A principios de agosto el gobierno presentó en el Senado una propuesta para derogar la “Ley del Cobre” y reemplazarla por un nuevo sistema de financiamiento para la compra de material militar. Con la excusa de derogar esta ley, que ha sido criticada por implicar un financiamiento militar fuera del control parlamentario, esta propuesta busca garantizar un piso mínimo para la adquisición de material militar a través de dos mecanismos: el “Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas” (FPCE) y el “Fondo de Contingencia Estratégica” (FCE). De esta manera, el gobierno busca consolidar un mecanismo de financiamiento militar sin una adecuada fiscalización por parte del Congreso, demostrando una vez más que desde la derecha se ha tendido a “comprar” la lealtad militar a costa de debilitar el control civil de la Defensa.

En realidad no es un proyecto nuevo, sino que reflota uno presentado en 2011, cuando el ministro de Defensa era Andrés Allamand, cuya tramitación se suspendió en 2013 ante la falta de apoyo parlamentario. Las críticas a este proyecto son muchas, pero podemos destacar tres aspectos. En primer lugar uno de carácter económico, ya que aumenta el gasto militar porque el propuesto del FPCE no puede ser menor al 70% del promedio que ha dado la Ley del Cobre entre 2010 y 2017 (años en que el precio internacional del cobre alcanzó niveles muy altos). Así el FPCE sería cercano a los U$450 millones anuales (frente a los casi U$360 millones que implica actualmente la Ley del Cobre), con lo cual el gasto en Defensa sería incluso mayor que el que tenemos hoy en día. Además, a diferencia de la Ley del Cobre, que hacía depender este piso financiero de las erráticas fluctuaciones del precio internacional del mineral, ahora se fija por periodos plurianuales (de cuatro años), haciendo que el fisco absorba el problema de los vaivenes económicos. Un segundo aspecto importante es que estos pisos de financiamiento incentivan un gasto armamentístico que solo puede justificarse manteniendo una visión estratégica agresiva ante los vecinos, lo que supone un contrasentido tras los acuerdos fronterizos establecidos con Perú y en vez de aprovechar los “dividendos de la paz”, terminemos aumentado el gasto militar. Un tercer tipo de crítica a este proyecto se centra en el ámbito institucional, ya que con la propuesta del gobierno debilita aún más las capacidades fiscalizadoras del Congreso y el Ministerio de Defensa, ya que la decisión respecto a las compras radicaría en cada una de la tres ramas castrenses, lo cual incrementa el ya alto grado de autonomía de las FFAA. En definitiva todos estos aspectos ponen en cuestión la posibilidad de establecer un real control civil sobre la Defensa[1].

Cabe entonces preguntarse por qué desde la derecha se plantea una propuesta de estas características. Aquí surge un aspecto político preocupante y es que el proyecto representa la proyección de la histórica alianza entre la derecha y los militares. Hay que recordar que en su primer gobierno, Piñera había debilitado esta alianza con sus intentos de renegar de la dictadura y dar gestos en materia de derechos humanos (p.e. cierre del penal Cordillera). Esto le supuso fuertes críticas desde el mundo militar, que se reflejaron durante la última campaña presidencial. En este sentido, la presentación de esta reforma vendría a recomponer la alianza con los militares por parte de Piñera, dándoles lo que realmente quieren: mantener su autonomía financiera y administrativa respecto a las “injerencias” del mundo político.

La derecha está dispuesta a sacrificar la institucionalidad democrática porque para ella el control civil radica más en el control ideológico reproducido por los permanentes contactos sociales y políticos entre ambos mundos (como por ejemplo los cursos de reservistas VIP o la incorporación de ex militares como parlamentarios de los partido de derecha, como actualmente es diputado de RN el ex marino Kenneth Pugh). Dado que para la derecha el control de las instituciones militares se juega en un plano distinto al institucional, no tiene ningún problema en dejar los temas de la Defensa en manos de los militares. Les tienen confianza porque los conocen gracias a los estrechos vínculos que mantienen.

