Este es el año de la discusión pública sobre la gratuidad en la educación superior, periodo en que se abordará uno de los aspectos más importantes impulsados por el Movimiento Social el año 2011: “el fin al lucro y la educación gratuita”. Un año, que además estará marcado por la definición de la modalidad de la nueva constitución, como también por la coyuntura actual que exige regular la relación del poder económico con el poder político. Cada uno de estos aspectos corre por su propio caudal, pero serán sometidos a juicio como un todo, cuando se realice el balance del gobierno a fines de este año.

Respecto a la reforma a la educación superior ya hay algunas directrices. Se sabe que habrá un traspaso de recursos públicos a instituciones privadas, con el fin de financiar el arancel de los estudiantes que entren en éstas. Se sabe, con algunas reticencias, que la gratuidad finalmente será universal y que abarcará a todos los grupos socioeconómicos. Además, se sabe que se regulará y fiscalizará a aquellas instituciones para que no generen utilidades, ya sea de forma directa o a través de “empresas fantasmas”, como las inmobiliarias asociadas a casas de estudios que se autoarriendan sus propios inmuebles generando lucro exacerbado. Se han ido aclarando aspectos que al comienzo eran sólo incertidumbres. Ahora bien, lo que aún no está claro es el cómo, la fórmula que se seguirá para que todo aquello sea tangible, real y evaluable.

Las esquirlas del Caso Penta

La coyuntura actual desnudó la relación íntima entre el dinero y la política, y aunque corra por otro caudal, va a permear este debate. El Caso Penta es sólo la punta del iceberg; un secreto a voces, una práctica institucionalizada que no es demostrada hasta que hay condena, pero de la cual la ciudadanía tiene conciencia desde hace muchos años.

Chile, un país reconocidamente “constitucionalista”, ha disfrazado la corrupción con la ley o, dicho de otra manera, ha ajustado la ley como traje a medida para las fechorías de los conglomerados empresariales y/o grupos económicos que utilizan toda clase de artilugios para estar “dentro de la ley”. El financiamiento de campañas políticas –tan en boga en estos días–asegura la aprobación de estas “leyes a la medida”. Es cosa de analizar la “Ley de Pesca” (o “Ley Longueira”) para tener un ejemplo reciente.

En el debate que se avizora respecto a la gratuidad de la educación superior se dará una lógica muy parecida a partir de la tríada «banca – instituciones de educación superior – Estado». En el fondo, los intereses privados y el tráfico de influencias van a ser los mismos: conglomerados económicos ejerciendo presión al poder político para dar una salida salomónica a la gratuidad.

Muchos grupos económicos son dueños de universidades privadas. La Universidad del Desarrollo, por ejemplo, ha tenido como consejero a Carlos Alberto Délano y a su sobrino Ernesto Silva, quien también fue vicerrector. También ha tenido como consejero a Carlos Eugenio Lavín y Joaquín Lavín, éste último además de ser el primer ministro de educación del gobierno de Sebastián Piñera, fue su fundador y es actual decano de la Facultad de Economía y Negocios. Todos ellos son opositores acérrimos de la gratuidad universal, tienen participación en directorios de empresas y poseen alguna relación directa o indirecta con el Caso Penta.

En suma, asistimos a un debate polémico sobre gratuidad en la educación superior, en el cual colisionarán intereses de privados, la voluntad del poder político y la presión del Movimiento Social y/o estudiantil. Ya la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), que agrupa a federaciones de estudiantes universitarios de izquierda, ha intervenido la sede la UDI, ha “exigido” a parlamentarios inhabilitarse de sus funciones y ha emplazado al gobierno a hacerse cargo del tema. Hace una semana el vocero José Ignacio Martínez planteaba: “No permitiremos que la reforma educacional se curse mientras en el Parlamento existan políticos vinculados en caso de corrupción; no permitiremos que la educación de nuestros niños y jóvenes esté en manos de corruptos”. Así, el debate se visualiza a lo menos conflictivo, álgido y con consecuencias indimensionables para el gobierno.

Si ya lo fue el año pasado a causa del fin a la selección, el fin del copago, la desmunicipalización, éste será aún más complejo, ya que entra en juego otro actor: la banca, que financia los créditos universitarios incluido el Crédito con Aval del Estado (CAE), la que está en posesión de los mismos grupos económicos o de personas particulares que participan en instituciones de educación y otras «empresas». El “gallito” será más evidente y público: se pondrán en juego el poder fáctico de los grupos económicos y la voluntad política de gobernantes y legisladores. La relación entre el dinero y la política será transversal a toda la discusión pública.

¿Y la nueva arista para la discusión sobre la gratuidad de la educación superior?

La gratuidad en la educación superior, el mejoramiento de la calidad y la fiscalización a las instituciones para que no generen lucro, ya sea con recursos públicos o privados, serán el eje central de la discusión. Pero, como se dijo anteriormente, la actual coyuntura política intervendrá el debate generando mayor dificultad de consensuar una reforma de “carácter estructural”.

¿Cómo será la fórmula para garantizar la gratuidad universal? ¿Cuál será el mecanismo que utilizará para que ésta sea gradual? Y he aquí la nueva arista: ¿Qué pasará con aquellos estudiantes –actuales profesionales– que formaron parte del movimiento estudiantil del año 2011 y que actualmente tienen millonarias deudas con la banca producto del amplio mercado de créditos universitarios, incluyendo al CAE que tiene como “aval” al Estado? ¿Estarán considerados en esta reforma profunda y estructural? ¿Son tomados en cuenta por algún ítem presupuestario del financiamiento a la educación?

La gratuidad universal en la educación superior no será efectiva si ésta no se realiza con retroactivo, es decir, que aquellos profesionales que actualmente poseen créditos con instituciones financieras –todas ellas millonarias y durante 15 o más años– vean condonadas sus deudas en su totalidad.

Muchos profesionales jóvenes ven mermadas sus condiciones económicas por el brutal asalto de la banca a sus escasos ingresos. Toda aquella “inversión” a largo plazo para quien financió sus estudios a través del crédito se ha transformado en el peor de los “negocios”. Ni el sistema que permite a los nuevos profesionales pagar cuotas que no excedan el 10% de sus ingresos brutos es suficiente, ya que ante un día de morosidad se vuelve a la cuota original, que es similar a la de un dividendo o a un arancel mensual de estudios técnicos.

En tanto de que en el CAE el “aval” es el Estado, es éste quien debiera hacerse cargo de las millonarias deudas que aquejan a miles de profesionales jóvenes, que tienen pocas opciones de entrar al mundo laboral a “competir”. La gratuidad de la educación, en tanto universal, no se logrará si esta arista invisibilizada no se toma en cuenta.

El cambio paradigmático en el rol del Estado al que asistimos debiese asegurar que éste no quede con ninguna deuda histórica, como la que aún posee con los funcionarios públicos, deudores habitacionales, profesores, etcétera. Claramente esto hará que el debate sea aún más difícil, pero al mismo es una oportunidad para zanjar de una vez por todas lo que la “ciudadanía a pie” observa con impotencia; es una buena opción para mejorar la gobernabilidad y hacer que el poder político no caiga en el descrédito como si se hundiera un abismo sin fondo. La condonación de la deuda será una arista insoslayable de considerar.