¿Guerra?, ¿Cuál guerra?

En este contexto, la defensa de los fallos de los Consejos de Guerra reafirman la tesis de la guerra civil esgrimida por la dictadura para justificar su acción política, interpretación que sólo puede entenderse como una construcción de la memoria de ciertos grupos sociales, comprensible y analizable, pero inaceptable cuando se trata de enviar las señales éticas correctas a la sociedad.

En Chile el impacto social de la acción de la justicia ejercida sobre los crímenes de la dictadura ha sido escasamente estudiado, sin embargo puede anticiparse que la condena judicial contribuye a apoyar los procesos de condena social, enviando mensajes claros sobre la criminalidad de acciones que en el pasado fueron encubiertas, negadas, minimizadas o tratadas con eufemismos (“excesos personales”) por sus ejecutores.

Si es por discutir los “tecnicismos” recordemos que gracias a la introducción de la figura de “secuestro permanente”, casos de violaciones a los derechos humanos que se suponía no podían ser investigados pues caían dentro de la Ley de amnistía, pudieron comenzar a ser al menos indagados, para acceder así un poco a la verdad que nuestros “honorables” militares se han negado a contar (tal vez la verdad y la honestidad no sean valores muy apreciados en las filas).

De esta manera, si el Estado chileno insiste en defender la validez de los Consejos de Guerra, en vez de buscar los caminos para desconocer o anular esos fallos en virtud de que nunca hubo una situación bélica más que la creada por la propia dictadura y su legalidad criminal, provocará una contradicción, por decir lo menos, en la verdad factual acuñada por el propio Estado sobre el pasado reciente y una devaluación del poder de la legitimidad que esa verdad ha alcanzado en los últimos veinte años.