Uno de los nombres que sonaba hace tiempo para llegar a los altos cargos del ministerio de Educación era el de Raúl Figueroa, abogado UC, académico de la Universidad de Desarrollo y director ejecutivo de Acción Educar, quien además fue jefe de asesores y jefe de la División Jurídica de dicha cartera durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Y pese a que para la primera línea el presidente electo optó por nombrar a Gerardo Varela –abogado, integrante de la Fundación Para el Progreso y quien no ha estado exento de polémica por sus columnas en las que se ha manifestado como un fiel creyente de la educación como un bien de mercado–, este miércoles se conoció que, finalmente, Figueroa asumirá como subsecretario de Educación.

El abogado no posee militancia conocida, pero fue el coordinador del programa educativo de Piñera, y desde sectores de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio Figueroa es visto como "lobbista" educativo. Y además ha llamado la atención por sus dichos en la prensa y por su calidad de columnista habitual en El Líbero, el espacio en el que confluyen figuras de derecha, los que ha utilizado para lanzar duras críticas a la reforma educacional que lideró Michelle Bachelet.

Críticas a la gratuidad, ley de Inclusión y reforma a la Educación Superior

"Insistir en la gratuidad universal como el aumentar el beneficio al 60% nos parece un error. La gratuidad no necesariamente garantiza mayor equidad”, dijo a El Dínamo en julio del año pasado, donde agregó que "la gratuidad universal es una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad. Además, restringe la autonomía y la diversidad del sistema".

En el mismo sentido, planteó como una "alternativa viable" a la gratuidad que "lo que corresponde hacer, entonces, es retomar la senda que trazaron Gobiernos anteriores y atender ciertos elementos que pueden mejorar el sistema de créditos estudiantiles".

En otro texto, criticó la ley de Inclusión –que eliminó la selección, lucro y copago en la educación básica y media– y escribió que ella "restringe las opciones que las familias tienen para elegir". Además, ante un reglamento que restringe la apertura de nuevos colegios que soliciten subvención estatal, afirmó que "lo anterior es mucho más grave en aquellos territorios donde no existen colegios municipales o subvencionados de buena calidad, pues condena a quienes viven ahí a no poder acceder nunca a nuevos proyectos educativos".

En cuanto a la reforma a la Educación Superior, Figueroa afirmó que “la ley está muy lejos de ser lo que el país necesita para el desarrollo". Y también tuvo palabras para una investigación del Ministerio de Educación respecto de 12 universidades privadas, luego de que un grupo de diputados denunciara eventuales incumplimientos de la ley que las obliga a organizarse como entidades sin fines de lucro.

"Las razones que la Fiscalía tuvo en consideración para archivar la investigación en contra de las universidades no son nuevas y estuvieron siempre presentes. Los fiscales, desde que tuvieron conocimiento de la causa, sabían que el delito de “lucro” no existe en nuestra legislación y que la forma en que jurídicamente las instituciones de educación superior se organizaron nunca ha estado prohibida", escribió.