Hace unas semanas fue aprobado en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que pretende normar el empleo de jóvenes estudiantes como una relación especial y particular en las relaciones de trabajo. Su foco es la flexibilización de las formas de contratación y despido, así como el despojo de los derechos laborales clásicos de un núcleo de trabajadores, caracterizados por su edad y su inserción dentro del sistema de educación superior.

Este nuevo instrumento, que hoy se somete a discusión en el Senado del congreso chileno, ha sido titulado Estatuto Laboral Juvenil, siendo una copia de políticas similares en materia de flexibilización laboral sin seguridad social, tales como el contrato primer empleo en Francia, o los arreglos especiales en EEUU. Estas instituciones tienen un carácter global, y son parte de las políticas neoliberales de nuevo tipo que, con la intervención de bloques empresariales y de la élite, buscan erosionar las formas de trabajo y la cultura de derechos sociales en pos de nuevas formas de extracción de la ganancia y generación de plusvalor.

En este contexto, el estatuto laboral joven es una nueva política de precarización del empleo. Pero, ¿qué significa esto en términos reales? El estatuto es una norma que pretende regular y flexibilizar de manera especial el trabajo de jóvenes que se encuentran cumpliendo con un plan de estudios en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado entre los 18 y 28 años.

Esta es una juventud particular. No es la juventud total del país, sino que son principalmente jóvenes que provienen de familias y contextos con condiciones socioeconómicas insuficientes para poder estudiar sin la generación de un ingreso extra al de las becas de mantención y de transferencia indirecta del estado. Son, en su mayoría, familias compuestas por trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, que con sus ingresos y salarios no pueden costearse la reproducción de la vida.

Este hecho no es menor, ya que señala como el estatuto se dirige a un sector específico de la población. Un sector que se encuentra vulnerable y en la indefensión, y que ve en la educación una posibilidad de movilidad social, sumado a su dependencia de los recursos aportados por el mismo estado a través de la transferencia condicionada de becas y bonos.

El proyecto de ley desarrolla un mecanismo de extorsión y chantaje a esta población específica: somete a estos jóvenes a este nuevo estatuto, ya que les permitiría acceder a la transferencia condicionada de dinero, y poder formalizar sus trabajos. Es cierto que muchos de los trabajos y empleos desarrollados por estos jóvenes se dan en la invisibilidad informal, pero ello es debido a la lógica de “esconder los ingresos para ser sujeto de beneficio”. ¿Qué estará mal en esta práctica?

Los criterios de condicionalidad de entrega de recursos en materia de educación fue uno de los iconos de la movilización estudiantil en 2011-2012. La movilización apuntaba a garantizar el derecho a la educación en Chile desmontando la mercantilización y la neoliberalización de la educación. Ello involucraba conquistar un acceso irrestricto a la educación superior para toda la población que quisiese estudiar en el país. Sin embargo, las fichas de hogares y otros instrumentos de vigilancia socioeconómica han seguido funcionando como expulsores y discriminadores en todas las instituciones de educación superior, en sincronía con la exigencia ministerial y gubernamental del sistema político de conjunto.

Este hecho, la discriminación legalizada, hace que la mayoría de quienes trabajan y estudian vean en el estatuto un beneficio: No es necesario volver a esconder los ingresos, ya que pueden obtenerse a través de este estatuto. El costo de asumir esta lógica es la pérdida de los derechos atribuidos al trabajo (fuero maternal, indemnizaciones, jornada, horas extras, etc.). ¿Importa perder derechos si puedo tener más dinero? Esta es la pregunta que el estado quiere contestar a nivel social, instalando un régimen de trabajo donde los trabajadores y trabajadoras no se entiendan como tales, sino que como máquinas de producir dinero y de competir por vivir su vida, segmentando y despojando a los y las trabajadoras asalariadas de su unidad como sujetos de derecho y de clase.

El estatuto laboral de seguro es y representa un arma de precarización, en el sentido que involucra, directa o indirectamente, una seria erosión a las formas de trabajo estables, seguras y protegidas del conjunto de la sociedad. Pero también, no es necesario olvidar, que esta política supone un sujeto para ejercer su legitimidad, y este sujeto hoy en día debe decidir entre convertirse en un instrumento de la extorsión excluyente del estado, o perseguir constituirse en un sujeto de derechos y garantías sociales.

Esta dicotomía no es nueva y propia del estatuto, ya que la hemos podido constatar en su emergencia y extensión en nuestra investigación como Grupo de estudios del Trabajo (GETSUR) titulada Cartografías de las precariedades del trabajo en la Macrozona sur de Chile (FONDECYT Regular No.1161347). La precariedad se vuelve un arma de segmentación, jerarquización y discriminación social. En esta investigación, con más 100 entrevistas a trabajadoras y trabajadores de tres regiones del país (Maule, Biobío y Araucanía), hemos podido constatar la falta y dificultades para la generación de una cultura basada en los derechos sociales y la seguridad social.

La precarización está acompañada del ejercicio de la institucionalidad (laboral, salud, previsional, etc.) y de prácticas de dominación (androcéntricas, clasistas, racistas y adulto-céntricas) que fuerzan la biografía y la trayectoria laboral de los trabajadores y trabajadoras (asalariadas y por cuenta propia). Esto se refleja en no tener una política de cuidado de sí mismas/os, a formas de subempleo, informalidad, intensificación de sus jornadas, etc., o a debilitar los lazos de asociatividad y de agenciamiento colectivo contra el ejercicio de la precarización e indefensión que enfrentan en el trabajo, teniendo impactos serios en su bienestar y calidad de vida.

Respecto a esto último, el carácter actual del estatuto es estratégico y sintomático para hacerse eco de este debilitamiento de la cultura de derechos sociales y de corrosión de la vida. El estatuto tiene un carácter estratégico, ya que es parte de una serie de políticas antisindicales, de flexibilización del trabajo y de vulneración de derechos consagrados, lo que apunta a una ofensiva de pretensión instituyente y de carácter inducida por parte del gobierno y el bloque más neoliberal de la sociedad con el objetivo de precarizar el trabajo y la vida. Y a la vez, el estatuto es sintomático de una sociedad neoliberal que se ha individualizado en función del consumo y la adquisición de mercancías en desmedro de la generación de instrumentos y políticas basadas en la solidaridad y la seguridad social colectiva.

Es hora de entender que la precarización puede volvernos sujetos y sujetas frágiles frente a amenazas que somos incapaces de visualizar en presente, pero que son parte de los problemas que involucrará vivir en una sociedad empobrecida, individualista y consumista en el presente-futuro. Varias sociedades y pueblos han enfrentado este tipo de problemas y han respondido desde sus particularidades históricas y culturales, desde su memoria y sus reservas éticas y humanistas. Es necesario que la sociedad chilena y sus pueblos, organizaciones sindicales, movimientos sociales y la sociedad civil, respondan con energía y habilidad, y con sus propias capacidades, diversidades, conocimientos y experiencias a estos ataques con el objeto de defender la sociedad: es necesario un movimiento social contra la precarización de la vida en el país.