Patricia Garzo habla con calma. Los 40 años como profesora se notan en su conversación, y con tono cercano explica cómo forma parte de los más de 84 mil profesores que pasaron de ser funcionarios públicos a municipales en 1981. “Los profesores éramos empleados públicos y pasamos a ser municipales. Y en ese momento se dio un reajuste a todos empleados públicos porque se vivía una fuerte desvalorización de la moneda. Con la municipalización impuesta la gran mayoría no alcanzó a recibir ese reajuste, menos los profesores y algunos gremios más, y eso realmente nos perjudicó en nuestros sueldos”, resume. Nació así la denominada “deuda histórica”.

Según los cálculos que ellos mismos realizaron, producto de la no aplicación del reajuste, hasta estos días se les adeudaría cerca de 94 millones de pesos a cada uno. Hoy la inmensa mayoría de esos profesores ya están jubilados, por lo que el impacto se nota en sus pensiones.

Patricia se retiró hace 8 años. Antes de jubilarse ganaba casi 700 mil pesos, y tras casi cuarenta años de servicio, se jubiló con una pensión de 180 mil pesos. “Fue terrible el cambio, imagínese. Es como una bofetada que le dieron a uno, y no solamente a mí sino a todos los colegas que trabajaban en ese tiempo”, sincera la ex profesora normalista.

En la anterior administración de Michelle Bachelet, uno de las pocas administraciones que mostró disposición a responder a por la deuda histórica, se entregó un bono post laboral a quienes se retiraron con menos de 200 mil pesos. El bono era de 50 mil, el cual se hizo extensivo hasta estos días, y Patricia recibe actualmente 230 mil pesos como pensión. “Igual uno tiene que hacer milagros en el mes para que alcance, porque a la edad de uno la salud se deteriora, vienen los problemas en los huesos, la diabetes, los remedios son muy caros”, comenta.

El problema es que ya muchos han muerto esperando una solución. Según estiman ellos mismos, cerca de 15 mil profesores ya han fallecido, y los que siguen luchando están sumidos en el olvido. Y saben que es imposible que les paguen los 94 millones en su totalidad. “Lo que nosotros pedimos es que nos arreglen en algo nuestras pensiones, que podamos ganar por lo menos unos 300 mil pesos, algo así como el bono laboral que sea vitalicio de unos cien mil pesos, ya que con eso se arregla en algo la situación”, indica Patricia.

La ex profesora, que impartió clases casi 40 años en Cerro Navia, se indigna al explicar que algunos de sus colegas que se han retirado recientemente, reciben 94 mil pesos de pensión. “Qué se hace con eso”, se cuestiona.

Hoy Patricia lidera una de las organizaciones que reúne a las profesoras afectadas por la deuda histórica de la comuna en la que trabajó tantos años, y narra con pesar el trato que reciben a pesar de haber formado a cientos de alumnos en su vida. “La mayoría de nosotras nos formamos en las escuelas normales, somos normalistas. Y nos dedicamos y trabajamos por vocación, nos entregábamos por entero a nuestros niños. Nuestra vida era nuestros alumnos. El primer dolor fue jubilar y dejar ahí a nuestros niños, y el segundo gran dolor fue la forma en que quedamos económicamente”, lamenta Patricia.

 

Un nuevo castigo

El Colegio de Profesores comenzó su relación con el actual gobierno de forma positiva. La cercanía entre su presidente Jaime Gajardo (PC) con las nuevas autoridades, mantuvo lazos de confianza y cercanía durante los primeros meses. Pero a poco andar esas relaciones comenzaron a tensarse.

La primer señal vino en con la asamblea nacional que el 6 de junio decidió rechazar el proyecto de reforma educacional que impulsa el ministerio. La voz de los profesores es clave, y su negativa al proyecto encendió las alarmas en la cartera de Nicolás Eyzaguirre. En ese distanciamiento con el oficialismo, la negativa del ministro a responder a la denominada “agenda corta” de los profesores gravitó fuertemente. Entre los puntos contemplados en aquellas demandas urgentes, estaba la sentida deuda histórica.

La respuesta a la agenda corta se aplazó al menos tres veces, pero ya el pasado viernes 8 de agosto, Eyzaguirre hizo entrega de un protocolo de acuerdo donde el Minedu respondía a cuatro de los cinco puntos, dejando fuera el tema de los montos adeudados a aquellos profesores que formaron parte del aparato público hasta 1981.

El documento se encuentra en fase de análisis por parte de las bases del magisterio, y el próximo martes será sometido a una consulta a nivel nacional. El vicepresidente de la colectividad, Darío Vásquez, aseguró que dicha votación podría marcar un nuevo revés en las relaciones con el Mineduc.

Patricia, que aún espera por un trato digno como ex profesora, asegura que la respuesta del Mineduc “es un nuevo castigo”. Confidencia que esperaban una respuesta distinta de este gobierno, considerando que en la anterior administración hubo comisiones investigadoras y gestiones gubernamentales para avanzar en el pago de la deuda histórica. “Fue otro golpe más. Teníamos las esperanzas puestas en que ahora sí se iba a solucionar, y ahora dicen que van a estudiar el tema pero ya estamos acostumbrados a que nos den puros mejorales y seguimos esperando. Hasta ahora han muerto más de 15 mil profesores esperando y muchos de ellos están postrados”, detalla Patricia.

“Es muy doloroso para nosotros, es triste y se siente una impotencia muy grande, porque dimos todos nuestros niños. A veces dejábamos de lado hasta nuestras propias familias por estar con nuestros niños, porque era nuestro deber, para eso nos formamos. Y ahora que estamos al final de nuestras vidas, nos pagan con esto”, reflexiona la jubilada profesora, con un pesar notorio en su voz.

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