Piñera barre con el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones a menos de un mes de la elección de sus miembros
El 8 de marzo del 2018, solo tres días antes del cambio de gobierno, el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, el órgano con representantes de la sociedad civil dependiente del Departamento de Extranjería, celebró un proceso electoral para sus 18 miembros.
Se trata de miembros de organizaciones de migrantes, ONGs y expertos sobre la materia, como Rodolfo Noriega (Comité de Refugiados Peruanos en Chile), Héctor Pujols (Comisión de Migrantes Blas Cañas), Karem Pérez (Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile) y el académico Luis Thayer, de la Universidad Central, entre otros.
Pese a que la elección fue para el período 2018-2019, el gobierno de Sebastián Piñera decidió ponerle fin al actual Consejo, el que no había sesionado desde su elección producto que desde el Departamento de Extranjería -dirigido por el ingeniero comercial Álvaro Bellollio, hermano del diputado Jaime Bellolio de la UDI- no había convocado a nuevas sesiones.
En un comunicado enviado a sus miembros el día de ayer, el mismo en que se conoció la propuesta migratoria del presidente Sebastián Piñera, el gobierno informó a los 18 integrantes que ya no seguirán en sus funciones.
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"Con el fin de generar una instancia que propicie la coordinación de todas las áreas de la Subsecretaría de Interior, es que se ha comenzado a trabajar en la generación de nuevos parámetros de conformación y funcionamiento para un Consejo Consultivo Nacional de esta Subsecretaría, con el fin de alinear de mejor manera esta instancia a la visión y objetivos estratégicos de todas las temáticas que aborda esta Subsecretaría", dice el documento.
Y continúa: "Efectuaremos una convocatoria abierta que permita iniciar una nueva etapa, basada en los principios de diversidad, pluralismo y representatividad, y que propicie el trabajo coordinado y eficiente de todas las dependencias de la Subsecretaría del Interior".
El Consejo Consultivo Nacional de Migraciones se constituyó en mayo de 2016, como respuesta a la Ley 20.500 de participación ciudadana.