Una investigación realizada por el periodista argentino Juan Amorín para el programa El Destape reveló un caso de presunto financiamiento ilegal de la coalición oficialista Cambiemos, del presidente Mauricio Macri. El trabajo periodístico destapó 476 casos (que hoy ya son más de 800) de personas que aparecen en los listados oficiales de donantes de Cambiemos para la campaña electoral de las elecciones legislativas de 2017 y aseguran que jamás han puesto ni un sólo peso en las campañas del oficialismo. "Entre ellos hay gente que no tiene recursos para ser aportantes, que no tienen luz, que sus hijos van a comedores", especificó Amorín. Y añadió: "Hubo falsificación de documentos públicos y de firmas para las afiliaciones" así como "robo y usurpación de identidad".

El reportero evidenció que para "financiar" las campañas de Cambiemos se habrían utilizado los nombres de personas de bajo recursos, a los cuales, además afiliaron al PRO, uno de los partidos de la coalición de derecha. A las primeras denuncias de gente anónima, se sumaron empresarios y ex candidatos y políticos vinculados a Cambiemos.

La denuncia por las elecciones legislativas de 2017 abrió la caja de Pandora que terminó rebosando de casos de "aportantes truchos" también para las elecciones presidenciales de 2015.

Es el caso de Martín Micucci, concejal de Cambiemos en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. “Me llamaron conocidos sobre aportes que había hecho. Me pasaron listas en las que figurábamos como aportantes y que provenían de la Cámara Nacional Electoral. Fue una sorpresa enorme porque esas listas eran para las PASO del 2015, cuando éramos pre-candidatos. Hicimos una investigación y nunca hicimos aportes ni para el 2015 ni para 2017”, confirmó el edil hace unos días.

Otro testimonio que salió a la luz fue el del ex precandidato a intendente de la localidad bonaerense de Mercedes, Hugo Valenzuela, quien postuló por el espacio político Mercedes Independiente Comunal (MIC) dentro de Cambiemos. Valenzuela negó que haya aportado dinero a pesar de figurar como financista por $32.000 (unos 760.000 pesos chilenos) para la campaña política de 2015, y adelantó que se presentará como querellante ante la Justicia Federal en la causa.

El juez federal Sebastián Casanello inició una investigación por la cual decidió citar a declarar a 50 personas como testigos, para confirmar si fueron donantes de la campaña electoral de Cambiemos o si utilizaron su nombre sin su conocimiento. El fiscal electoral Jorge Di Lello pidió informes a distintos organismos y puso en conocimiento de Casanello toda la documentación, de entre la cual destaca un informe de la Cámara Nacional Electoral que confirmó, en base a un muestreo de 100 casos de los presuntos donantes falsos, 99 figuran en los registros oficiales como afiliados al PRO. La investigación por delitos contra la Ley de Financiamiento Partidario, quedó a cargo del fiscal electoral Jorge Di Lello; y la de lavado de activos a manos del juez Sebastián Casanello.

Acusan al kirchnerismo

Ante el estallido del caso, hace unos días la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien además es presidenta del PRO bonaerense, uno de los miembros de Cambiemos, rompió el silencio que había guardado por más de 20 días y apuntó al kirchnerismo. “Es una denuncia del kirchnerismo y no importan de quién venga porque nos presentaremos y presentaremos todos los papeles", afirmó Vidal.

"Lo que es más importante es que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y deficiencias y por eso creemos que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no así tenemos las cuentas claras”, agregó la jefa del gobierno provincial.

La causa involucra a Vidal, pero también a los candidatos oficialistas que ganaron en la última elección legislativa.