El escándalo de financiamiento ilegal de partidos que sacude al oficialismo en Argentina, por la campaña de "donantes truchos" de Cambiemos, la coalición del presidente Mauricio Macri, sigue escalando. El Destape, el medio que reveló la exclusiva, consiguió el listado de afiliados al partido que preside la gobernadora de la Provincia y lo comparó con los falsos financistas de campaña. Luego de procesar los datos, corroboraron que hay más de 1.200 casos de aportantes fantasma que fueron identificados, apareciendo un 94% ellos como afiliados al PRO que preside María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Según el padrón oficial que entregó el PRO a la Cámara Nacional Electoral, de los primeros 1.200, 1.128 se encuentran afiliados a este partido. Otro de los datos relevantes es la enorme cantidad de aportes que hicieron: 4.511 personas realizaron 12.066 donaciones, es decir, más de tres aportes cada uno. En referencia a la afiliación política de cada uno de ellos, los afiliados al PRO aportaron 45 millones y medio de pesos argentinos (poco más de mil millones de pesos chilenos). En total, por ahora, se contabilizaron un total de 76 millones de pesos recaudados, casi dos mil millones de pesos chilenos.

La Justicia ya comprobó que el 99% de los primeros 200 casos señalados figuran empadronados en el partido de Vidal, por eso, tal como establece la propia ley de Financiamiento Electoral, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires podría enfrentar una inhabilitación para ocupar o ejercer cargos públicos por entre 6 meses y 10 años.

Además, el propio PRO podría la personería en Buenos Aires, dado que tiene un altísimo porcentaje de afiliados falsos. La investigación del caso reveló que el acceso a datos personales de los ciudadanos se hizo con apoyo de la maquinaria del Estado, ya que hubo un patrón por el que los nombres de personas de clase media fueron utilizadas para justificar aportes que rondaban entre los 20 y los 40 mil pesos (entre 480 mil y 960 mil pesos chilenos), mientras que las personas con menos recursos, beneficiarios de planes sociales, fueron incluidos con cifras más bajas, de entre 1.500 y 3.000 (entre 35.000 y 72.000 pesos chilenos). Según los responsables de las indagaciones, este desglose se hizo utilizando bases de datos como los que tienen en su poder la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además, para poder concretar las falsas donaciones, el partido debió falsificar la firma y los datos de los supuestos donantes para empadronarlos.

El caso ha copado el debate público en las últimas semanas hasta el punto que una organización ha puesto en marcha una aplicación informática para que cada ciudadano chequee si sus datos personales fueron utilizados para financiar ilegalmente a partidos políticos.

Después de varias semanas de silencio, la gobernadora María Eugenia Vidal ha empezado a reaccionar y decidió despedir a la contadora general y amiga personal, Fernanda Inza, a quien había designado hace solo una semana en el cargo.