No es la primera vez que un miembro de la policía chilena es vinculado a excesos en la detención de mujeres, niñas o estudiantes. En esta ocasión, las imágenes de la detención de un grupo de alumnas de la Universidad Arcis que este jueves llegaron a manifestarse frente a La Moneda, captaron la atención de muchos por un claro detalle: la mano de un uniformado tocando de lleno el seno izquierdo de una de las universitarias.

Desde el 2011, cuando se reactivaron las manifestaciones políticas y estudiantiles en las calles de Chile, una serie de denuncias de la misma índole comenzaron a salir a la luz. Insultos, agarrones, desnudez forzada en las comisarías y hasta golpes en la vagina fueron los abusos que numerosas estudiantes dieron a conocer. Todos ellos, amparados en escenarios de detenciones a causa de protestas o irrupciones políticas en el espacio público.

En Santiago, Rancagua, Calama y Antofagasta ya se han denunciado tocaciones indebidas, golpes y amenazas sufridas al interior de vehículos policiales o al llegar a las comisarías.

Según Daniela López, ex candidata a diputada de Izquierda Autónoma y feminista, “es absolutamente repudiable. De hecho, nosotros hace mucho tiempo que estamos hablando de cómo hay un abuso directamente hacia las niñas, un abuso de género de parte de instituciones que supuestamente las deben proteger”.

A la hora de establecer responsabilidades, sin embargo, se presentan los primeros obstáculos: la mayor parte de estos casos pasan a sumarios administrativos –donde los procesos son de carácter secreto- y no logran mayores repercusiones. Así, con el camino obstaculizado por la justicia y expuestas ante el abuso de poder, mujeres y niñas viven violencia de género de parte de los mismos uniformados.

Insultos, tocaciones y desnudos forzados

Durante el 2011, y tras varios capítulos de abuso policial en manifestaciones estudiantiles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró públicamente su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en contra de las personas, entre las que se incluían menores de edad.

“Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”, recordaron.

Según la abogada Daniela Quintanilla, de Corporación Humanas, la mayoría de estos casos tienen el mismo escenario y protagonistas: “Hemos recibido muchas denuncias respecto de los tratos y los excesos en general que ocurren en el contexto de las manifestaciones y detenciones. Son contexto que propician la impunidad porque en general los agentes de Fuerzas Especiales actúan con cascos, sin ninguna identificación visible. En general, actúan en contexto de tumultos y alteraciones que dan pie para que ocurran excesos en los procedimientos”.

Quintanilla aseguró que el perfil común de denuncia es de uso excesivo de fuerza, en el caso de varones, y con un “contexto sexual bastante evidente” en el caso de las mujeres y niñas. En opinión de los especialistas, este tipo de violencia sexual pretende tener un impacto en las víctimas que logre hacerles cuestionar su participación en las protestas.

Durante el 2011, Marta Cisternas, fonoaudióloga de profesión e integrante del Consejo Consultivo de la Casa Memoria José Domingo Cañas, señaló: “Hemos sido testigos de golpizas a niños de 13 años, escuchado insultos como ‘córranse putitas’ e incluso tenemos registrado cuando un superior le dice a un carabinero que ‘les levanten las faldas a las mujeres’ durante las protestas”.

En el mismo año se interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto por una estudiante univesitaria que fue obligada a desnudarse completamente en el baño de una comisaría, apremiada por dos funcionarias que la amenazaron con golpearla si no lo hacía. Además, fue obligada a hacer ejercicios mientras se encontraba desnuda.

Según lo indicado en su momento por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, más de 25 denuncias fueron vinculadas al tema. En dicha época, el entonces ministro Chadwick señaló que “si llegase a ser verídica una situación de abuso o de situación sexual, hecha por un carabinero o hecha por cualquier persona en cualquier circunstancia o situación, pero más aún, si se trata de una persona que está en investida por la ley para ejercer una autoridad, el gobierno será implacable en el ejercicio de las investigaciones y las sanciones”.

Una de las denuncias más graves registradas por Corporación Humanas al respecto fue el caso de una joven estudiante que recibió lumazos en la vagina y denunció que algunos efectivos policiales frotaron sus genitales en su cara y cuerpo mientras se realizaba su traslado a la comisaría, que duró más de tres horas.

Mayoría de casos, sin justicia

Pese a la gravedad de las denuncias, en la actualidad, ni el Estado ni las propias autoridades policiales han parecido demasiado preocupados de concretar medidas al respecto. De hecho, según la abogada de Humanas, la intención de hacer justicia tiene una serie de obstáculos en el camino que las víctimas han preferido evitar.

“En general los jóvenes no están dispuestos a someterse a todo el estrés que significa el procedimiento de investigación. Al ser menores de edad se dificulta mucho poder llevar a cabo las denuncias. Los pocos casos que siguen adelante por voluntad de las víctimas se enfrentan a la dificultad de que muchos pasan a la justicia militar y en ese procedimiento no existe ninguna garantía real, ni se contempla a la víctima como un actor que puede participar en la investigación. Son sumarios secretos que en general termina sin sanciones”, argumentó Quintanilla.

De hecho, de considerar sanciones, éstas son de carácter administrativo y no son conocidas públicamente. Por otra parte, es muy difícil identificar a los agentes responsables y existe poca voluntad política del Ministerio Público como órgano persecutor. “Son investigaciones que mueren y no llegan a una sentencia”, señaló la abogada.

Dichos antecedentes cobran mayor sentido al ser contextualizados en estudios como el reciente informe de Amnistía Internacional, que reveló que casi la mitad de los chilenos declara temer a la posibilidad de ser torturado en caso de detención. Por ello, se ha solicitado la intervención del Ejecutivo y el resto de los poderes del Estado ante este tipo de casos.

La reciente noticia también inspiró la reacción del Observatorio Contra el Acoso Callejero, que hoy señaló al pie de la imagen de la estudiante intimidada por un policía: “No han sido pocos los testimonios que hemos recibido sobre casos de acoso de carabineros en el espacio público, haciendo claro abuso de poder. La institución tiene que hacerse cargo de formarles en el respeto”.

Además, señalaron que repudiar la acción del uniformado que “claramente podría haber evitado tocar los senos de la estudiante de Universidad ARCIS”.