Cada cierto tiempo se ponen de relieve hechos que hacen dudar de elementos centrales de nuestro sistema de convivencia. La verdad es que la clarinada de alerta suena por la resonancia de los medios de comunicación, pero el vicio está siempre presente. Esta vez es por la presencia en Santiago de algunos mandatarios extranjeros. Y, especialmente, porque en la transmisión del mando de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet estará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde hace semanas, los medios han cargado su vara condenatoria sobre el venezolano. Se le acusa de no respetar los Derechos Humanos. De ser el causante de una tensa situación que conmueve a su país. Algo similar a lo que se hacía con Hugo Chávez, ex coronel que tuvo la osadía de declararse socialista, fundar la República Bolivariana de Venezuela, enfrentar el poder de los EE.UU., de la oligarquía interna, de las transnacionales. Y para ello recibió el respaldo de sus electores, reeligiéndolo desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 5 de marzo de 2013, cuando murió. Maduro lo reemplazó en el cargo, ganando una elección -cuyo resultado fue avalado por organismos internacionales- por estrecho margen y que la oposición no ha reconocido.

Pero el “caso Maduro” no es más que el episodio del momento. Debido a su repercusión, se utiliza el argumento del atropello a los DD.HH. Una cuestión que tiene una dimensión objetiva, pero que cada quien se las arregla para torcerla a su conveniencia. Por otra parte, nadie podría negar que el reconocimiento de los DD.HH., como valor supremo en la convivencia, es un paso adelante en la madurez humana. Es un logro valórico trascendente. Sin embargo, su propio peso y la opacidad de la estructura valórica de la política, lo hacen pasto de intereses bastardos.

Y como el tema es tan utilizado, vale la pena intentar desmenuzarlo.

Primero. Reconozcamos que hoy la política es básicamente mediática. Por tanto, lo que produce impacto a través de los medios, eso es lo que dicen los políticos. Erigirse como defensor de los DD.HH. es positivo. Que ello sea o no coherente con lo que plantean habitualmente, es cuestión secundaria. Quien utiliza el argumento de los DD.HH. lo hace porque es una herramienta que tiene un gran contenido emocional. Y los puntos mediáticos suben por la manipulación de las emociones.

Segundo. Los DD.HH. tienen categorías. El derecho a la vida está en un primer lugar. De allí que cuando se quiere atacar a un enemigo, lo primero que se hace es acusarlo de que está segando vidas. Y si es gobierno, que lo está haciendo utilizando el poder del Estado, ya sea abierta o encubiertamente.

Tercero. La vida en sociedad no es una tabla rasa en que no existan obstáculos para desarrollar la existencia. El poder se ejerce de distintas maneras, pero una de ellas es manipulando conciencias. Transformando al ciudadano en consumidor, por ejemplo. Para lo cual es necesario contar con el control férreo de los medios de comunicación.

A Maduro se le acusa de cercenar la libertad de información. Es cierto que ha cerrado medios privados que atacaban su experiencia. Pero en eso no hace nada original. Incluso hay países como el nuestro en que no es el gobierno el que cercena la libertad de información. Son los grupos de poder económicos los que manejan la TV, la radio y los periódicos. Lo hacen a través de la propiedad directa y a través de la publicidad. El Estado juega aquí un papel absolutamente contrario al fortalecimiento de la diversidad informativa. Prácticamente subvenciona a los medios privados. Especialmente a los de mayor impacto. Y lo hace directa o indirectamente vía rebaja de impuestos y por publicidad. Incluso acaba de cerrar el único medio escrito estatal, el diario La Nación.

En cuanto al juego político desembozado, va de una a otra banda. Están las declaraciones de personajes como el vicepresidente de los EE.UU., Joe Biden. Afirma, en entrevista exclusiva con el diario El Mercurio, que la situación en Venezuela “no está a la altura de los estándares democráticos que define la mayoría de nuestro hemisferio”. Biden olvidó la objetividad. Olvidó la cárcel de Guantánamo, las intromisiones en Libia, en Irak, en Afganistán, en Siria, para citar sólo las últimas. Olvidó el escándalo de la intervención de las comunicaciones a nivel mundial, las cárceles secretas de la CIA en Europa. Igual como en Chile, personeros de la Unión Demócrata Independiente (UDI) aparecen como adalides de la democracia y aún no renuncian a defender la dictadura del general Pinochet. Y cómo olvidar las críticas de socialdemócratas y democratacristianos que avalaban gobiernos de esas tendencias en Venezuela y que fueron responsables de la destrucción del sistema de partidos debido a la tolerancia de grados máximos de corrupción. O que son indiferentes con lo que ocurre en Rusia. Y aquellos que desde la izquierda más conservadora, defienden el comportamiento, en materia de DD.HH., de regímenes como el de Corea del Norte, de Cuba o de China.

Incluso, no se puede olvidar que con la madurez humana, ahora las instituciones también tienen que rendir cuentas. Ya la Iglesia Católica no se puede esconder bajo el ropaje deísta para ocultar abusos sexuales contra menores. Pero sobre ello nada dicen partidos como la UDI o la Democracia Cristiana. Y Ricardo Ezzati, recientemente ungido cardenal, se ha dado el lujo de dictar cátedra en esta materia. Aunque cuando debió actuar, siendo Provincial Salesiano, ocultó delitos de sus subordinados.

Si a alguien le sirve de consuelo, esto no ocurre sólo en Chile. Cuando el juez Garzón quiso juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades españolas durante el franquismo, fue defenestrado.

Nicolás Maduro es un detalle. Un detalle del momento. El verdadero problema es la desvergüenza con que se tratan los problemas valóricos en la arena política. Y como se transan día a día en el bazar a que lleva todo el poder económico imperante.