Fortalecer la inclusión y participación de las mujeres en política, con mayor representatividad en el Congreso Nacional; asegurar más igualdad entre los derechos de mujeres y hombres, y ante la ley, y consagrar el derecho de asociación y representación equilibrada entre ambos sexo, fueron parte de los argumentos que presentó Corporación Humanas en audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, en defensa de las medidas afirmativas para la participación política en favor de las mujeres.

El Tribunal Constitucional acogió hace unas semanas atrás el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 12 senadores de la Alianza contra el sistema proporcional de elecciones, que reemplaza el sistema binominal, y que incluye acciones legales que aseguren la participación equilibrada de mujeres y hombres en política (cuotas).

La abogada Camila Maturana de Corporación Humanas, enfatizó en su intervención que una sociedad democrática debe velar por la plena vigencia de los derechos humanos de mujeres y hombres y, por lo tanto, activar todas aquellas acciones tendientes a corregir la discriminación que afecta a las mujeres, entre ellas, su inclusión, participación y representación política.

Ante los argumentos de que las acciones afirmativas vulneran el principio de igualdad garantizado constitucionalmente, la abogada Maturana fue rotunda en expresar que las acciones afirmativas “justamente” se orientan a asegurar que ese principio y garantía de igualdad de derechos entre hombres y mujeres se plasmen de manera efectiva en el ordenamiento jurídico nacional, tal y como se señala en la Constitución. La baja representación de mujeres en el ámbito político es un reflejo de que la igualdad no se está cumpliendo y que se requieren medidas de equidad encaminadas a alcanzar la paridad de mujeres y hombres en la actividad pública y política.

Corporación Humanas, a través de su abogada Camila Maturana, fueron más allá: defendieron que las medidas afirmativas que velan por una mayor participación de mujeres en el quehacer político, también permiten al Estado responder ante los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos, vinculados a la Constitución y todas las leyes nacionales.

“El Estado de Chile está obligado a respetar y garantizar los derechos y libertades de todas las personas, mujeres y hombres. Sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Tampoco puede discriminar por origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, sostuvo Camila Maturana, haciendo referencia a acuerdos internacionales en derechos humanos.

La abogada de Corporación Humanas reafirmó que son esos compromisos los que obligan al Estado a garantizar que hombres y mujeres gocen y ejerzan sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en condiciones de igualdad, tal y como se mandata en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará).

Corporación Humanas basó su argumentación ante el Tribunal Constitucional, reivindicando la importancia y el respeto pleno a los derechos humanos, advirtiendo que la subrepresentación de las mujeres en puestos de poder evidencia que el sistema democrático no está siendo capaz de cumplir con el mandato de representación igualitaria de mujeres y hombres. Tampoco se estaría cumpliendo con el mandato constitucional de igualdad de derechos y con el conjunto de obligaciones que buscan eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de la participación política.