El cambio de gabinete ha dado a Bachelet el espacio necesario para retomar la agenda ad portas del 21 de mayo. Este “Veranito de San Juan” ha permitido reducir en parte la tensión de las últimas semanas en torno a los coletazos del escándalo de corrupción y, de paso, fijar los ejes o coordenadas en que moverán las reformas.

 La salida de Peñailillo, Arenas y Elizalde no es lamentada desde el mundo social no obstante ser prácticamente tildados de comunistas furibundos por la prensa de derecha. La conducta timorata y el pensamiento binominal instalado en ellos y en gran parte del progresismo neomayorista  -en que la única oposición es la derecha-, se manifestó en proyectos altamente ambiguos y retrógrados como ocurre con la reforma laboral, lo que sumado a la implicancia de los dos primeros en escándalos de corrupción de manera activa y pasiva respectivamente, determinaron su total aislamiento y como consecuencia su salida del gabinete sin premio de consuelo.

La enorme tensión generada en el marco de la discusión de la reforma laboral y la nula convicción con los cambios urgentes y necesarios reclamados por el mundo sindical, implicó el rechazo de amplios sectores, tanto de la derecha y el empresariado (esperable por cierto), pero sorprendentemente también de los trabajadores, a quienes supuestamente venia en beneficiar. La comedia de errores y total falta de tino protagonizadas por asesores jefes de los ministerios del Trabajo y Hacienda, terminó por poner la lápida  y consolidar el rechazo del mundo sindical al proyecto, situación que pretendía ser salvada con un acuerdo entre el ejecutivo y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que conforme el contexto vigente queda cubierto bajo un manto de incertidumbre.

 El actual escenario tiene como punto de partida el anuncio de paralización de la tramitación legislativa de la reforma laboral, a pretexto de permitir la instalación de los nuevos ministros de trabajo y Hacienda; sin embargo esta suspensión no se agota en ello, sino que busca construir un nuevo relato y generar instancias de diálogo con el mundo empresarial que permitan alinear las expectativas del empresariado con las señales de “diálogo y grandes acuerdos” expresada por el nuevo ministro del Interior Jorge Burgos; las que ya van tomando forma en la anunciada reunión para el lunes al medio día entre la CPC y el nuevo titular de la cartera de Hacienda Rodrigo Valdés.

 Y es que el nombramiento de Valdés y Burgos es aplaudido de pie por el empresariado; toda vez que se abre la puerta a los únicos acuerdos y consensos que los chilenos conocen por parte la concertación y actual NM: el acuerdo con la derecha económica y política del país.

 Si bien resulta evidente la nula experiencia política de Valdés, no es menos cierto que esta es compensada con su tonelaje técnico de corte neoliberal; que a la postre responde a la clásica mirada de administración concertacionista de la cartera: la lógica del mercado como factor subordinante de lo político. Si a ello se suman las señales de blindaje conservador y de derecha como Burgos, vemos como el cuadro comienza a tomar forma.

 El único contrapunto, aparentemente, lo representa el cambio en el Ministerio del Trabajo, en que si bien su titular Mónica Rincón adscribe a una mirada  de relaciones laborales equilibradas, aparece subordinada bajo la égida de Burgos y con poco espacio de maniobra no solo por su desafección a los círculos conservadores que conducen la DC, sino porque su prematuro anuncio de retiro de la actividad política le quita piso a la hora de construir acuerdos en el supuesto que mantenga su mirada progresista sobre las relaciones laborales.

 Todo parece indicar que no ha sido ni será la intención de este gobierno trastocar los brutales patrones de desigualdad por la vía de salario (y por tanto de la negociación colectiva, en especial la ramal e interempresa), sino que la intención es y será mantener los equilibrios macroeconómicos y la perspectiva de la reactivación económica como fundamento del chorreo “redistributivo”, muy alineado con la lógica neoliberal heredada de la dictadura; porque si bien es cierto no hay precedentes de cambios de ministros de hacienda durante el periodo presidencial, es muy dable pensar que no habrá dos cambios en un mismo periodo y menos un cambio progresivo.

 Bachelet se ha jugado prematuramente su cartas en re-editar el esquema proveniente del primer periodo; a fin de cuentas es una apuesta salvar su capital político sobre la base del blindaje de los viejos tercios; sin embargo no estamos en el año 2008, el escenario social es mucho más inestable y la sociedad chilena atraviesa un proceso de politización en que aparecen en escena actores constituidos con suficiente peso para auto-representar sus intereses y programas. Así las cosas, todo parece indicar que más allá de las intenciones tras los cambios ministeriales, es cosa de tiempo de que se cumpla el viejo refrán: chiste repetido sale podrido.