A dos días de rendir su primera cuenta ante el Congreso el próximo 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet anunció el envío de la primera parte de la reforma educacional que impulsará en su segundo periodo. Acompañada por los ministros Nicolás Eyzaguirre, Alberto Arenas, Ximena Rincón, Rodrigo Peñailillo y Álvaro Elizalde, la jefa de Estado firmó el proyecto de Ley que establece el fin al lucro con fondos públicos, el término de la selección y el copago en los establecimientos educacionales escolares.

El detalle del proyecto se conocerá cuando ingrese a la Cámara de Diputados este martes, pero los grandes ejes anunciados ya dan luces de no dejar contentos a todos.

Andrés Fielbaum, ex presidente de la Fech, aseguró que aunque el contenido de los proyectos se estaba conociendo desde antes, “lo lamentable es que los movimientos y organizaciones sociales tienen que enterarse por la prensa, y no son consideradas a la hora de llevar una discusión de qué medidas hay que llevar a cabo”, y agrega que ello “genera posiciones ambiguas, donde el Gobierno hace un equilibrio entre varias opciones más que asegurar a la educación como un derecho”.

Fielbaum afirmó que no hay una postura clara respecto de cómo afectará el fin de la selección a los liceos emblemático “ni cómo se logrará que el resto de los liceos tengan los mismos niveles de exigencia”, y señaló que “la respuesta a la pregunta más importante, que es que si ese va a regular el mercado o realmente lo va a desmantelar, termina siendo algo intermedio que toma más opción por regular en vez de desmantelar”.

El ex presidente de la Fech reconoció que “estas leyes son mejores de lo que había antes pero se está dejando pasar una oportunidad histórica de realmente hacer una cirugía mayor”, y agregó que “el movimiento estudiantil no se pierde, y sabe donde hay derechos no puede haber un negocio, por lo que el fin al lucro debiese ser en todo el sistema”.

Por su parte, Fernando Atria, abogado que integró la comisión de constitución durante el periodo de campaña de Michelle Bachelet, valoró los anuncios hechos en la materia y aseguró que significan el fin de mercado educativo.

“Creo que efectivamente son cuestiones centrales, y es importante comenzar con ellas. Porque si no se puede ofrecer educación con fines de lucro, no se puede cobrar dinero privado, y además no se puede seleccionar, lo que quiere decir es que deja de haber un mercado educacional”, afirmó.

Para Atria, la fórmula que se anunció para terminar con el financiamiento compartido, “es progresiva y no producirá ningún cambio inmediato, pero diría que es adecuada”, y agregó que otras alternativas, como el pago inmediato de la máxima subvención, “sería inviable”.

“Es razonable que el proceso de término del financiamiento compartido pueda ir mano a mano con un proceso de inversión y fortalecimiento de la educación pública. Eso no está incluido en esta primera etapa, pero la idea del rescate y fortalecimiento, que debería ser de emergencia, es una de las cosas que están contempladas para que vengan pronto”, afirmó Atria.

Para el autor de “Neoliberalismo con rostro humano”, el término de la selección escolar “no debe aplicar tal cual para la educación universitaria, y por la simple razón de que la educación escolar pretende llegar a todos, y la superior no tiene siquiera esa pretensión”, y agrega que “las formas de selección de la educación superior serían inaceptables para la educación escolar”.

Finalmente, Atria defendió el diseño de la agenda legislativa del gobierno, “porque no creo que haya un problema significativo y me parece que es razonable haber comenzando con la reforma tributaria. La derecha puede decir que es como si fuera un cheque en blanco porque no se sabe en lo que se va a gastar, pero está claro que los programas que se van a realizar van a requerir esos fondos”, señaló y agregó que “incluso la pregunta es si serán suficientes”, concluyó.