En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este 27 de septiembre 15 países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales –más conocido como Acuerdo de Escazú-, instancia de la que el Gobierno chileno decidió restarse por razones que el país aún desconoce.

Por este motivo, las ONG’s Fundación Terram, ONG FIMA, Codeff, Observatorio Ciudadano y la Amnistía Internacional; el senador Alfonso De Urresti y la diputada Catalina Pérez, expresaron su molestia en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el ex Congreso Nacional.

Las organizaciones y parlamentarios presentaron los principales puntos de la declaración pública, que entre ayer y hoy han firmado más de 2000 personas y organizaciones, para expresar su inconformidad y preocupación por la pésima señal que significa no firmar el acuerdo que desde el año 2012 nuestro país impulsó y lideró, advirtiendo que “mientras más se demore el Gobierno (en suscribir), más adhesiones vamos a tener”, enfatizó Ximena Salinas, Presidenta de Codeff.

Chile posterga firma a Escazú

La decisión de postergar la firma del Acuerdo fue anunciada este lunes por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sorprendiendo a toda la ciudadanía involucrada en el proceso, ya que el recién pasado 7 de junio Chile junto a Costa Rica, como co-presidentes de la negociación del acuerdo, hicieron un llamado al resto de las naciones de la región para una pronta firma del acuerdo, acción que, tal como lo habían comprometido, 12 países llevaron a cabo esta mañana en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló que la decisión del Gobierno “nos parece profundamente preocupante, sobre todo frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socio-ambientales son una de las preocupaciones principales que debiera tener”.

Por su parte, el senador De Urresti señaló que es “inadmisible” que el Estado de Chile  se reste de este tratado en último minuto, ya que el impulso de este acuerdo es fruto de un esfuerzo realizado desde 2012 –durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, seguido por la administración de Bachelet y este año por la nueva administración Piñera-, “siguiendo una línea de continuidad por parte de Cancillería y los propios ministerios (…) Creo que Chile no solo pierde una oportunidad, si no que el Estado de Chile y sus instituciones quedan totalmente desacreditadas a nivel internacional y creo que en eso la cancillería tiene que dar una explicación”, finalizó el parlamentario.

Una falta a los derechos humanos y al medio ambiente

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es abogar por los derechos de acceso –a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales-, garantizando así la Democracia Ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Ana Piquer de Amnistía Internacional resaltó que “este tratado no está creando derechos nuevos, sino que lo que está haciendo es reconocer derechos básicos: el derecho a la información, a la participación política, al acceso a la justicia, dándole una especificidad a los temas ambientales en un contexto mundial en que la defensa y la protección del medio ambiente es un asunto de urgencia”.

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, puso el foco en la contradicción del Gobierno de Chile al manifestar “su convicción de mantener y garantizar los derechos que están en el convenio 169 de la OIT y que, por otro lado, niegue un tratado (Acuerdo de Escazú) que refuerza estos derechos y que igualmente menciona a este tratado internacional de la OIT”.

Esto debido a que este acuerdo destaca, entre otros temas, por ser el primer tratado internacional que busca dar protección oportuna a grupos y personas que defienden el medio ambiente. Dejar de firmar el tratado, según Acevedo es “preocupante ante la situación de los defensores/as ambientales vinculados/as a pueblos indígenas. Tenemos la reciente aprobación del recurso de amparo a la abogada Karina Riquelme, tenemos la situación de Macarena Valdés que debe ser aclarada, casos de personas no indígenas como los defensores del agua de Modatima” quienes han sido amenazados por desempeñar sus respectivos roles ambientales en Chile.

Las Zonas de Sacrificio y el acceso a la Justicia Ambiental en Chile

Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la crisis ambiental vivida en la Bahía de Quintero durante el último mes demuestra porqué es necesario seguir avanzando en los derechos de acceso que busca garantizar este tratado, ya que “la gente de esa zona hace más de un mes que vive episodios críticos de contaminación y eso es nocivo para sus derechos humanos". Según Liberona este acuerdo “si bien no tiene un efecto inmediato en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, Justicia Ambiental y no discriminación que es lo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio”.