El pasado miércoles 5 de octubre, el gerente de exploraciones internacionales de Codelco, Angelo Aguilar, se reunió con la delegación ecuatoriana proveniente de Intag para tratar el tema del proyecto cuprífero Llurimagua.

La minera estatal planea realizar, junto a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), una explotación de un mineral que se encuentra en una zona protegida, y donde habitan muchas especies en peligro de extinción y de alto valor para la conservación mundial.

El proyecto ha sido denunciado por violentar los derechos humanos de las comunidades locales, debido a una fuerte presencia policial que se instaló en la zona con la llegada de ambas empresas mineras.

Durante la reunión con Codelco, los habitantes de la zona encabezados por el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, le expusieron a Aguilar la situación que se vive en Intag. Sin embargo, el gerente de exploraciones internacionales se desligó de la responsabilidad en los actos de violencia que se han vivido en la zona, donde actualmente se encuentra detenido desde hace siete meses -por un presunto “ataque a bienes del estado- el presidente de la comunidad de Junin.

Otro de los puntos que fue denunciado por la delegación fue un supuesto acuerdo por “regalías previas”, por casi 20 millones de dólares, el que sería materializado en infraestructura para convencer a las comunidades del proyecto minero antes que este iniciara su marcha.

Aguilar descartó de plano esta acción, y señaló en la oportunidad que dicha inversión sólo se realizaría de existir efectivamente un proyecto, pero de acuerdo a su versión, lo que hay actualmente es sólo una fase de exploración avanzada, y no un proyecto minero constituido.

De acuerdo a un comunicado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quienes han acompañado a la delegación en sus diferentes actividades, ellos se mostraron desilusionados “frente al desdén de la plana ejecutiva de Codelco en relación a lo que está sucediendo efectivamente en la selva ecuatoriana”.

 “No hay disponibilidad para un diálogo franco y abierto con el territorio, no hay voluntad de comprender los impactos de un megaproyecto de cobre en uno de los rincones más biodiversos del planeta, como la selva donde se encuentra la concesión minera”, según argumenta en el mismo comunicado.

Hasta el momento la agenda de la delegación ha concretado encuentros con las comisiones de Minería y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras que durante los próximos días se reunirán con los obreros sindicalizados contratados directamente por Codelco.