La promesa de transparentar la relación entre la política y los negocios ha puesto a prueba la capacidad de La Moneda para predicar con el ejemplo. Tras el reordeniamiento en el gabinete, la salida de Rodrigo Peñailillo pareció enviar una señal de probidad hacia una Nueva Mayoría salpicada por el financiamiento irregular de campañas. Pero como a la hora de comunicar y de gobernar, las omisiones dicen tanto como las acciones, vale la pena revisar quiénes mantuvieron posiciones de privilegio, y sus respectivas conexiones con el mundo privado.

Desde el primer minuto en el que se conoció que de los nuevos integrantes del gabinete, dos tenían un importante pasado en la poderosa consultora Imaginacción, el rango de acción de La Moneda quedó tempranamente delimitado a la influencia de una elite construida en la post dictadura, que avanzó en paralelo por el mundo de lo negocios y de la política.

En ello, la puerta giratoria entre el sector público y el privado ha sido la muestra más clara de cómo los interese de ambos mundos han mantenido vasos comunicantes durante largos años, y que mediante los enroques de un lado hacia el otro, han logrado permear y proteger el interés privado en varias discusiones.

Entre los actuales ministros, algunos reubicados y otros recién llegados, existen importante conexiones con el sector privado, dando cuenta que la promesa de transparentar por completo la relación entre uno y otro lado sólo se circunscribe al financiamiento, y no al fenómeno relacional en su conjunto.

Si bien en términos políticos, la ex senadora Ximena Rincón (DC) quedó en una posición menos preponderante tras su salida de la Segrpres -el nexo directo del Ejecutivo con el Parlamento- a Trabajo, su pasado como directora de la AFP Provida la convierten en uno de los tantos ejemplos que permiten ilustrar el punto esbozado anteriormente

Entre abril de 2006 y febrero de 2010, la ministra formó parte del directorio de una de las empresas administradoras de fondos de pensión por la que han desfilado distintos integrantes de la antigua Concertación, y que ha destacado dentro del cuestionado sistema previsional chileno por ser una de las AFP que más afiliados ha tenido a lo largo de su historia.

Poco importó entonces que Rincón ingresara al mundo de las administradoras de pensiones aunque antes, durante el gobierno de Ricardo Lagos, haya sido superintendenta de Seguridad Social. Y tampoco tuvo importancia que Rincón emprendiera su campaña senatorial siendo aún integrante del directorio de Provida, cargo al que renunció una vez que se integró a su función en el Congreso.

Otro ejemplo del nexo entre el sector privado y el público recae en Máximo Pacheco Matte, ministro de Energía. El recorrido profesional de Pacheco había estado hasta 2014 casi exclusivamente en el sector privado.

Sólo en 1990 registró un paso por Codelco en la vicepresidencia ejecutiva de operaciones por encargo, pero luego desarrolló su carrera muy apegada a dos grandes grupos económicos. En 1994 asumió como vicepresidente ejecutivo para Chile y Latinoamérica en la neozelandesa CHH, empresa que por aquellos años era dueña del 30% Copec, en asociación con el poderoso empresario Anacleto Angellini.

De allí en adelante, encabezó el International Paper (Grupo Angelini) y desde enero de 2004 a septiembre de 2013 fue el vicepresidente senior de la empresa forestal más grande del mundo. Antes  también había ocupado la presidencia en Brasil (enero 2004 y enero 2009), pero en  paralelo, fue director del Banco de Chile entre enero 2001 y enero 2008, del grupo Luksic. Al igual que Rincón, fue también director de AFP Provida (enero 1999 y enero 2006).

Aurora Williams es una de las ministras que asoma con mayor claridad dentro del gabinete por su potencial conflicto de interés. Entre junio y febrero de 2014, la ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte fue subgerente de administración y finanzas en Antofagasta Terminal Internacional (ATI), controlada por el Grupo Luksic. La empresa, operadora del puerto de Antofagasta, ha estado en la palestra por su vinculación con la contaminación por metales pesados en el borde costero de la ciudad, donde la construcción de un galpón de acopio de concentrado de cobre ha sido fuertemente rechazada por los antofagastinos. Dicho conflicto comenzó a desarrollarse justo en momentos en las que se sumó al Gobierno de Michelle Bachelet, en marzo de 2014.

 

Las promesas de Bachelet

Hasta ahora las estrategias delineadas por Michelle Bachelet para hacer frente al cuestionamiento general de la política consta de dos ramas. Una de ellas es la discusión parlamentaria de una batería de proyectos que buscan redefinir el terreno en el que se juegan la vida política, tanto desde el financiamiento de partidos y campañas, como delimitaciones más estrictas para las autoridades electas. Con ello, respondió a la crisis de legitimidad instalada tras los casos Penta y SQM. La otra, aún en un terreno nebuloso, será la discusión a partir de septiembre de una Nueva Constitución, mediante un proceso constituyente, que parece haber descartado por completo la realización de una Asamblea, para dar no sólo cabida sino asegurar a las elites que podrán tener injerencia en el asunto.

Pero es en la primera parte de estas estrategias donde las promesas formuladas por la Presidenta en su recordado discurso en cadena nacional del 28 de abril cobran una importancia fundamental.

Al respecto, cinco frases destacaron como parte central del nuevo espíritu de refundación y de probidad.

-“Nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos”.

-“Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”.

-“También debemos fortalecer la calidad, integridad y transparencia de los que trabajan en el servicio público. Vamos a ampliar el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación. Y regularemos la capacidad del Gobierno de turno para designarlos y removerlos”.

-“Regularemos y fiscalizaremos de manera estricta la relación entre la política y los negocios”.

-“Regularemos la ‘puerta giratoria’ entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas”.

 

A la luz de dichos anuncios, y tras el reordenamiento de las piezas al interior del gabinete, la primera prueba para predicar con el ejemplo no parece haber sido del todo exitosa.