Nuevos episodios de grave contaminación en Puchuncaví y Quinteros producto de la actividad empresarial desregulada e irresponsable, que se suman a otros que vienen aconteciendo en distintos territorios y que son denunciados cada vez con mayor fuerza, han abierto una vez más el debate en torno dos realidades que no pueden seguir soslayándose: las zonas de sacrificio y las formas de desarrollo.

Respecto a lo primero, el Mapa de Conflictos Socioambientales elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra un total de 116 casos a lo largo de todo Chile; 38% de ellos vinculados a la generación de energía, 28% a la minería, 9% al saneamiento ambiental y 25% a otros sectores cuyas actividades producen una importante cantidad de externalidades negativas sobre la salud de las personas, el medio ambiente y en el acceso al agua. Los que lamentablemente siguen en aumento, concentrados muchas veces en una misma zona, como es el caso de Puchuncaví y Quinteros.

En cuanto a lo segundo, sin duda el tema de fondo y de alcance global, cabe destacar la agenda comprometida por los Estados en el seno de Naciones Unidas, que se materializa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con metas específicas al 2030. Señalar además que Chile cuenta desde hace un año con un Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos, para responder a sus obligaciones para con los Principios Rectores de la ONU en esta materia. Asimismo, que en la Asamblea General de este último organismo, se firmará en pocos días más un tratado vinculante sobre acceso a la información, a la justicia y la participación ciudadana en materias ambientales, el Acuerdo de Escazú, cuyas disposiciones constituyen nuevos estándares a ser incorporados en la evaluación, y lo que es aún más importante, en la autorización definitiva de proyectos este tipo.

El debate por tanto, y las respuestas a estos complejos escenarios, no puede centrarse solo en identificar a los responsables de la contaminación, menos siendo las sanciones tan deficientes en relación al impacto. Ni el gobierno puede eludir su responsabilidad frente a estos hechos, pues es deber del Estado –de acuerdo a los mencionados Principios, a tratados internacionales y a la propia Constitución– salvaguardar que no se vulnere nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sea esto provocado por empresas estatales o privadas, nacionales o extranjeras.

Tampoco puede continuar imponiéndose, con decisiones administrativas y marcos normativos dictatoriales, como son las leyes sectoriales, un tipo de “desarrollo” claramente en crisis y que está a la base de todos estos conflictos socioambientales derivados de la actividad empresarial; 32% de ellos emplazados en territorios indígenas de acuerdo al mapa del INDH, pueblos que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT –ratificado y vigente en Chile– tienen el derecho a definir su propio modelo de desarrollo.

Definir por lo mismo qué tipo de desarrollo se requiere para reemplazar al actual “modelo”, que constituye la raíz del problema, es una tarea urgente. Pero esta definición no puede ser resorte únicamente del gobierno o del parlamento, sino que fruto de un debate amplio y de composición diversa, que garantice e incluya la participación de las comunidades afectadas y de los pueblos indígenas. Y que este se enmarque o se produzca en paralelo a un proceso de cambio de la Constitución, interrumpido por la administración de Sebastián Piñera, ello bajo mecanismos democráticos y participativos, como han demostrado con éxito en la región y en otros continentes, ser los procesos constituyentes. Pues de lo que se trata, y he allí el desafío, de un cambio de paradigma y refundacional.

En este sentido, analizar el caso de Puchuncaví y Quinteros resulta ser muy ilustrador. En efecto, el “Parque” Industrial de Ventanas fue inaugurado en febrero de 1961, siendo presentado como un importante polo de desarrollo económico y una fuente significativa de trabajo, con dos empresas funcionando durante la primera década: la Refinería y Fundición Ventanas, de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), hoy en manos de Codelco, y la Central Termoeléctrica Ventanas de propiedad de Chilgener S.A., actual AES Gener S.A., de la cual forma parte la multinacional AES Corporation.

Sin embargo, en la actualidad son más 15 las empresas que operan en el sector –energéticas, de combustibles, químicas y cementeras–, configurando lo que hoy las autoridades y los medios de comunicación finalmente reconocen como una “zona de sacrificio”. Donde son las condiciones atmosféricas que hace más de medio siglo se dijo evitarían la concentración de sustancias nocivas, asumiendo que “se las llevaría el viento” costero, las que hoy le distribuyen sobre la población, originando muertes y enfermedades, muchas de ellas irreversibles.

Este desarrollo insostenible, es por tanto la verdadera causa a la que debemos hacer frente. Con autoridades con verdadera voluntad política y una sociedad que tome conciencia de la necesidad de un cambio de rumbo. Pues como afirmó un dirigente de Puchuncaví, “ya estamos cansados de las canchas de fútbol” y de medidas que no mitigan ni compensan. Es tiempo, por qué no, de pensar en sacar de allí todas esas industrias contaminantes, de lograr que los habitantes de Puchuncaví y Quinteros dejen de ser sacrificados, y que se construya en su lugar un verdadero Parque, uno de esos por donde corren los niños y se hace comunidad. Es lo mínimo que se puede hacer, luego de tanto daño causado.