Al aceptar el juez Daniel Aravena la eliminación del delito de cohecho, felices quedaron los empresarios financistas de la UDI. Los dueños de Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, no irán a la cárcel y sólo tendrán que pagar multa de $1.714.168.533.

El abogado defensor Julián López se lanzó en picada en contra de los ex fiscales Gajardo y Norambuena por haberse retirado del juicio y no haber defendido la imputación por el delito de cohecho en contra de los grandes empresarios de Penta. Con ellos a cargo de la investigación, exigían diez años de prisión contra los empresarios y contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner quien recibió su suculento sueldo de $3 millones pagados por Penta mientras era una autoridad de gobierno.

Pero con Abbott de fiscal jefe, Piñera presidente y con el fiscal Manuel Guerra -probablemente próximo fiscal nacional- las condiciones estaban reunidas para evitar la cárcel a los empresarios. Políticos y empresarios corruptos hacen yunta con fiscales condescendientes.

Los Penta boys fueron penalmente acusados por la presentación de "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda", entre otros delitos tributarios, y no por los pagos -$42 millones- que realizaron, entre marzo de 2010 y octubre de 2012, al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, mientras ejercía como funcionario público.

Se pidió para los Carlos de Penta “4 años de pena en libertad”, más multa.

Para justificar estos cambios la defensa de los propietarios de Penta y el fiscal a cargo del caso llegaron a un acuerdo para hacer un “juicio abreviado”. Para tal efecto se levantó primero el rumor jurídico que el cohecho y soborno son difíciles de probar. Y después se los eliminó.

Y sin cohecho ni soborno se esfumó la imputación de lavado de dinero contra Wagner. Y por lo mismo se marginó del caso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la ONG Ciudadano Inteligente. Carlos Gajardo, al respecto acaba declaró que la fiscalía actuó como “el perro del hortelano” y agregó: “Es un acuerdo muy perjudicial para los intereses de la persecución penal por delitos de corrupción en Chile. La fiscalía ha renunciado a perseguir el ilícito más grave que se investigaba en este caso, que es el de soborno al exsubsecretario (Pablo) Wagner y, por lo tanto, mi opinión sobre la forma en que se llegó al término es negativa”.

¿Quién cree ahora el cuento jurídico? Ahora tenemos que dudar que esos $42 millones no eran para que Carlos Lavín fuera nombrado en Codelco ni para levantar la minera Dominga.

Mejor, compremos el cuento del fiscal Guerra.