“Bajo ninguna circunstancia el gobierno avalará un manto de impunidad respecto de los delitos que está investigando Fiscalía. En Chile nadie está por sobre la ley”, afirmó esta mañana el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, tras la reunión del Comité Político realizada en La Moneda, donde se analizó la solicitud realizada por el presidente del gremialismo, diputado Ernesto Silva, en orden a buscar un acuerdo político que permita aminorar el impacto del caso Pentagate.

Con ello, el ministro secretario general de Gobierno salió a cerrar toda posibilidad de salvataje a los complicados personeros de la UDI que se han visto envueltos en la investigación que desarrolla la Fiscalía para determinar el uso de boletas “truchas” para el financiamiento de sus campañas. Así, naufragó la solicitud de audiencia que hiciera el viernes pasado Silva al ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, para intentar llegar a un acuerdo en el corto plazo. Pero el capítulo no se cierra ahí.

Como aún se teme que  las consecuencias del también llamado “Pentagate” escalen hacia parlamentarios de la Nueva Mayoría, e incluso a ex candidatos presidenciales, no son descartables nuevos acercamientos entre los presidentes de los partidos con el Gobierno, específicamente desde la tienda de calle Suecia, para acordar consensos en algo que se prevé como inevitable: una reforma al sistema de financiamiento de los partidos y las campañas políticas.

Y no sería la primera vez en que una crisis por la relación entre el dinero y la política decanta en negociaciones entre los principales bloques. Ya sucedió el año 2003 cuando en el gobierno de Ricardo Lagos, en el denominado caso MOP-Gate, en el cual se revelaron millonarios pagos de sobresueldos a funcionarios públicos.

En la ocasión, el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, impulsaron una agenda de modernización del Estado que permitió establecer, entre otras cosas, la actual legislación que regula el financiamiento de las campañas políticas.

El acuerdo alcanzado en ese entonces, hoy hace aguas ante las denuncias de posible fraude tributario de parte del Grupo Penta para entregar fondos a campaña, y se encuentra en vías de ser modificado en uno de sus aspectos más controversiales: las donaciones reservadas y de parte de las empresas.

Dicho modo de financiamiento busca ser prohibido en el parlamento, tras la aprobación de una indicación presentada por los diputados Vlado Mirosevic y Giorgio Jakson, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que aún debe ser analizada por el Senado.

 

Reformas en camino

Según el experto electoral, Keneth Bunker, los casos MOP-Gate y Penta son comparables desde la perspectiva de “los efectos sobre las reglas del financiamiento electoral”, y agrega que la indicación presentada por los diputados Jackson y Mirosevic “debería catalizar la velocidad con la que se van a aprobar esas reformas”.

Sin embargo, para el investigador del Observatorio Electoral de la UDP, La Moneda no necesita acordar las modificaciones con la oposición, tal como lo sucedió en 2003. “En el MOP-Gate, el problema era de la Concertación, no de la Alianza. Entonces se buscó a la UDI para llegar a algún acuerdo político. Ahora el contexto de ese gobierno era muy distinto, ya que la oposición tenía mucho mayor relevancia legislativa de la que tiene hoy”, afirma el cientista político.

Bunker asegura en tono categórico que “la Alianza no tiene un peso político para pedir algún tipo de favor al Gobierno”, pero reconoce que La Moneda puede buscar acuerdos para aprobar de la manera más rápida posible las reformas en el sector. “Lo que tiene que hacer el Gobierno ahora es tratar de negociar con la Alianza para ver cómo pueden hacer ellos que pasen con mayor celeridad las reformas que quieren hacer”, y agrega que “la jugada para la UDI ahora es tratar de investigar a todos los candidatos y así aletargar la situación, para decir que ellos no son los únicos que están recibiendo platas de afuera”.

“Si uno se pone a pensar, es difícil que Penta sea la única empresa que esté financiando campañas electorales. Penta puede estar financiando a la UDI, pero también puede haber otras empresas en Chile, y fuera de Chile sobre todo, que también financien campañas presidenciales y legislativas”, afirma el cientista político.

Sin embargo, para Búnker "va a ser muy difícil investigar los dineros provenientes de otras empresas”.

Finalmente, el cientista afirma que la indicación que debe votar el Senado para poner fin a los aportes reservados y de empresas, no colisiona con la propuesta que estaría esbozando el Gobierno, tendiente a entregar un financiamiento público de campañas a las campañas, para cortar el nexo del mundo privado con la política. "Yo no veo que eso sean cosas excluyentes. Jackson y Mirosevic, en muchos proyectos de ley de las reformas, también van a ser instrumentales para el gobierno, por lo que tampoco van a querer eliminar o descartar eso de  plano. No veo al Ejecutivo estando en contra de lo que proponen Jackson y Mirosevic”.

 El capital político en juego

Por su parte, para el presidente de la Fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz, la posible salida política del caso Penta sería “una ensoñación de volver a repetir la política de los noventa, de hacer política sin sociedad”, y calificó como “bastante peligroso” intentar acuerdos como éstos “ya que significan una restricción de la participación frente a una ciudadanía que es mucho más activa frente a este tipo de arreglos”.

“Eso fue parte de una política restrictiva que duró casi veinte años después de la dictadura, y que se le llamó democracia, pero ese tipo de democracia creo que no están dadas las condiciones para practicarla. Creo que el ministerio del Interior y el segundo piso de La Moneda se equivocarían mucho en intentar un arreglo y negociar una salida”.

Ruiz destaca que “el puro hecho de estar tocando a uno de los grupos económicos que está más directamente vinculado al gremialismo, porque Penta tiene una vinculación orgánica al gremialismo, esa pura amenaza, sería algo muy nocivo para la democracia que se convierta en moneda de negociación”.

El sociólogo advierte que “el descrédito en que pueden entrar las instituciones democráticas, si esta cuestión se fragua hoy, es tremendo, muy superior a lo que pudo haber hace 10 años con acuerdos anteriores” y agrega que "la solución al problema del financiamiento de la política no se reduce solamente a las campañas".

"Cualquier paso en pos de la transparencia está bien, pero no estamos ni cerca de transparentar la relación oscura entre negocios y política, porque la presión que tienen ciertos grupos económicos que tienen sobre algunos ministerios, sobre dependencias estatales y de gobierno, no se reducen el control sobre las campañas parlamentarias", indica Ruiz.

Para el sociólogo, "si vamos a ir al fondo del problema, no hay que quedarse sólo en los empresarios de derecha, me atrevería a decir que se debe hacer extensivo a los 'compañeros empresarios' de izquierda, que también han hecho un daño tanto peor a la democracia torciendo y corrompiendo a lo que iba quedando de izquierda".

Finalmente, Ruiz cree que una regulación profunda pondría en evidencia los nexos y vinculos transversales. "Cuatro de los actuales ministros pasaron por el directorio del Grupo Luksic, el mismo Eyzaguirre por ejemplo",  y afirma que "eso afectaría la sustentación económica de la propia Concertación".