La argumentación del tribunal se construyó en tres partes que condujeron hacia el fallo salomónico. En la primera, se desestimó una de las bases de la posición chilena, al sostener que la declaración de 1952 no podía ser considerado un tratado sobre límites marítimos. "No convence el argumento de Chile que el artículo cuarto (de la declaración de 1952) se considera para delimitar la totalidad de las fronteras de los Estados partes (...). En su significado ordinario interpretado, no va más allá que establecer un acuerdo en ciertas zonas insulares con aquellas que colindan con ambos países".

En la segunda parte, Tomka reivindicó la posición chilena respecto al convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954, firmado por Chile, Perú y Ecuador. En él se estima que el hecho de que Perú la haya reconocido tácitamente como una delimitación marítima constituye “frontera a todo evento”.

En la tercera parte, se afirmó que aunque quedaba establecida como frontera el límite marítimo en una paralela a partir del Hito 1, ésta no podía acreditarse hasta más allá de 80 millas, por lo que a partir de ese punto, y siguiendo la jurisprudencia internacional en boga, se establecía una bisectriz hasta el límite de las 200 millas marítimas.

El fallo, que fue recibido con moderado beneplácito en ambos países, se produjo en medio de un clima de normalidad absoluta. En Chile, y salvo un puñado de individuos que enarbolaron banderas chilenas en la Plaza de Armas, lugar tradicional de la comunidad peruana residente en el país, el resto de la jornada se desarrolló normalmente. Lo mismo sucedió en Arica, donde el comercio abrió con normalidad y no se han producido mayores reuniones de personas.

Por de pronto, los pescadores artesanales de Arica resumieron su sentir con un “pensábamos que iba a ser peor”, puesto que sus actividades se concentran en la zona que ha sido zanjada como chilena. Los principales perjudicados, en cambio, son los grandes armadores, cuya propiedad mayoritaria está en manos del Grupo Angelini a través de la pesquera Eperva, posición a la que llegaron luego de adjudicarse la gran mayoría de las cuotas en una ley que contó con el entusiasta impulso de los entonces senadores demócrata cristianos, Andrés y Adolfo Zaldívar.