Fue el domingo 8 de abril, en la clausura del cónclave programático de la UDI en Punta de Tralca. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó sin tapujos que "la mayoría de los jueces son de izquierda" y que el gobierno prepara un cambio para "netear" y "nombrar buenos jueces".

Esto provocó un crudo rechazo de parte de la Asociación Nacional de Magistrados, agrupación que reúne a jueces y juezas del país, quienes denunciaron ante la ONU al ministro Larraín por "amenazar la independencia del poder judicial y posible discriminación en futuros nombramientos por afiliación política".

La denuncia está patrocinada por el abogado Ciro Colombara y fue dirigida a Diego García-Sayán, alto comisionado de Naciones Unidas y relator especial sobre la independencia de magitrados.

El gremio de jueces, presidido por Álvaro Flores, solicita que el gobierno transparente sus proyectos de modificación al sistema de magistrados. "Existe una amenaza al principio de independencia judicial. No solamente con denostar a los jueces en ejercicio, lo más grave de esta obligación es que los próximos nombramientos serán motivados por la opinión política y no por los méritos", dicen en la denuncia.