La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ha conseguido derogar el decreto que negaba el derecho a voto de estudiantes y funcionarios en los gobiernos universitarios, impidiendo la participación y democratización de las instituciones de educación superior. Con la firma, por parte de la presidenta Bachelet, del proyecto de ley destinado a su derogación, la Confech ha logrado concretar una histórica demanda estudiantil. Se trata de una reivindicación arrastrada desde los tiempos de la resistencia a la dictadura y largamente postergada por los gobiernos civiles de la transición.

La derogación de esta disposición no es, en sí misma, garantía para la existencia de una plena democracia universitaria y su colaboración con las necesidades del país. Sin embargo, termina con el tutelaje de la autonomía de las instituciones, impide que reglamentos se opongan a los derechos constitucionales de asociación y expresión y deshace las limitaciones para que estudiantes, académicos y funcionarios, mediante su organización mancomunada, se puedan dar en conjunto a la tarea de realizar la misión pública de la educación democratizando sus instituciones.

Pero no es sólo el contenido de esta medida sino también el cómo ha sido conseguida lo que merece ser destacado. En lugar de ceder a las ensordecedoras presiones por entregar un cheque en blanco a La Moneda -pese a las frustrantes experiencias tras veinte años de mezquindades-, el movimiento estudiantil ha respondido con una autonomía que ha resultado constructiva y más efectiva que las intentonas por domesticarlo. La Confech ha demostrado así que, no obstante la autocomplaciente crítica de los partidarios de La Moneda, lo que la orienta es un ánimo edificante por la realización de cambios concretos y progresivos a la educación, y no el entorpecimiento a la gestión de un gobierno que en realidad no necesita ayuda en esa tarea.

Se trata, por estas razones, de una conquista por la cual el movimiento estudiantil merece el saludo de todas las fuerzas sociales y políticas de cambio, así como de las generaciones de luchadores estudiantiles que durante años han trabajado y trabajan por superar la herencia dictatorial, aún vigente en los más diversos ámbitos de nuestra vida nacional. Es de esperar que, en adelante, el Gobierno comprenda que no habrán cambios sustantivos a la educación sin una genuina consideración de las propuestas transformadoras del movimiento social por la educación. De prevalecer el sordera, por el contrario, el fracaso será su más probable destino.