El gerente general del gremio que representa a las empresas pesqueras de menor tamaño del país, Alfredo Irarrázaval, reveló que la ley vigente es un traje a la medida para un selecto y privilegiado grupo de empresas que tienen concentrado al sector pesquero y depredadas las pesquerías. “La Presidenta nos ofreció un país mejor y una esperanza de sobrevivencia, el programa era una preciosa oportunidad de construir un sector más justo y con menor desigualdad, pero el ministro y el subsecretario de pesca han decidido empujarnos al despeñadero”. puntualizó Irarrázaval.

Pymepes que reúne a empresas procesadoras de productos para consumo humano debe competir los mercados con la gran industria, estas últimas gozan de derechos entregados por la ley de pesca, la que, indican en el gremio, les garantizó de manera exclusiva, gratuita y para siempre los recursos del mar de Chile a los más grandes del sector, a todas luces una discriminación arbitraria que violenta la propia constitución (Art 19) que establece con claridad que en Chile no existen empresas y grupos privilegiados. “Una realidad que evidentemente ha sido violentada por la actual ley de pesca y nadie quiere hacerse cargo, razón por la que evaluamos recurrir al Tribunal Constitucional”, sostuvo Irarrázaval.

Irarrázaval agrega que se sienten en un franco abandono y esperan una cambio de actitud de parte del gobierno. “Estas conductas destruyen la confianza que los gremios y la ciudadanía deposita en los gobiernos y eso es de suma gravedad, por un lado debilita la democracia y por otro alimenta el germen de la desigualdad”.

Desde Pymepes lamentan también, el incumplimiento de las promesas de campaña de la Presidenta, quien ofreció protección a la Pyme, aumentar el consumo de pescado entre los chilenos, mejorar al sector artesanal y proteger los recursos pesqueros terminando con la pesca de arrastre y protegiendo las 5 millas en la zona sur del país.

Asimismo, el gerente general de Pymepes, señaló que los Senadores tienen la oportunidad de reconstruir la confianza que hoy se ve amenazada. “Ellos deben garantizar beneficios a todo el país por sobre los intereses de los grandes empresarios. Tenemos que permitir a los niños de Chile una sana alimentación y eso lo lograremos cuando empresas que trabajan en el desarrollo de productos del mar para consumo humano tengan acceso formal y permanente a su materia prima, puedan competir en igualdad de condiciones con los privilegiados, pagando al resto de la población la renta que corresponde por explotar recursos naturales que pertenecen a todas y todos los chilenos”, señaló Irarrázaval.

Cabe señalar que Chile tiene el consumo humano de recursos marinos más bajos del mundo, apenas 7 kilos per cápita, mientras que potencias alimentarias como Japón consume sobre 50kgs. lo que evidencia que estamos muy lejos de ser una país pesquero en beneficio de todos.