Las declaraciones de Nashla Aburman en las que aseguraba que una universidad como en la que ella misma es estudiante, la Pontificia Universidad Católica (PUC), no debía recibir fondos públicos, hicieron resurgir un antiguo pero necesario debate de cara a le Reforma Educacional que se avecina. De inmediato surgieron voces como la del rector de la UDP, Carlos Peña, influyente columnista mercurial, abogando por una definición amplia de lo público que resguardara la diversidad, y que al mismo tiempo tuviera un trato preferente a las universidades estatales.

Ese debate versa fundamentalmente sobre cuáles universidades califican para recibir los fondos públicos que serán destinados a financiar la educación superior de grandes partes de la población que antes no tenían cómo hacerlo. Y hacerlo de manera gratuita.

En esa definición de qué es lo público, el rol de cada universidad parece estar siendo revisado con lupa para sortear de buena forma los cambios que impulsará la Reforma Educacional, y así evitar que se hunda el barco. Y en ese grupo de universidades, las confesionales ocupan un lugar importante en el debate.

Para Sebastián Vicencio, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (FEPUCV), los dichos de Aburman no son aplicables necesariamente a su plantel universitario. “Discrepo con Nashla cuando dice que su universidad no debe recibir fondos del Estado. No lo digo por una apreciación personal, sino porque por ejemplo, la Católica de Valparaíso, si deja de recibir fondos del Estado, como universidad de región y que es muy distinta a la Católica de Santiago, va a ver diezmada totalmente su estabilidad económica y financiera”, plantea.

“En la PUC, la mayoría de sus estudiantes, por su composición socioeconómica, pagan directamente los aranceles a su institución porque tienen los recursos para hacerlo. Acá en la Católica de Valparaíso, alrededor del 80% de la matricula obedece a estudiantes de liceos municipales o particular subvencionados. Evidentemente la estructura económica está basada en las becas, y hay que ser responsables con respecto a cómo se va a ir definiendo la discusión”, explica Vicencio.

Según el dirigente universitario, el debate interno del movimiento estudiantil sobre la materia no está definido y confidencia que actualmente están discutiendo un documento en las asambleas de cada carrera que aportará en esa definición. Y adelanta que como movimiento, deben aportar en la definición de criterios básicos. ”Las universidades que tienen rol público deben ser universidades profundamente democráticas, o sea que los estudiantes y trabajadores tomen decisiones al interior. Y eso puede ser un nuevo criterio que surja del movimiento estudiantil que defina y perfile el rol público. Eso porque la universidades privadas, que son mayoría, no dejan organizarse a sus estudiantes”, explica Vicencio.

En ese proceso de definición, Vicencio asegura que además están decidiendo si “ir o no a dialogar con el ministro, y en qué términos”.

La pelea por la torta estatal para educación

Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago, participó de un debate entre columnistas en el que aseguraba que esto finalmente se trata de cuánto dinero recibirá cada universidad.

Por ello, plantea que la discusión que se reabre desde las universidades privadas, tiene relación más con el cambio que puede experimentar el mercado educativo. “Me llama la atención que haya preocupación y abran la discusión en la cual se ven tan incómodos, porque no hay ninguna lógica ni experiencia en el mundo en la cual se fundamente un mercado educativo completamente pagado por el Estado”, comenta Mayol.

El sociólogo, que ingresó en el debate nacional tras publicar su libro “El derrumbe del modelo”, plantea que en la definición del rol público de universidades privadas, “en ningún caso puede ser pública una universidad privada que tiene grupo controlador, que no elige a sus autoridades democráticamente, que no participa en el fondo de las lógicas del espacio público, que no permite el uso en público de la razón de sus académicos, que controla los dichos y resultados de sus investigaciones. Todo eso no puede ser una universidad pública, y ésa es la discusión que hay que tener a la brevedad”, asegura.

“Las universidades deben cumplir ciertos requisitos, no es que las universidades que no son estatales no puedan ser públicas, pero no puede ser pública una universidad donde el rector lo nombra el Papa, que es el jefe de otro Estado además. Es como que el jefe de Estados Unidos, de Perú, Argentina o Venezuela nombrara a una universidad que está financiada completamente por el Estado de Chile. ¿El poder político lo tiene él y la plata la pone el Estado?, eso no tiene sentido”, analiza Mayol.

Para el académico de la Usach, la experiencia de gratuidad en la educación que comienza a vivir Chile es única en el mundo, ya que de las 70 universidades existentes, la gran mayoría de ellas son privadas, por lo que la discusión sobre quién recibirá más y quién menos fondos es fundamental y debe estar basada en acuerdos básicos. “Las universidades tienen que responder a una lógica cívica, tienen que ser abiertas, pluralistas, públicas, no pueden tener un crucifijo en la sala o promover una religión en particular. Tienen que tener un conjunto de principios genéricos. Pero no pueden ir más lejos de eso”, finaliza el sociológo.