El polémico caso, que salió a la luz pública en 1991, involucró a una serie de ex militares y civiles de Fábricas y Maestranzas del Ejército, y en el dilatado proceso judicial dictado por Solís, según afirmó en su momento la abogada del Consejo de Defensa del Estado, estaba acreditado que la orden de vender armas a Croacia venía del mismo Augusto Pinochet.

El contrabando de armas fue descubierto el 30 de noviembre de 1991 en Hungría, cuando la policía militar encontró un enorme cargamento bélico estimado en 36 toneladas al interior de cajas caratuladas como ayuda humanitaria por el Hospital Militar de Chile destinadas a Sri Lanka. Las armas estaban destinadas a Croacia, que en aquella época se encontraba en guerra con Serbia, en un de los conflictos bélicos más duros de la década.

A pesar del embargo internacional dictado por la ONU, países como Chile y Argentina no acataron la disposición. En el caso del país trasandino, Carlos Menem fue condenado por venta ilegal de armas, y en Chile los ex generales del Ejército involucrados no pasaron un solo día tras las rejas.

 

El caso de venta de armas a Croacia demoró 20 años de investigación judicial, ¿qué factores explican esa espera?

Como ocurre en la mayoría de los procesos judiciales, los inculpados tienen argumentos para desechar los cargos que existen en su contra. Yo recibí la causa, como ministro de la Corte Marcial en aquella época, en el año 2008, luego de que la había iniciado el ministro ya fallecido Hernán Correa de la Cerda. En aquellos casos que me merecían dudas, por ejemplo los testimonios, me limitaba a citarlos de nuevo, leer su declaración, ver si la ratificaban o no, o complementar lo que a mí me interesaba. Así fue avanzando la investigación.

Esta causa terminó con sentencias que no pudieron llevar a la cárcel a quienes resultaron como culpables…

No, porque se les procesó por exportación ilegal de armas, que tenía penas relativamente bajas, que en general no pasaban de los tres años. Por lo tanto, los condenados tuvieron derecho a la libertad condicional.

Para usted personalmente, ¿eso fue frustrante?

No, porque ningún juez del crimen se puede sentir frustrado por no poner en la cárcel a los inculpados. Uno queda satisfecho con haber realizado la investigación, haber logrado conocer la verdad y haber condenado. O sea, son personas que han sido condenadas, cualquiera que sea la pena. Fueron condenadas por el delito y eso es lo más relevante.

¿Hubo tanta diferencia entre su trabajo y el juez anterior como para que el proceso demorara 20 años?

Claro, al comienzo hubo una demora en la tramitación misma del juicio. Se había iniciado por una denuncia del ministro de Defensa, a la cual se acumuló un oficio de un superior jerárquico de la escuela, y había también un juicio aduanero. Se produjo una acumulación de causas y cada tribunal se declaraba incompetente. No recuerdo ya cuántos meses, pero demoró bastante saber quién iba a seguir viendo la causa. Al final la Suprema decidió que se conocía en un solo proceso y se designó a don Hernán Correa de la Cerda. Esa fue la primera gran demora de la causa.

Después, hay otra justificación. Porque uno como ministro de la Corte Marcial, trabaja dos veces a la semana. Entonces, el resto de los días uno debe dedicarse a la labores de la sala en que está designado, por lo tanto no tiene una dedicación exclusiva a esa causa. Eso de alguna manera demoró la tramitación de la investigación.

El que este caso tuviera tantas aristas, como incluso la aduanera que usted comentaba recién, debe haber hecho muy complejo investigar el caso, considerando que había una larga cadena de responsabilidades que hizo posible la exportación de armas.

Como decía, todo quedó subsumido en la investigación del ministro de la Corte Marcial, y en el tema aduanero. Lo importante al final fue la documentación que se había presentado para posibilitar la exportación, la declaración de los funcionarios que había intervenido en ello, y de esto resultó que eran documentos absolutamente falsificados. Por ejemplo, decir que el origen era el Hospital Militar, porque lo que se exportaba eran artículos de medicina. Y resultó después que en la aduana, estos tipos dicen que no podía ser así, y le cambiaron el logo por uno de pertrechos del Ejército de Chile. Y con eso pasó.

Este caso cayó por un detalle bastante ridículo, por así decir, que era el permiso del aeropuerto en Hungría para poder descargar, porque al momento en el que aterrizaron estaban dispuestos a revisar con militares el cargamento, ¿cómo se explica eso?

Sí, ahí no se pudo dilucidar quién dio el aviso de que iban esas armas en forma ilegal hacia Hungría. Porque en principio, lo que se sabe es que se había contratado el avión para llegar a Hungría, pero de ahí las armas serían trasladadas a Croacia. Pero uno de los ocupantes del avión dice ‘lo primero que me llamó la atención era que los que nos esperaban no eran empleados de aduana, sino que era policía militar. Y lo segundo, fue que el piloto dijo que ellos no tenían nada que ver con esto, que se iban a Miami y que se las arreglaban como pudieran con el problema de la carga’. Nunca se pudo determinar quién dio ese dato como avisando ‘oiga, revisen este avión porque ahí se trasladan armas exportadas ilegalmente’.

En ese misterio, ¿no hay ninguna suposición de quiénes pudieron ser?

Una suposición que no fue confirmada es que alguien le hacía competencia a esto. No estoy hablando ni de países ni de organismos, pero a alguien esto no le favorecía porque era un competidor. Así de simple.

Recuerde que en Argentina se condenó a Carlos Menem también por el tráfico ilegal de armas a Croacia. O sea, era toda una maquinaria destinada a aportar armas para los combatientes.

Usted quiso hacer público el dato de Sydney Edwards, oficial de la aviación británica, hoy condecorado con una importante distinción de la corona, pero que formó parte del enlace operativo para que ese cargamento pudiera llegar a Europa.

Claro, él vino en calidad de intérprete, pero por los dichos de varias personas tenía más que esa calidad, porque él fue el quien se entrevistaba con las altas autoridades que necesitaba conocer para poder traficar las armas.

Eso da cuenta de la colaboración internacional pero ¿hasta qué punto se pudo determinar la existencia de esa red de apoyo? Porque a pesar de que la venta de estas armas violaba un embargo internacional, aún así hubo mucho interés?

Exactamente. Edwards venía con un francés, de apellido Marcial. Y éste a su vez hizo el viaje por encargo de una empresa alemana, cuyo dueño también conocemos su nombre. Ya en Alemania, se hizo la primera conexión para encomendar estas armas y su eventual exportación.

Esa empresa, ¿pudo ser investigada por esta causa?

No, eso no lo pudimos investigar. Eso sería muy difícil como para poder llegar al nombre del encargo.

Le consulto más bien si hubo una investigación en Alemania.

No, nunca se supo de eso y no recibimos ninguna información al respecto.

Para usted, ¿cuál es la lectura política respecto de la decisión final de vender armas a Croacia? Porque estaban claros los riesgos considerando que existía un embargo, pero parece que la relación costo-beneficio se terminó inclinando por esto último finalmente.

Lo que Marcial le pagó a Famae, que fue la empresa comercial que podía iniciar la exportación, fue de 203 mil dólares. Ese fue el valor pero vaya uno a saber cómo se repartían después esa plata.