Si se pretende que alguna vez pueda haber un real control civil y democrático sobre la Defensa es necesario desmontar esta alianza. Evidentemente no va a ser fácil y exige tener en cuenta varios elementos. Primero, entender que esta alianza no es algo “natural”, sino que es una construcción histórica (incluso anterior a la dictadura) por lo que ser militar no tiene por qué ser sinónimo de derecha. No olvidemos que no fueron pocos los que se opusieron al golpe y pagaron muy caro su lealtad al régimen democrático.

Un segundo elemento a tomar en cuenta es que aún es necesario consolidar las instituciones que requiere el control civil, es decir, avanzar en la modernización del Ministerio de Defensa (dotándolo de mayores capacidades de fiscalización y planeamiento estratégico), así como también del Congreso (dotándolo de mayores atribuciones fiscalizadoras, pero también de capacidad técnica para analizar estos temas). Pero esta estrategia de la derecha nos enseña que no basta solo con el control institucional, este es imprescindible, pero debe ir acompañado de algo más, si se quiere desmontar esta alianza política hay que trabajar también en el mismo plano en la que esta se reproduce, es decir el de la vinculación política y social de los militares.

Por otro lado, es necesario ampliar el campo de discusión de la Defensa como política pública de un Estado democrático, incorporando la visión de muchos otros actores sociales. Este tema no puede seguir siendo un cuasimonopolio de militares porque, como planteábamos antes, la política de Defensa afecta a toda la sociedad. Uno de las instituciones esenciales para realizar esta labor es el Congreso, como el principal espacio de representatividad de la diversidad política. Sin embargo, con la reforma que se está proponiendo desde la derecha se bloquea esta posibilidad y le entrega a los militares el control de la discusión respecto a los temas de la Defensa.

En cuarto lugar, la desarticulación de la alianza derecha-militares exige transformar el mundo militar y su estructura valórica. Esto no significa atacar, subvertir, ni mucho menos, destruir a las FFAA, sino simplemente democratizar las instituciones haciéndolas más acordes al régimen democrático. Esto implica, por ejemplo, preocuparse por la formación ética y política de los militares (no solo en el plano curricular, sino también en su vida diaria dentro de la institución); abrir la institución a una mayor diversidad de sectores sociales; suprimir elitismo clasistas entre los estamentos militares; entre muchas otras.

Por último, en ningún caso esto significa que se busque instaurar en reemplazo una suerte de alianza izquierda-militares. Esto no nos acercaría a un efectivo control civil y democrático de la Defensa porque mantendría a los militares como un actor político, con objetivos propios y capacidad de negociación para imponerlos a la sociedad. A diferencia de la derecha, que instrumentaliza su alianza con los militares sin importarle el costo de debilitar el control civil de la Defensa, una postura democrática no debe hacer deliberar a los militares, ellos deben dejar de ser un objeto de captura política.

En definitiva, la reforma planteada por el gobierno no elimina la perversión de la Ley del Cobre sino que, al contrario, la consolida estableciendo un mayor piso mínimo para la compra de material militar y minimizando la posibilidad de fiscalización del Congreso. La propuesta del gobierno demuestra que la derecha sigue apostando por “comprar” la lealtad militar y en la cesión de un amplio espacio de autonomía. A todas luces esto es una completa irracionalidad e irresponsabilidad para con el país, más aún cuando el gobierno aduce la falta de recursos para recortar diversos beneficios sociales. Esto demuestra que el peligro de un escaso control democrático de las FFAA no es solo la posibilidad del golpe de Estado, sino que también puede ser una excesiva carga económica que debilita necesarias políticas sociales, instauración de privilegios antidemocráticos, banalización de las instituciones de representación democrática, etc. La consolidación del control civil democrático exige empezar a pensar seriamente la transformación técnica, organizacional e ideológica de las FFAA, esta es la única forma real de romper esa alianza histórica entre la derecha y los militares.

[1] Para más detalles de estas críticas véase la columna de Augusto Varas “Fuerzas Armadas y Ley del Cobre: un misil bajo el poncho”