Juan Pichún fue uno de los demandantes que acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar al Estado de Chile por la aplicación de la Ley Antiterrorista. Su padre, Pascual Pichún, era el lonko de la comunidad de Temulemu cuando fue condenado por amenaza de incendio terrorista en contra del fundo de Nancahue, propiedad del ex ministro de Agricultura y presidente de la Fundación Pablo Neruda, Juan Agustín Figueroa, y contra el predio forestal San Gregorio.

En un juicio que contó con testigos protegidos y otras herramientas criticadas de la ley por instancias internacionales, Pichún fue condenado a 5 años de prisión. La arbitrariedad del juicio enfrentado impulsó a su hijo mayor, Pascual Pichún, y otros comuneros condenados por terrorismo a denunciar al Estado chileno en la CIDH durante el 2011, consiguiendo finalmente un dictamen condenatorio, que obliga a Chile a indemnizarlos. El lonko Pichún, sin embargo, falleció durante el año pasado y no alcanzó a enterarse de la resolución final.

En entrevista con El Desconcierto, Juan Pichún comentó sus reacciones tras la condena y reflexionó sobre las deudas pendientes del Estado y los gobiernos en la materia.

¿Cuál es la sensación que tiene tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fue una larga espera.

Es un fallo que esperábamos que fuera a nuestro favor, ya que desde el principio de las acusaciones en contra de mi padre, Pascual Pichún, que en paz descanse, declaramos su inocencia, que no tuvo nunca ninguna participación en los hechos que se le acusó. Sin embargo, a pesar de eso, el Gobierno y el Estado en general, condenaron a mi padre por Ley Antiterrorista y lo mandaron a la cárcel por 5 años.

Yo creo que este tribunal nos dio la razón y mi padre en vida esperó que el Estado pudiera haberle pedido perdón porque ellos se equivocaron al haberle aplicado esta ley.

Tal como tú dices, tu padre estuvo 5 años en prisión, ¿crees que con esta condena al Estado chileno se hace justicia? Cuando Pascual Pichún murió, el gobierno no hizo más que enviar sus condolencias.

Es difícil reparar un daño que ya está hecho. En este caso, mi padre pasó 5 años en la cárcel y eso le ocasionó diversos problemas de salud que al final lo terminaron afectando. ¿Quién paga esos 5 años que mi padre estuvo ausente de la familia, de la comunidad, de todos los compromisos culturales? Usted sabe que él era el lonko de la comunidad. Todo ese tiempo es difícil que alguien pudiera pagarlo.

Yo más bien me tranquilizo pensando que esto viene a limpiar el nombre de mi padre, porque él nunca fue un terrorista y tampoco así la familia, ni la comunidad, ni el pueblo mapuche ha sido terrorista. Solamente hemos reclamado nuestros derechos que nos han quitado, nada más que eso.

Considerando que la Ley Antiterrorista se ha seguido aplicando después a diferentes miembros del pueblo mapuche, ¿qué crees que se debería hacer con esa ley que hoy todavía está en discusión?

Yo creo que esa ley ni siquiera debiera existir. Fue creada por la dictadura, gente que tenía otros intereses en ese entonces y hoy día se supone que estamos en una situación distinta. Así como al Estado lo condenaron por haber aplicado injustamente esta ley, creo que el Estado también debería revisar, hacer un autoanálisis, de otros casos, como el de los peñis que están en la cárcel de Angol o los que están en Temuco. Deberían hacer una revisión de estas aplicaciones de la Ley Antiterrorista.

Hoy habló el ministro de Justicia y dijo que iban a acatar la condena de la CIDH y otorgar las indemnizaciones correspondientes. En tu caso, por ejemplo, sin tu padre presente, ¿esperas las disculpas del Estado?

Nosotros esperamos que la señora Bachelet públicamente pida las disculpas correspondientes, porque ella también fue parte de una coalición de un gobierno, creo que era ministra de Defensa. La Ley Antiterrorista se aplicó sobre los lonkos y otros peñis de Ercilla durante el gobierno de Ricardo Lagos. Por lo tanto, creo que ella debería pedir públicamente las disculpas correspondientes a la familia, a la comunidad y al pueblo mapuche.

Además, quienes tienen que pedir las disculpas son los que fueron cómplices de esta aplicación, como Juan Agustín Figueroa, que es el dueño del fundo Nancahue, que todavía está, el señor presidente de la Fundación Pablo Neruda. Él fue uno de los que puso a disposición toda su fuerza y contactos políticos para condenar a mi padre injustamente.

¿Cuál es la sensación de la comunidad al conocer la condena de la CIDH, después de tantos años de espera y de haberse atrevido a demandar al Estado chileno internacionalmente?

Yo creo que hay una especie de satisfacción de limpiar una imagen que se generó a raíz de esta aplicación de la ley en contra de la comunidad y la familia. Creo que hoy día la comunidad tiene la misma sensación de que los gobiernos debieron haber previsto esto mucho antes, aquí se sabía que los lonkos fueron condenados injustamente. Yo creo que mi padre espiritualmente estuvo con nosotros y donde esté va a estar feliz de que esto haya terminado de una forma satisfactoria.

¿Qué le parece el rol del gobierno en todo esto y del intendente Huenchumilla? Si bien han criticado la Ley Antiterrorista, también han aparecido, en otros casos, diciendo que la van a invocar y la persecución ha seguido, es un discurso muy contradictorio.

Creo que con esta condena se pone un precedente internacionalmente de que se equivocaron, que hubo racismo de los tribunales en contra de las comunidades. Sin embargo, no creo que haya mayor cambio en la relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Ha quedado demostrado que el intendente Huenchumilla ha salido criticando algunas reacciones del propio gobierno y de vuelta se le ha criticado mucho. No creo que haya mucho cambio con esta condena, no creo que haya un cambio radical sobre el trato, aunque espero equivocarme. Me gustaría, en todo caso, decir algunas cosas para finalizar.

Por supuesto, díganos.

Quiero agradecer a mucha gente que estuvo desde el principio en tratar de demostrar la inocencia de mi padre. Estoy hablando de los abogados, de mucha gente que trabajó y participó en esta demanda. Los abogados, el asistente social, la gente de la FIDH que participó… agradecer a ellos por el esfuerzo y por no haber dejado de lado este caso, por haber seguido adelante. Nosotros en ningún momento pagamos, fue sólo voluntad de ellos y eso se agradece mucho.