Nadie quedó indiferente ante el reciente caso de una menor de 17 años que se encuentra grave en el Hospital Luis Tisné por practicar un aborto casero. Como una síntesis de la realidad de las mujeres que interrumpen su embarazo en Chile, la joven fue además denunciada por el médico encargado a la policía.

Mientras la menor se encontraba grave en el recinto hospitalario, personal de Carabineros allanó su casa en búsqueda de pruebas. En tanto, los medios de comunicación publicaron la dirección de su casa en las primeras noticias sobre su caso.

Tras conocer los hechos, cientos de personas se indignaron. En las redes sociales, además de la legalización del aborto, los usuarios repudiaron el actuar del médico encargado, la policía y los medios de comunicación. Por ello, convocaron a una manifestación frente al Ministerio de Salud que se concretó hoy, pasada las 13 horas.

En el lugar, más de cincuenta manifestantes se reunieron con pancartas y gritos alusivos al tema. Según Angie Mendoza, vinculada a la Coordinadora Feministas en Lucha, las mujeres han sido constantemente perseguidas por abortar.

“Siempre se ha criminalizado a las mujeres por abortar. Esa es una práctica ilegal porque ella es adolescente, además. Hay una convención de derechos firmada por Chile y no puede ser que el propio ministerio se preste para criminalizar a las mujeres hoy día”, argumentó.

“A los médicos machistas que deciden denunciar / las mujeres les decimos que los vamos a funar”, cantaban las y los manifestantes que llegaron hasta la institución. Pese al paso de los días y a la rapidez de la contingencia noticiosa, el caso de la menor y su aborto clandestino tocó una fibra sensible y dolorosa en gran parte de las mujeres chilenas.

 

El decreto que recomendó no delatar más

Uno de los aspectos más criticados por los manifestantes tiene relación con las prácticas de delación por parte de los médicos que se enfrentan a abortos clandestinos. En la protesta, las mujeres recordaron que, durante el 2009, un decreto firmado por el entonces ministro Álvaro Erazo se pronunció al respecto.

Haciendo referencia a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el decreto, la autoridad sostiene que, aun cuando el aborto es ilegal en Chile, “no corresponde extraer confesiones a las mujeres que requieran atención médica como resultado de un aborto”.

Además, la norma hace hincapié en “los médicos y personal de salud no deben extraer confesiones sobre dicha conducta a las mujeres que requieran atención médica como resultado de dicho ilícito, cuando con ello se vulnera el secreto profesional derivado de la relación de confidencialidad médico-paciente. Dicha relación está especialmente protegida por la ley, cuando ésta establece la facultad de abstenerse de declarar en procesos penales por razones de secreto, tales como en los casos de médicos (art. 303 Código Procesal Penal)”.

Para finalizar, Erazo puntualizó que “la ley también protege la relación médico-paciente y la convierte en un imperativo legal, cuando establece la obligación de guardar secreto en materias que por su naturaleza tengan dicho carácter (art. 61 letra h Estatuto Administrativo)”.

En tanto, pese a que la obligación general es denunciar casos ilícitos, el artículo 247 inciso 2° del Código Penal establece una excepción para estos casos: "El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Las mismas penas se aplicarán a los que ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los secretos que por razón de ella se les hubieren confiado".

 

“Este es un tema de lucas”

Según expusieron las mujeres que protestaron hoy frente al Ministerio de Salud, este es sólo uno de los casos conocidos, ya que miles de mujeres mueren al año por abortos clandestinos.

Además, aseguraron que existe una postura hipócrita por parte de la sociedad y el Estado frente al tema, pues numerosos abortos se practican en Chile en clínicas privadas.

“Ese es un tema de lucas. Nuevamente estamos hablando de desigualdad social, porque cualquier persona que tenga buena situación, al que sus padres o su pololo le puedan pagar, va a tener un aborto súper seguro. Nunca vamos a saber nada, nunca va a llegar a ningún hospital público y nunca nadie la va a acusar. ¿Qué pasa con las niñas que no tienen recursos? Por eso estamos aquí”, explicó Claudia Vladimir, quien participó de la protesta.

En tanto, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) también se hizo presente frente el ministerio. Con cartel en mano, su directora, Alicia Muñoz, señaló que es necesario que las mujeres puedan acudir a pedir ayuda en caso de peligro sin ser denunciadas.

“¿Qué jóvenes de estas, que están aquí, que pueden ser mis nietas, puede atreverse, si está pasando por el riesgo de un aborto clandestino, va a querer acercarse a un hospital si sabe que después te van a denunciar, te van a llevar presa y van a allanar tu casa y vas a sufrir todas las consecuencias, peor que en la dictadura? A eso apelamos. Somos una organización de mujeres y queremos que en este país de una vez se instaure el aborto cuando una mujer quiere decidir sobre su cuerpo”.

Por otra parte, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile exigió que el gobierno envíe pronto un proyecto de ley para comenzar a discutir sobre el aborto en el Parlamento.