por Felípe Ramírez. Secretario General de la FECH

Las movilizaciones sociales de diversa índole fueron un espectáculo más o menos cotidiano en el país de hace unos años. Pero el carácter del retorno a la democracia temió de la participación de la ciudadanía y sus ideólogos evitaron tolerar la expresión en la calle del pueblo. El “pingu?inazo” de los secundarios en 2006 intentó romper esa tranca del Estado. Sin embargo, no fue hasta mayo de 2011, con las primeras marchas multitudinarias en contra del proyecto HidroAysén, a nivel nacional, cuando se logra creer en la posibilidad de lograr avances reales a partir de la movilización. Las 100 mil personas que se concentran en las primeras marchas impulsan demandas dirigidas no sólo a derribar el proyecto hidroeléctrico, sino también transformaciones a la matriz energética del país, a la generación de gobiernos regionales democráticos y, más aún, a rechazar la lógica del sistema político-económico imperante. Inmediatamente, fueron los estudiantes los que remecieron al país, llegando a 200 mil convocados en Santiago y 500 mil a nivel nacional tan sólo en una tarde. De nuevo, las demandas iniciales fueron superadas, incorporando una crítica al modelo educativo neoliberal, exigiendo fin al lucro y al endeudamiento, reforma tributaria o renacionalización de los recursos naturales. De esta forma, las demandas sectoriales dieron pie a la construcción de un movimiento cuyas críticas al modelo apuntaron a algunos de sus cimientos: el endeudamiento como lógica de consumo, los derechos sociales transformados en bienes transables en el mercado y una estructura tributaria regresiva. Tanto las protestas ambientales como las estudiantiles eran parte del mismo malestar, que representa no sólo a estudiantes y ecologistas sino a la mayoría de los chilenos. Es en ese contexto que cobró relevancia la participación de organizaciones sindicales en las protestas estudiantiles; sean los trabajadores del cobre, que marcharon en Santiago, o los trabajadores portuarios que paralizaron turnos en las jornadas de protesta de la Confech. Ello demuestra una concordancia entre distintos actores que no se veía desde la dictadura. La política retornó, con fuerza, a ser un tema de discusión de los chilenos de y en la calle, generándose por primera un ambiente en el que quedó claro que plantear críticas profundas al modelo no era propio de la “ultraizquierda”, sino una postura compartida por grandes franjas de la población. Así, la política representativa ejercida en el gobierno y Parlamento no ha podido deslegitimar las propuestas ciudadanas, surgidas de estudiantes, ecologistas, asambleas cívicas y ciudadanía de a pie, porque la política se trasladó a la calle. Luchas regionales como las desarrolladas en Aysén, Calama, Arica, Freirina y ahora Arauco lo demuestran, legitimándose la protesta callejera como medio para enfrentar a un Estado intransigente ante las demandas sociales. Pero no hay que engañarse. El gobierno no ha dado pie atrás en su agenda y todas sus propuestas apuntan a profundizar aquello tan criticado en 2011. El ministro de Educación plantea una serie de medidas que en lo central buscan legitimar el lucro y el endeudamiento mientras no hay ninguna mejora para las universidades estatales, al mismo tiempo que el gobierno intenta promover la flexibilidad laboral, hace ver que HidroAysén se debe aprobar y regala el litio a los capitales extranjeros. En un año electoral, con tantos intereses cruzados, y tantas movilizaciones desarrollándose de manera paralela, una lección importante entrega lo sucedido en 2011: la protesta y la organización son las herramientas principales para cualquier avance en las demandas de la gente. Para que éstas tengan fuerza real, cada uno debe participar y hacerse cargo de ellas. La responsabilidad final no es de los dirigentes, sino de todos. Los que iniciaron las marchas en contra de HidroAysén lo demostraron.