El Gobierno anunció que ingresará al Congreso un proyecto denominado "Ley Humanitaria", argumentando un "profundo compromiso con los derechos humanos".

La iniciativa consiste en un cuerpo legal destinado a conmutar la pena de enfermos terminales o de edad avanzada, quienes padezcan alzhéimer o cuya permanencia en el recinto carcelario no contribuya a la reinserción o a los otros objetivos por los que los tribunales de justicia ordenaron su reclusión.

De esta manera, en lugar de un centro de detención, se sugerirá el arresto domiciliario total. Según explicaron desde La Moneda, se mantiene el castigo de privarlos de libertad, pero respetando el derecho "a tener una muerte digna".

El proyecto será visado en los próximos días por el presidente Sebastián Piñera, antes de que la Secretaría General de la Presidencia o el Ministerio de Justicia lo ingresen al Congreso Nacional. La iniciativa no hace distinción entre reos comunes y condenados por crímenes de lesa humanidad: esto, basándose en el criterio de que no se les remitirá la pena, sino que se les permitirá cumplirla en arresto domiciliario, junto a sus familias.

Además, no será el Presidente de la República ni el titular de Justicia los encargados de decidir quiénes serán los beneficiarios, debido a que no se trata de un indulto. El propósito es que lo resuelva un juez, bajo ciertos parámetros.

Fuentes sostuvieron a El Mercurio que "se trata de casos muy calificados, muy circunscritos, que en general tienen relación con enfermedades terminales debidamente acreditadas. Y que además permitan evitar toda posibilidad de reincidencia. Esa es una idea que han sustentado distintos sectores", asegurando que la conmutación de la pena no borra la responsabilidad penal.

La iniciativa provocará polémica en el Congreso, después de en que junio pasado, el presidente del Senado, Carlos Montes, asegurara que hay tres requisitos para aprobarla: la colaboración, el arrepentimiento y una certificación independiente del estado de salud de quien postula. Sin embargo, en términos generales, se opone a incluir a condenados por violaciones a los derechos humanos en estos beneficios.