La institucionalización de la precariedad es una nueva forma de ataque del gobierno de Sebastián Piñera a la sociedad chilena. La potencia de la normalización con que la obediencia, la deuda y la docilidad construyen nuestro cotidiano ha permitido al gobierno operar con un descriterio y despropósito en la formación de una política laboral, ambiental, social y económica.

El sentido común conformista, junto con la falta de una política alternativa que consagre una defensa activa de la sociedad, se ha traducido hoy en un malestar y anomia social. Este malestar es producto de las violencias que se ejercen al tensionar las formas de vida producidas por el mismo neoliberalismo, vidas las cuales van exigiendo estructuralmente abrir nuevas dimensiones de bienestar y protección social ante la inestabilidad y la indefensión.

Sin embargo, en vez de responder política y legislativamente desde la reconstitución solidaria de la sociedad chilena, nos encontramos nuevamente con una provocación y amenaza a las precarias condiciones de seguridad obtenidas históricamente en la batalla contra la incertidumbre de la vida. La tendencia a la precarización se ramifica, y el gobierno no duda en integrar nuevos dispositivos en materia laboral, colocando la modernización como discurso y herramienta de legitimación de una grosera y cavernaria ofensiva por consolidarse como bloque en el poder.

Esta ofensiva es multifrontal, mientras que las reacciones son atómicas y desconexas. La precariedad se cuela a través de ellas, y obstaculiza las mismas posibilidades de confluencia. Por ello, el gobierno insiste en la precarización como un debilitador de la producción de colectividades y de soportes de conservación de posibilidades de identificación. Se intenta ahogar la emergencia de una nueva conciencia que entienda lo importante de vivir y actuar colectiva y solidariamente.

Por ello, hoy el gobierno nos sorprende con una nueva muestra de sus intenciones de remodelar socialmente la vida y el trabajo: proyecto de flexibilización de la jornada. Mientras globalmente las discusiones apuntan a rebajar las jornadas laborales Piñera nos lleva un nivel más allá del mantra dóxico del neoliberalismo. Habría que agregar que la jornada laboral chilena se encuentra entre las más extensas del mundo y en el quinto lugar en la OCDE con 1974 horas promedio trabajadas por persona anualmente.

Hace tiempo que las ideas del gobierno en materia laboral proceden de un copiar-pegar de las iniciativas republicanas en Estados Unidos, lo cual muestra la decadencia de la formulación y creatividad propia del gobierno, además de su dependencia política e ideológica. Su discurso de “modernización” en una vil repetición del cacareo seudo-intelectual de una sociedad en descomposición y crisis como la estadounidense. Las recetas del Senador Allamand y la política de “precarizar para emplear” se vuelven navajas de doble filo a la hora de considerar el bienestar social.

¿Queremos vivir nuestro propio sueño americano chileno? Las condiciones de precariedad que se generan en los espacios de trabajo hablan de la reproducción de biografías que cada vez más son llevadas al límite de lo vivible, de lo soportable, de lo auto-exigible. Piñera amenaza con destruir socialmente estos límites, abriendo oportunidades. Este nuevo sujeto de oportunidades es el sujeto que cae presa del popular fascismo, de su concepción de “el otro como flojo”, de exigirse al sacrificio por su hogar, de convertirse en una máquina para finalmente “reventar motor” y convertirse en un productor de resentimiento, desconfianza y odio hacia la sociedad.

Piñera quiere un modelo de control. La precariedad es su estrategia preferida. La carencia vuelve domesticable a las personas. Es una cuestión histórica. Pero también es histórico que puede volverles agresivos y proveerles de un motivo para despertar y luchar. La compatibilización de vida y trabajo no pasa por restructurar los tiempos de trabajo, pasa por una baja en las horas de trabajo, ya que sino tendremos la promoción de regímenes de empleo de larga prolongación con grandes consecuencias para la salud, vida y las labores de cuidado.

Es necesario que este proyecto juega con fuego. Mientras el gobierno asedia militarmente a Puchuncaví, a Quipué y el Wallmapu, amenaza a nuestros lugares de trabajo, a nuestras pensiones, a nuestra sexualidad, a nuestrxs cuerpxs, a nuestras vidas. Algo subterráneo se está incubando socialmente, y al igual que en el 2011, al gobierno no le será tan fácil apagar una hoguera que hoy comienza a arder para defender la sociedad.