[caption id="attachment_38029" align="alignleft" width="300"] Foto: Fundación Chile 21.[/caption]

La crisis que afecta transversalmente a la política en Chile, a raíz de los casos Caval y Penta, motivó la respuesta de La Moneda con la creación del “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, ya bautizado como “Comisión Engel”, por su presidente, Eduardo Engel, mandamás de la Fundación Espacio Público, que entregó la primera propuesta para regular de manera moderna la relación entre el dinero y la política.

Y aunque su conformación ha sido valorada por su transversalidad, varias voces han cuestionado la pertinencia y real capacidad de poner coto a la crisis de la política, la que para algunos no se remite únicamente a una coyuntura específica, sino a un cuadro mucho más amplio, que incluye por cierto el orden constitucional que nos rige.

Invitados por la Fundación Chile 21 a debatir en torno a la crisis política, los académicos Fernando Atria y Manuel Antonio Garretón, enfrentaron una pregunta que aún circula entre varios sectores: ¿es el momento oportuno para demandar un cambio de constitución? Y la respuesta de ambos fue que sí.

En un panel moderado por la directora del Programa Calidad de la Política de la fundación, Gloria de la Fuente, los invitados dieron cuenta de la insuficiente medida adoptada de convocar a un Consejo Asesor para hacer frente a la crisis estructural.

Garretón, sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, fue el primero en exponer, entregando el diagnóstico base para la discusión: la crisis no es sólo coyuntural, sino estructural, y tiene su raíz en un modelo socioeconómico “cuya base es que el dinero y el mercado están por sobre lo público, lo estatal y lo social”. Dicho modelo, sostuvo, ha distanciado a tal punto a la política de la ciudadanía que la crisis requiere de un rediseño institucional.

El académico de la Universidad de Chile resumió: “El caso Penta es la expresión desnuda de este elemento constitutivo de la sociedad chilena”, indicó.

Atria, abogado constitucionalista y parte del equipo que redactó el programa de gobierno de Michelle Bachelet, secundó el planteamiento de Garretón, y agregó que el impulso transformador del 2011 sentó las bases para una neutralización de la Constitución.

En diálogo con El Deconcierto, ambos académicos afirmaron que la dilatación del debate por una Nueva Constitución llegará hasta un punto en el que será inevitable tener que enfrentarlo.

“Hasta cierto punto, creo que la necesidad de una nueva Constitución es bastante independiente de la voluntad política. (...) Va a llegar un punto, por el camino en el que vamos, en que tomar posición respecto del tema constitucional, va a ser necesario. Tiene cierto ritmo propio”, afirmó Atria.

Sin embargo, el abogado reconoció la falta de voluntad política en el momento político actual y cifró sus esperanzas en que, al menos antes del término del actual periodo presidencial, el mecanismo de cambio constitucional quede planteado.

“Lo lógica de eso es que el problema constitucional nunca es un problema primero, es un problema segundo. El 2011 el problema era la educación, y fruto de la neutralización que afectaba a la educación, la demanda por la educación se transformó en una demanda por la Constitución. El problema constitucional siempre es arrastrado por otro que hace presente su urgencia. Habrá que ver, y uno podría decir que la necesidad del cambio constitucional va a hacerse más evidente, en la medida en que se empiecen a experimentar las limitaciones constitucionales como para las reformas que quiere la Nueva Mayoría”, indicó Atria.

En ese sentido, el académico recordó los requerimientos de inconstitucionalidad que presentó la Alianza en dos de las reformas claves que el Ejecutivo logró aprobar en el congreso: el fin al binominal y el fin a la selección.

Sin embargo, Atria hizo ver el inconveniente escenario creado por la UDI al develar su defensa al orden constitucional que ellos defienden. “Al llevar estas cuestiones al TC, la derecha la está haciendo un enorme favor a la causa por una nueva Constitución”, afirmó.

Por su parte, Manuel Antonio Garretón, recordó que el origen de la actual crisis coyuntural tiene un correlato directo con los casos Penta y Caval, “que aunque son de naturaleza muy distinta, todos ellos han constituido la crisis del momento”, y agrega que la creación del Consejo Anti-corrupción “ha originado que se busque la manera de resolver esa crisis coyuntural sin resolver los problemas de fondo”.

Si bien para Garretón las soluciones por medio de la justicia y de las comisiones para casos como Penta y Caval son positivas, “no resuelven el problema de fondo, y pueden servir para tapar la crisis estructural, que se resuelve solo, como bien dijo el programa de la presidenta, a través de una Nueva Constitución”.

Por ello, el sociólogo asegura que hay un tema “que no se puede soslayar” y es que, una vez concluido el plazo de funcionamiento para la Comisión Engel, y luego de que la Presidenta presente sus propuestas al país, “lo que haga el Gobierno respecto de su promesa sobre la Nueva Constitución será clave”.

“Eso no puede pasar piolita o que se callen respecto de eso, o que digan que ahora que están en la crisis, van a dejar de lado lo otro. ¿Eso quiere decir que un tema programático central y fundamental no lo era tanto y se podía dejar de lado? Va a tener que dar una respuesta”, resume Garretón.

El sociólogo reconoce que la posibilidad de dejar el debate para otro gobierno es factible, pero critica de antemano dicha decisión. “Yo creo que sería un daño irremisible a la credibilidad de la Presidenta el que ella postergara el tema. No digo que necesariamente lo deba resolver por completo, pero sí que dijera cuál es el camino”, afirma.

Por ello, el académico de la Universidad de Chile propone una pronta solución para hacer frente a la desconexión entre la ciudadanía y la política: plebiscitar el cambio constitucional durante las próximas elecciones municipales.

“Lo que aparece como mejor solución es convocar a la ciudadanía, retomar el liderazgo en la materia constituyente, y proponer un plebiscito para que la misma ciudadanía sea la que resuelva el tema, para que defina si quiere que las cosas se mantengan como están, si quiere una discusión a nivel parlamentario, o si quiere que se haga una Asamblea Constituyente”, indica Garretón.

“Eso no es problema más para el gobierno. Al contrario, es un camino de solución. Iniciar un camino constituyente por la vía de un plebiscito, lo que implica una reforma constitucional. Eso significa que el mecanismo desencadenador es institucional pero es a través del plebiscito que se resuelve, lo que lo hace democrático y participativo”.

Además, el sociólogo agrega que su propuesta favorecería enormemente a la elección municipal ya que “mucha más gente participaría y así el plebiscito se haría dentro de una elección normal y no habría necesidad de hacer otra elección”.

“Es inevitable afrontar este tema con esta crisis coyuntural. Hoy no hay ninguna voluntad respecto de este tema, pero en dos meses más va a ser inevitable tener que decirle algo al país en esta materia. (La Presidenta) ¿le va a decir al país que no era tan importante lo que dijo y que no va cumplir su programa? No puede hacerlo y conociéndola a ella, con su trayectoria y capacidad de liderazgo, va a tener que proponer una salida”, concluye Garretón.