beneficios impropios (lo que venga) por parte del Estado; la demagogia y la débil consideración de la sustentabilidad económica de los proyectos políticos suelen ser características que se asocian al apelativo de populismo, como también el convencimiento de un “pueblo” indiferenciado (los “descamisados”, “la querida chusma”) sobre el fin de sus dolores y la exaltación de las pasiones con el solo fin de conseguir el ensalzamiento del líder carismático. En América Latina el apelativo aparece tan impregnado en nuestra idiosincrasia que incluso se le identifica como tendencia política: el populismo latinoamericano.

Y es cierto, en contextos de crisis y constante temor por la pérdida del medio o nulo bienestar básico alcanzado por grandes sectores de la población, la vaga identificación de un enemigo común y las promesas de cambio a veces levantan alternativas que se basan en el temor al otro y en la creencia en un cambio mesiánico. Como ejemplo de estas alternativas se encuentran, entre otras, la ultra derecha francesa y la griega Aurora Dorada, que han salido fuertemente favorecidas en las últimas elecciones de estos países, identificando ambas, como fundamento del problema de crisis actual, la inmigración “de clase baja”. Estas alternativas, sin embargo, no han sido tildadas de populistas.

No obstante, si por populismo se intenta caracterizar una política democratizadora y fortalecedora de la economía interna en beneficio de la población en su conjunto a corto, mediano y largo plazo, es decir, una política que propenda hacia la sustentabilidad en sentido amplio, el apelativo de populista no parece tener lugar. Una política como la que demanda la población en Chile pauperizada por la deuda, la privatización de las pensiones, la salud y la educación en beneficio de unos pocos, bajo un régimen neoliberal probado inicialmente en Chile y extendido, bajo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la actual Unión Europea (los primeros no democráticamente elegidos), no es en ningún caso una política populista, sino tan solo democratizadora y sí, aunque suene a populismo decirlo, para el pueblo.

No obstante, la seriedad de las instituciones hoy en Chile difícilmente puede responder a este último tipo de política. Así vemos que se aprueba una ley de pesca que beneficia a los grandes industriales pesqueros en contra de la pesca artesanal y el medio ambiente marino, mientras estas mismas empresas reconocen haber pagado a parlamentarios cuyo trabajo es “defender los intereses de Chile”. Observamos a un ministro que como ex-diputado habría entregado informes de dudosa calidad (pero con información totalmente privilegiada y de primera línea) a grandes empresas mineras y extrañamente, ni siquiera se percata del conflicto de interés que este hecho implica. Constatamos los abusos de poder, la especulación inmobiliaria, el cambio de planes reguladores, la aprobación de proyectos extractivos, hidroeléctricos o de relave (como el embalse El Mauro en Los Vilos) que no tienen como objetivo beneficiar a la población, sino solo atraer inversionistas que otorgarán, sí, trabajo en un mediano plazo y bajo condiciones laborales flexibles, con el costo a largo plazo para la naturaleza, el beneficio común y la inseguridad laboral futura de los que habitan en Chile. Y como si esto no fuera poco, para no terminamos de sorprender, observamos que, además de nuestro deber de entregar nuestros ahorros para la jubilación a empresas privadas que se llevan un alto porcentaje en utilidad, la Súper Intendenta de AFPs da el pase para que una de estas entidades evada impuestos al fisco por un monto de 80.000 dólares. En este escenario, no obstante, es imposible saber en beneficio de quién iría este monto, si este lo recuperara el Estado.

Chile seguirá así, según lo declara Bachelet, siendo un país “abierto, serio y confiable”, estable para los que cohechan con la llegada de grandes capitales. El gobierno de Bachelet declara de este modo, que no profundizará en cambios políticos que otorguen mayores niveles de decisión a los trabajadores y trabajadoras y que proyecten un modelo de sociedad que implique dignidad para todos y todas, más allá de las consideraciones de rentabilidad económica que esto implique. Como la propia Presidenta evalúa a este respecto, en referencia a la actual reforma educacional “No es solo un factor de justicia social, sino de eficacia económica”, señalando luego ante la OCDE que “la brecha entre privilegiados y desfavorecidos afecta negativamente a la economía”.

Ante esto, no podemos más que esperar, en el futuro, la misma actitud que el actual gobierno ha mantenido hasta ahora. Una apariencia de cambios que tranquilice a la ciudadanía, pero no una política dirigida y consentida para y por el conjunto de habitantes del país. La firmeza con que Bachelet asegura la seriedad de nuestro país en Europa, sin siquiera haber mostrado capacidad para encarar y valorar la actual crisis en casa y de cara a todos los chilenos y chilenas, muestra su convicción de que esta seriedad se sostendrá en el “orden”, en la autoridad institucional (como clamaba Matías del Río en Tolerancia Cero el último domingo), pero jamás en la apelación a la soberanía del pueblo y en nombre de la defensa (populista) de sus intereses.