Un balde de agua fría cae por estos días sobre cientos de familias de estudiantes de universidades privadas. Durante las últimas semanas del año, cuando el gasto familiar se incrementa, los alumnos de instituciones como la Universidad Alberto Hurtado, Diego Portales, Andrés Bello y otras numerosas casas de estudio privadas sufren con las noticias del alza en los aranceles y matrículas de sus respectivas carreras.

Algunos apenas se enteraron con 15 días de anticipación previa a la matrícula. Otros, ya evalúan la posibilidad de abandonar sus estudios ante el aumento considerable del copago, un gasto que tendrá que ser cancelado directamente desde el bolsillo de las familias y que queda sujeto a la voluntad de las universidades a la hora de otorgar becas y ayudas. Ante este escenario, los universitarios comienzan a movilizarse otra vez de cara a un Estado que insiste en darles la espalda. Mientras, paradójicamente, el Parlamento discute la gratuidad universal de la educación. Aquí, cuatro claves para entender el entuerto.

1. El mercado manda: el IPC como excusa

Según la mayoría de los planteles privados que ya informaron a sus alumnos sobre el aumento en aranceles y matrículas, los aumentos son proporcionales a la proyección del IPC (Índice de Precios al Consumidor) proyectado para el año 2015.

En instituciones como la Universidad Raúl Silva Henríquez, el incremento llegará hasta el 6,9 por ciento. En los días previos, la institución pretendía elevar el aumento al 7,6% (proyección del IPC de 6,1 por ciento, más 1,5% de aumento real y fijo acordado hace años). Sólo una negociación con los estudiantes en toma logró reducirla a una cifra que todavía no es satisfactoria.

En otros planteles como la Universidad Central, el aumento está cerca del 5 por ciento, mientras que en algunas carreras de la Universidad Andrés Bello, podría aumentar hasta un 5,5 por ciento. En general, el panorama evidencia que el alza en el costo de matrículas y aranceles privados aumentó para el 2015 en un 5 a 14%. Una cifra considerable que, según argumentan los estudiantes, en algunos casos supera y triplica holgadamente la proyección del IPC.

Más allá de los argumentos de economía de las instituciones, lo evidente es que el mercado sigue regulando el precio de los estudios para el 70% de los jóvenes chilenos que hoy se encuentran matriculados en la educación superior privada.

“No puede ser que las universidades privadas funcionen bajo lógicas empresariales y se muevan solo como empresas del sector privado y, mientras, el aparato estatal sea solo observador pasivo de estas alzas que afectan a todas las familias de nuestro país”, argumentó José Retamal, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado.

2. Los exorbitantes costos de la educación privada.

Para muchos chilenos y chilenas, el alza del IPC y los porcentajes asociados al aumento en el valor de matrículas y aranceles no grafican el dilema que tendrán que enfrentar las familias de estudiantes a partir del próximo año.

Algunos ejemplos: en instituciones como la Universidad Andrés Bello, el arancel de Odontología llegará a costar 7 millones de pesos al año, mientras que Derecho superará los 4 millones. Por otra parte, en la Universidad Diego Portales, la matrícula de Ingeniería alcanzará los 420 mil pesos, mientras que el arancel de Ingeniería Civil en Obras Civiles superará los 4 millones 250 mil pesos.

Con el reajuste, denuncian los estudiantes, la matrícula de Enfermería en la Universidad Andrés Bello superará los 412 mil pesos mensuales, mientras que el valor de la matrícula de Odontología corresponde $727.000. Además, los universitarios denuncian que, en algunas casas de estudio, también se incrementó el valor de la titulación.

“El alza de aranceles y matrículas para estudiantes antiguos de la Universidad Alberto Hurtado fue decretado sin previo aviso. Apenas 15 días antes de matricularse se publican los aranceles, con matrículas que se aproximan a los 300 mil pesos, que superan el sueldo mínimo de una familia, con aranceles que, en el caso de esta institución en Derecho, por ejemplo, suben desde los 3 millones 700 mil a los 4 millones de pesos”, denunció el presidente de la FEUAH.

En tanto, Gabriel Ramírez, secretario de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, agregó: “La UDP siempre ha sido muy cara, pero ahora se han superado algunas barreras simbólicas. Por ejemplo, periodismo, que superó los 400 mil pesos en mensualidad. O por ejemplo, Odontología, que supera los 6 millones de pesos y Medicina, que es una de las más caras del país junto a la UNAB”.

3. ¿Hacia dónde va el dinero obtenido?

Uno de los cuestionamientos que han establecido los estudiantes apunta a la falta de transparencia en el destino del dinero que las universidad obtendrán a partir del reajuste en las matrículas y aranceles.

“Detrás de la regulación, están los costos que la universidad no quiere transparentar. ¿En qué están invirtiendo ese arancel, realmente están invirtiendo en los propios estudiantes o hay excedentes que son utilizados para otros fines? En ese caso estaríamos hablando de lucro”, señaló José Retamales de la UAH.

La duda ya fue planteada por el parlamentario Gabriel Boric, quien señaló que “hay casos bien particulares, como el de la Universidad Andrés Bello, que es controlada por el grupo Laureate, que se sabe que sus acciones se tranzan en la Bolsa, en Estados Unidos y, por lo mismo, retiran utilidades”. Por ello, manifestó que es necesario preguntarse “hacia dónde van a parar estas permanentes alzas de aranceles”.

Desde la UDP señalan que no hay reflejo de mejoras en la infraestructura, inversión en contratación de docentes o en material de investigación que justifiquen los aranceles que hoy han aumentado. Por ello, exigen la presencia del Estado a la hora de, como mínimo, regular la situación.

“El sistema actual ha dejado que el privado se haga cargo de la educación y no ha intervenido, sin formular ninguna política pública para resguardar a los estudiantes de privadas”, agregó Nataly Campusano, de la Federación de Estudiantes de la UNAB Viña del Mar.

4. Huérfanos de la reforma educacional

En medio del debate por la reforma educacional en el Parlamento -que en su fondo asegura promover la idea de la educación como derecho social- el escenario que enfrentan los estudiantes de instituciones privadas es, por lo menos, paradójico.

Los afectados por el alza en los aranceles y matrículas aseguran que la reforma ha vuelto a desampararlos a ellos a y a sus familias y que lo que hoy enfrentan es un reflejo de que han quedado al margen de la discusión del Ejecutivo, pese a constituir la mayoría de la matrícula universitaria del país.

“Desde que salió el caso de la U. del Mar no hemos visto ningún tipo de política pública que se implemente para enfrentar esto, solo reformas que vienen a dar un maquillaje y a decir que estamos avanzando, pero no hay discusión de fondo respecto a lo que pasa en estas universidades”, argumentó Campusano.

Los estudiantes de diversos planteles movilizados aseguran que, el debate de fondo, apunta a la responsabilidad del Estado con los estudiantes de todo Chile y no sólo con los hijos de la educación pública. Hoy, numerosas familias están analizando las posibilidades de seguir costeando los estudios de sus hijos ante un mercado completamente desregulado y hegemónico que nuevamente enfrenta a los jóvenes a la disyuntiva del endeudamiento. O de plano, a la posibilidad de alejarse de la educación superior de manera definitiva.

Por estos días, los universitarios responden a los aumentos del costo de sus estudios con tomas, movilizaciones y organización. No es la primera vez que deben salir a la calle para reclamar la garantía del acceso a uno de los derechos sociales que, para variar, está sujeto al comportamiento del mercado en Chile. De paso, anuncian que el debate seguirá vigente para el 2015.