El diario El Mercurio publicó el pasado 29 de marzo una nota titulada: “Particulares viñetas ilustran texto del INDH dirigido a escolares” haciendo referencia a la 2da edición del Informe de Derechos Humanos para Estudiantes que edita el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahí, se ha desatado un amplio debate que ha confrontado entre otras posturas la del General Director de Carabineros, Gustavo González y la del propio INDH. Esto nos debiera convocar a una reflexión académica y ciudadana en torno al fortalecimiento de la Educación en Derechos Humanos, lejos de miradas meramente coyunturales u oportunistas, como las que se han dejado oír por estos días.

El apartado que desata el malestar de la prensa mercurial y la molestia de carabineros es el que lleva por título, “La actuación de carabineros frente a los hechos de violencias en las calles”, donde se señala en su primer párrafo: “En esta época de manifestaciones en Chile, personas de diferentes edades han denunciado violencia y abuso de poder por parte de Carabineros. También un uso desmedido de gases lacrimógenos que pueden ser perjudiciales para la salud, o la ocurrencia de hechos como la muerte del joven Manuel Gutiérrez, responsabilidad de un funcionario de Carabineros”.

La violencia de carabineros contra estudiantes, comuneros mapuches, trabajadores y pobladores en el marco de movilizaciones sociales, debiera ser efectivamente tema de debate público. Sin embargo, pareciera un tabú hablar de violaciones a los derechos humanos en “democracia”. En la mayoría de los casos se ha propiciado un silenciamiento desde la institucionalidad, amparado en el escaso ejercicio de la justicia lo que ha generado un manto de impunidad sobre actos de violencia policial con y sin resultado de muerte.

Esta situación necesariamente nos retrotrae a los primeros años de la mal llamada transición, cuando imperaba el silencio cómplice de la clase política en su intento por resguardar el “bien mayor” que constituían las relaciones cívico – militares, evitando temas conflictivos como el de los DDHH. En el pasado reciente frente a cualquier hecho atentatorio contra el interés de las Fuerzas Armadas, éstas se manifestaban ante la opinión pública dando muestras de cohesión y de fuerza. Por ejemplo, recordemos “el ejercicio de enlace” en 1991 y el denominado “boinazo” en 1993, hechos claves que recordardaban a la sociedad chilena que las Fuerzas Armadas, se encontraban expectantes, sin arrepentimiento, dispuestas a intervenir con la fuerza si se les provocaba. Ha pasado tiempo desde esa época. No obstante, el tutelaje de dichas instituciones parece expresarse hoy en diversas áreas y a través de diferentes mecanismos.

No se trata de basar el análisis en una lógica de bandos, esto es, los carabineros de derecha contra la movilización social de izquierda. Por supuesto, tal mirada constituiría un reduccionismo que nadie puede sostener hoy seriamente. La pregunta de fondo apunta, más bien, a la legitimidad que adquiere la violencia bajo una democracia neoliberal, el rol que cumple carabineros y fuerzas especiales en el control de la conflictividad social. Esto, no se puede empatar con manifestaciones de violencia fruto de la acción colectiva de los movimientos sociales, ya que en el primer caso hablamos de una institución que debiera ser garante de los derechos fundamentales de la sociedad civil.

El problema fundamental que nos tendría convocar hoy por tanto es ¿por qué sigue siendo necesario fomentar la educación en derechos humanos en contextos democráticos?

La opción de la clase política en la posdictadura fue prescindir de una Política de Memoria que fuera impulsada desde el Estado, desligándose sistemáticamente de esta responsabilidad, ubicando el debate de los DDHH en mesas de diálogo, en instancias no formales, y en el último tiempo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, habría que preguntarse por qué materiales como éstos son publicados por la institución recién mencionada, con recursos limitados y a contracorriente de la voluntad de distribución de los municipios y, por el contrario, no ha sido  una labor asumida por el Ministerio de Educación. En el caso que así fuese, ¿estaríamos debatiendo hoy en torno a una carta del General Director de Carabineros dirigida al Ministro de Educación?

En la actualidad la educación en derechos humanos en el país se está ejerciendo principalmente a “pulso y sin permiso”, por parte de las agrupaciones de derechos humanos, con iniciativas de fortalecimiento de archivos y sitios de memoria, que posibilitan el conocimiento de niños y jóvenes, no sólo en relación con el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos, sino también en torno a la formación sobre “las violencias del sistema” en la actualidad.

La labor que ha cumplido el INDH en esta materia y en la denuncia pública de las violaciones actuales de los DDHH, ha sido destacable y valiente, alzando la voz pública frente a la falta de garantías democráticas, labor desarrollada históricamente por agrupaciones de DDHH y organizaciones sociales al margen de la institucionalidad. La vigilancia de esta institución respecto al uso del poder del Estado y del Mercado, sin duda ha sido relevante para posicionar en la opinión pública nacional e internacional, el déficit de garantías democráticas en el país y los costos de un modelo de transición pactado.

El INDH no puede ser el chivo expiatorio que pague las culpas por una responsabilidad que le corresponde al Estado en su conjunto, tanto en la educación en derechos humanos, el resguardo de los DDHH de la sociedad civil, la fiscalización respecto del uso de la violencia, la mediación y resguardo de la sociedad frente al mercado, una serie de funciones que evidentemente son contrarias al propio orden neoliberal.

La construcción de un nuevo pacto entre las relaciones cívico-militares tiene principalmente en la educación en derechos humanos su base fundante. Por ende, ¿quién asume esta responsabilidad? No puede seguir siendo sólo el INDH, no puede tampoco depender de la voluntad política de los gobiernos de turno. Debe ser parte de una política de Estado. Esto es necesario y es urgente, para poder construir una verdadera democracia.

Si bien hoy efectivamente son muchos los que pregonan que los derechos humanos son de todas y de todos, sólo la altura moral de ciertos actores sociales permite reconocer los discursos legitimados para demandar su defensa, distinguiéndolos de aquellos discursos oportunistas y carentes de una ética mínima, como los que abundan aún en la derecha chilena.

 Valdivia, abril de 2015

Karen Alfaro Monsalve es doctora en Historia Social y Política Contemporánea. Profesora Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad Austral de Chile