Terminó la administración Piñera y mientras el nuevo gobierno desempaca sus maletas abundan las reflexiones y críticas en torno al legado de la administración saliente. En términos económicos, sin duda, uno de los hitos fue la aprobación de la Ley de Pesca. Luego de años de batallas políticas, ideológicas y técnicas, finalmente los privados ganaron y los ciudadanos perdieron. Aquellos que históricamente han controlado el sector obtuvieron su premio en la ‘pesca milagrosa’. Ya habían logrado quedarse con la renta pesquera por 10 años con la aprobación de la denominada Ley corta durante el gobierno de Lagos (2001), pero con Piñera recibieron el premio mayor. Lograron que el Estado chileno les regalara la renta pesquera a perpetuidad.

En la práctica, siete familias se embolsarán sólo durante la próxima década una cifra estimada en cerca de US$ 600 millones. Con tan atractivo número no fue de extrañar que buscaran todo tipo de artilugios para garantizar los votos necesarios en el parlamento. La divulgación de ‘aportes económicos’ por parte de privados a parlamentarios (como en el caso de la diputada Isasi) fue solo una pequeña muestra del no tan solapado lobby en favor del poder económico pesquero.

Los impulsores de este regalo son los mismos que han rechazado la gratuidad en la educación argumentando que sería injusto otorgarla para aquellos estudiantes pertenecientes a hogares con ingresos altos. Pero no es injusto que los recursos económicos de todos los chilenos (como los peces) los acaparen indefinidamente un puñado de empresas.

Que nos quede claro, los recursos están, son ‘nuestros’, pero aquellos que han alcanzado el poder político quieren (y otros han sido incentivados a) creer que es mejor para nuestra economía ceder nuestras riquezas para lograr estabilidad en el sector pesquero. Mientras, los trabajadores/as deben ingeniárselas para llegar a fin de mes pagando por derechos como la educación y salud como si fueran bienes corrientes, como un teléfono celular o una camisa. Peor aún, para muchos, acceder a una buena atención de salud o un buen colegio se ha transformado en un lujo de precios prohibitivos.

Por otra parte, previo e inmediatamente después de aprobada la normativa, hubo variadas reacciones y declaraciones cruzadas efectuadas por actores involucrados o conocedores del sector. Pero a poco más de un año de aprobada la Ley de Pesca, el país se enteró que el Tribunal de la Haya falló otorgando una parte de nuestro mar al vecino Perú. Y en nuestra particular idiosincrasia no fueron pocas las manifestaciones públicas de rechazo de todo tipo, algunas con ribetes chovinistas y otras directamente racistas. Se estaban ‘apropiando’ de algo que era nuestro.

Parte importante de la ciudadanía se sintió perjudicada por la pérdida de ese pedazo de mar, pero al parecer todavía no se enteraron que de toda la riqueza asociada a las pesquerías que habitan en nuestra zona económica exclusiva no han recibido ni recibirán un solo peso. Agreguemos a esto que la fracción de mar perdida, contribuye y contribuirá marginalmente en recursos económicos a quien la explote, a menos que encuentren petróleo en su fondo o algo parecido. En lo que compete al acceso de bienes públicos de calidad o a la garantía de derechos parece más lógico ir a la Plaza de Armas a mostrar el descontento por hacer más ricos a los ricos con los recursos de todos que gritar y mostrar pancartas en contra del pueblo peruano.

Pero volviendo al tema regulatorio, el enfoque político y económico del sector pesquero en los gobiernos pasados y en particular en el de Piñera han apuntado, en general, en dirección opuesta a lo que la sustentabilidad sugeriría. Han cedido la renta a los más ricos profundizando la desigualdad e impidiendo convertir esos recursos en inversión pública o gasto social. Sumemos a esto la debilitada relación con Perú y las mayores dificultades para alcanzar en un futuro próximo acuerdos por una explotación pesquera más sustentable y beneficiosa para ambos países. Pensando en que los peces no conocen de límites y transitan por el Pacífico sin pasaporte, se requeriría estudiar políticas binacionales considerando el movimiento natural de las pesquerías.

Hay, sin embargo, algo rescatable de la ley. Finalmente las cuotas de pesca serán otorgadas sobre la base de argumentos científicos, eliminando la anterior figura que permitía el arbitrio de agentes involucrados en la propia actividad y que año a año sucumbían ante las presiones entregando cuotas superiores a la que las pesquerías podían soportar, generando el colapso de varias de ellas. Esto permitirá manejar el sector con ciertos criterios de sustentabilidad, impidiendo calamidades como la que hoy viven pesquerías como el jurel y la merluza común. Para esta última, quizás la más emblemática para la pesca artesanal, la situación se ha transformado en un verdadero drama.

En el presente año y como consecuencia de años de sobreexplotación, la cuota total de la merluza común se fijó en 19 mil toneladas, menos de la mitad de la otorgada el año pasado. Los peces están desapareciendo y con ellos el sustento de miles de familias. Y no sólo para los artesanales. Recientemente la fusión de operaciones de los industriales Blumar y Bío Bío significó el despido de 400 personas, 90% mujeres según declaró Paola Sanhueza, directora del Sindicato Nº 1 de Blumar.

Sin duda fijar la cuota pesquera bajo aspectos técnicos es un avance, no obstante, en materia de pesca el gobierno de Piñera será recordado por la indefendible e injusta ley que le permitió a un grupo de familia quedarse con la renta pesquera con un eterno ‘vale otro’.