Desde hace casi un mes, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana se encuentran en toma, a la espera del postergado inicio del año académico 2018. El plazo ya se venció: las clases comenzarían el pasado 3 de julio, pero el plantel se encuentra sumido en una profunda crisis económica que llevará al cierre de la institución y deja en la incertidumbre a más de mil alumnos y alumnas.

El rector Héctor Jara asegura que el establecimiento arrastra una deuda que alcanza los 6 mil millones de pesos, mientras desde el Mineduc han entregado versiones contradictorias sobre el futuro de los universitarios. De hecho, hace unos días, el ministro Gerardo Varela les aseguró que seguirían sus estudios tutoriados por la Universidad de Talca, pero la misma institución se encargó de comunicarles que eso no se concretaría.

Por estos días, la desesperación asfixia a los estudiantes movilizados: "El proceso ha sido súper duro para todas nosotras. En general habemos más mujeres que hombres estudiando en la universidad. Yo soy mamá, tengo dos hijas, una de 15 y otra de 20 años", cuenta Paz Gajardo, presidentas de la Federación de Estudiantes de la U. Iberoamericana y vocera de la Confech.

La dirigenta relata que hay docentes que llevan un año sin sus sueldos y que ahora, cuando ya comenzó julio mientras las salas siguen vacías y en silencio, la situación comienza a empeorar. "No se pudo iniciar el año porque no se ha concretado la venta de los edificios, que es de donde se supone que va a salir dinero", explica.

Ahora, además de pelear por la continuidad de sus estudios, los universitarios buscan acercamientos con la Universidad de Santiago para un convenio que les permitiría seguir adelante con sus carreras. La oferta sería comenzar el semestre desfasado desde agosto próximo, pero aún faltan conversaciones.

"No vamos a permitir que un compañero se suicide"

Lejos de la atención mediática, las y los estudiantes de la U. Iberoamericana viven su propio calvario. Algunos compañeros llegaron producto de la crisis de la Universidad del Mar y volvieron a tropezar con la misma piedra: el lucro en la educación, que mantiene su salud a pesar de las reformas y de las buenas intenciones.

"Tenemos compañeras que se han intentado suicidar. No por la toma, pero la gente está en desesperación y nosotras entendemos eso. Son cinco años a la basura. Primero está la CNA (Comisión Nacional de Acreditación) que acredita a una universidad que cierra: porque nosotros estamos acreditados y cerrados", recuerda la presidenta de la Federación de Estudiantes.

Gracias a una gestión de la Feusach lograron contactar al rector Zolezzi y comenzar las conversaciones por un posible convenio, pero desde el Ministerio de Educación aún no se han pronunciado, pese a que la ley señala que en el caso de una universidad en crisis, los primeros acercamientos de continuidad de estudios deben hacerse con un plantel estatal. Desde el Mineduc, en cambio, fueron a intentarlo en la Universidad Santo Tomás y la búsqueda de acuerdos falló, porque la institución solo está acreditada por 3 años.

Al respecto, Stephanie Barrera, vicepresidenta de la Federación, asegura que no puede ser que la disputa de una familia con dinero implique el cierre de una universidad: "Siento que hemos sido muy violentados en cuanto a nuestros derechos. Si a mí el Estado me garantiza mediante el CNA que es una institución de calidad, yo le creo. Es como ir al supermercado y comprar un producto sin mirar la fecha de vencimiento".

Barrera asegura que ninguna autoridad se ha preocupado por el estado emocional de los estudiantes, que hoy lidian con problemas de tiempo y dinero, además de los proyectos inconclusos con sus propias familias: "Hay compañeras que han dejado de trabajar por seguir en la toma y otros están ad portas de renunciar. No es nuestro afán no es romper e ir con el anarquismo en la mano, nosotros queremos soluciones. Con pasividad, no lo hemos logrado. Hemos esperado un tiempo prudente y frente a ello me imagino que deben pensar que no importa, pero ya no más. No vamos a permitir que un compañero de nosotros se suicide".

"No seremos la última universidad que cae"

Desde la toma de la U. Iberoamericana, sus estudiantes aseguran que están en vilo por culpa de una riña familiar que se relaciona con los fundadores del plantel, los Cárdenas Narváez. Mientras los hermanos se disputan lo que queda del plantel, decididos a no invertir más, ellos esperan a la resolución del conflicto para el cierre oficial: "Es casi una teleserie ordinaria dentro de la educación chilena", apunta Paz Gajardo.

Las estudiantes movilizadas aseguran que lo ocurrido con la Universidad del Mar fue el primer proceso y luego vino Arcis, con marcado énfasis en la calidad. A diferencia, aseguran que la crisis del plantel es estrictamente económica: "Nuestra carrera está acreditada hasta octubre. El lavado de manos del presidente del CNA es terrible. Nunca fue a dar la cara a las comisiones de educación. Sabía que había un déficit y que no era viable", argumenta Barrera.

Hoy, al igual que cientos de universitarios desde hace años, se sienten estafados "por una familia que lucró y no se quiere hacer cargo. Tampoco vamos a bajar los brazos y vamos a firmar cualquier convenio", agregó la vicepresidenta, al cumplir 26 días en toma.

Ante la falta de respuestas del Mineduc, creen que el Gobierno apostará por el desgaste de la movilización: "Quieren una fuga de estudiantes, éramos 3500 matriculados en 2017 y hoy somos 1.100. No hay mayor interés. Las leyes siguen amparando a los estafadores, ahora la misma familia quieren comprar los edificios, que son 6 mil o 7 mil millones de pesos que ahora extrañamente tienen. No quieren perder lo poco y nada lo que les queda. El Estado los ampara y no piensa en nosotras, mujeres trabajadoras, sobreendeudadas con el CAE".

Incluso cuentan que las han llegado a cuestionar por haber elegido dicha universidad, como si fuera responsabilidad exclusiva de los estudiantes haberse matriculado en la institución, tanto en instancias de conversación como el Mineduc como en la Comisión de Educación: "Creen que nosotras tuvimos la culpa por haber elegido una universidad que el Estado permitió abrir hace 28 años atrás", añade Gajardo.

Para bajar la movilización, piden que se garantice la continuidad de estudios de sus compañeros y compañeras, además de los espacios físicos y los docentes para realizar el semestre. También buscan que sus futuros títulos especifiquen que fueron tutoriados por una nueva casa de estudios, como indemnización mínima por parte del Estado.

Stephanie pide que las autoridades, partiendo por el Ministro de Educación, sean más responsables a la hora de realizar anuncios sobre su futuro: "El ministro Varela dijo que hace dos semanas que íbamos a ser tutoriados por la Universidad de Talca, pero ellos amablemente nos hicieron llegar un comunicado para decir que no es así. Es irresponsable hablar de cosas que no corresponden". 

Por último, adelantan que "no seremos la última universidad que cae". Así lo recalca la presidenta de la Federación de Estudiantes: "Aquí no ha cambiado nada. No hemos cambiado la educación, no cambiamos el lucro, ni la sociedad en Chile. No vamos a ser los últimos, lamentablemente", cierra Gajardo.